Eloísa y sus cinco hijos ya han abandonado la casa donde vivían desde hacía siete años. A las 11.30 horas de este lunes … se ejecutó el desahucio en la pedanía murciana de Sangonera la Verde. La comisión judicial acudió a la vivienda acompañada por una patrulla de la Policía Local de Murcia, los propietarios del inmueble y un cerrajero para levantar acta del lanzamiento y proceder al cambio de cerradura. El desalojo pone fin a largos días de negociaciones, gestiones y mediaciones para intentar encontrar una alternativa habitacional que finalmente no llegó. Eloísa ha conseguido una solución provisional de urgencia en una habitación en casa de una mujer donde podrá alojarse junto a sus hijos durante una semana. Después, su situación volverá a ser desconocida.
Su caso se remonta a hace siete años, cuando Eloísa, terapeuta de 30 años, entró a vivir en la casa con sus hijos. El contrato de alquiler no estaba a su nombre, sino al de sus padres, ya que en aquel momento no tenía nómina fija y ningún propietario aceptaba alquilarle directamente.
Todos esos años, el alquiler se pagó mensualmente, con normalidad, pero la relación familiar se deterioró y fueron sus propios padres quienes en febrero del año pasado firmaron con los propietarios la rescisión del contrato y la entrega de la posesión de la vivienda.
Desde ese momento, Eloísa quedó en una situación legal complicada, ya que vivía en la casa, pero sin contrato. Los propietarios iniciaron entonces el procedimiento de desahucio alegando que necesitaban la vivienda para uso propio. Eloísa no percibe un solo euro de la manutención mensual de mil euros que su expareja tiene que abonarle por los cinco niños de entre 4 y 12 años, algo que ha reclamado judicialmente.
Durante los últimos siete años ha trabajado para pagar los 400 euros mensuales del alquiler en empleos a media jornada para conciliar el cuidado de sus hijos, ya que no tiene ayuda de nadie de su entorno.
A pesar de ello, defiende que su problema no es económico, sino de acceso al mercado del alquiler. Asegura tener ahorros y cobra el ingreso mínimo vital con lo que puede hacer frente a un alquiler, pero nadie quiere alquilarle una vivienda por tener cinco hijos.
En los últimos días, había intentado encontrar una alternativa acudiendo a bancos, inmobiliarias, administraciones municipales y organizaciones sociales, pero sin éxito. La falta de viviendas de alquiler disponibles en la zona y los requisitos que exigen muchos propietarios han cerrado todas las opciones.
«Una paradoja»
En la puerta de la vivienda, tras ejecutarse el lanzamiento, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Paco Morote, junto al cura Joaquín Sánchez, calificaron la situación como una paradoja.
«Habéis sido testigos de una enorme paradoja. En nombre de la justicia se ha cometido una gran injusticia, que es dejar a una familia en la calle», señaló. «Esto pasa todos los días y los poderes públicos están incumpliendo el mandato del artículo 47 de la Constitución, que les obliga a adoptar medidas para que el derecho a la vivienda sea real».
Morote criticó especialmente la actuación de los servicios sociales, a los que acusó de no ofrecer una alternativa habitacional. «La respuesta fue responsabilizarla de todo, lejos de brindar cualquier alternativa o ayuda», afirmó.
La propia Eloísa explicó cuál fue la respuesta que recibió cuando acudió al Ayuntamiento. «Me dijeron que era mayor de edad, que tenía cinco niños a mi cargo y que era mi responsabilidad», relató tras abandonar la vivienda, visiblemente afectada.
La situación, sin embargo, no acaba con el desahucio. La solución actual vuelve a ser temporal y solo garantiza alojamiento durante una semana. Después, la familia tendrá que volver a buscar una alternativa. Desde la PAH advierten de que el problema sigue sin resolverse y piden a las administraciones regional y municipal que intervengan para ofrecer una solución habitacional a la familia.
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