Aunque seguimos sin Presupuestos Generales del Estado –y es más que previsible que no vean la luz, e incluso que no lleguen a presentarse, al … menos en el corto plazo–, el Gobierno da los primeros pasos para aprobar la oferta de empleo público para este año y mantuvo este lunes una primera reunión con los sindicatos de cara a negociar la cifra, al mismo tiempo que cierra un acuerdo con las principales organizaciones del colectivo que firmará este mismo viernes para implantar de manera definitiva la jornada de 35 horas desde abril (posiblemente tras la Semana Santa) para cerca de 250.000 funcionarios del Estado.
Pese a que el Ministerio de Función Pública no ha puesto encima de la mesa «datos concretos» –como señala UGT en una nota de prensa–, se puede deducir que el Ejecutivo baraja aprobar una oferta de al menos cerca de 27.000 plazas de funcionario, puesto que ha dejado caer que será «muy similar» a la de 2025, cuando se lanzaron un total de 26.899 puestos para la Administración General del Estado (AGE).
Así lo aseguró CSIF en un comunicado, en el que además señaló que el plazo que sopesa el ministerio para dar luz verde a más empleo público es abril. Sin embargo, la negociación continuará este próximo miércoles, cuando los sindicatos confían en que ya se presenten cifras concretas, e instaron al Gobierno a mejorar los números del año pasado. Así, CSIF reclamó superar la oferta de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna, y reforzar ámbitos especialmente deficitarios de personal, como son el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización de inmigrantes, puesto que recargará unos servicios que están ya al límite.
En esta misma línea, UGT exigió la creación de empleo neto después de años de recortes y reclamó agilizar los procesos selectivos para que se inicien en el mismo año de su publicación y se logre así reducir los plazos para resolverse. En este sentido, denunció que siguen pendientes de convocatoria un total de 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, lo que -advierten- «está repercutiendo negativamente tanto en la calidad del servicio público como en las expectativas del personal».
Años de retraso
A lo que ya se pondrá punto y final este viernes es al viejo compromiso de recuperar la jornada de 35 horas que se les eliminó tras la crisis económica de 2008 -por lo que llega con años de retraso- y que incluirá al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y educación, colectivos que inicialmente estaban excluidos, según explica CSIF.
Una vez se firme el acuerdo, el ministerio publicará la orden de instrucción en la que ordenará que se haga efectiva en un «plazo razonable», previsiblemente en unos pocos días, quizá ya para después de Semana Santa, según señala el sindicato, que, no obstante, precisa que la forma de aplicación se tendrá que negociar en cada ámbito en particular.
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