El bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos por impago, dos de los principales instrumentos públicos de protección energética con que han … contado las familias vulnerables de la Región de Murcia en los últimos años, viven una semana decisiva para volver a sortear las dificultades de la aritmética parlamentaria que somete a fuertes tensiones al Gobierno de la Nación, lo que puede evitar que cerca de 37.000 familias vulnerables se vean en riesgo de interrupción del servicio, según un informe realizado por la empresa Papernest con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El fin del escudo social tras el rechazo del Congreso el pasado mes de febrero al decreto ley que articulaba y prorrogaba una batería actuaciones sociales como la garantía de suministro o los descuentos del bono social amenazaba con marcar un punto de inflexión para las familias en riesgo de pobreza o exclusión; sin embargo, el plan anticrisis planteado por el Ejecutivo central por la guerra de Irán, que publicó el pasado sábado el Boletín Oficial del Estado y que Moncloa confía ver aprobado por el Parlamento este jueves, recupera la red de seguridad en el acceso a la luz eléctrica.
Solo en los tres municipios más poblados, Murcia, Cartagena y Lorca, hay ya 35.900 hogares que dependen directamente de este apoyo para mantener un mínimo vital de suministro.
Cabe destacar que uno de los efectos del fracaso del ómnibus en el Congreso fue la reducción del importe que el bono eléctrico cubre en la factura de las familias más necesitadas, algo que finalmente no parece que vaya a ocurrir. Con el plan por la guerra de Irán se activan de nuevo las reducciones que se aplicaron en 2025, que son «del 42,5% para el consumidor vulnerable y del 57,5% para el vulnerable severo, según el decreto del Gobierno», que debe refrendar el Congreso este jueves día 26, explica Enrique Martínez, técnico de inclusión sociolaboral de la Fundación Salud y Comunidad, una de las entidades del tercer sector que prestan apoyo a estas familias en la Región y que forma parte de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Sin embargo, la consecuencia de mayor gravedad se concentraba en los hogares en situación de vulnerabilidad severa. En la Región, este grupo representa ya el 50,9% del total de beneficiarios del bono social, lo que equivale a 36.817 hogares en riesgo de exclusión energética que podían verse privados de suministro por no poder pagar las facturas, y que recuperan el blindaje legal. El bono social no solo supone una oportunidad para poder seguir afrontando el pago de los suministros básicos, sino también un factor de equilibrio en la economía doméstica de estos hogares, al permitir «que el ahorro energético se traduzca en un mayor margen para cubrir otras necesidades esenciales como la alimentación o el transporte», destaca el estudio.
Consultas de los beneficiarios
Varias de las familias que el año anterior se beneficiaron del bono eléctrico se han puesto en contacto en las últimas semanas con distintas organizaciones sociales para informarse sobre las consecuencias del fin del escudo social, aunque «todavía no se habían hecho efectivos los cambios. No han llegado a tener impacto porque no ha dado tiempo», explica Enrique Martínez.
En lo que no ha habido cambios es en la modificación de los criterios de acceso al bono, que ha dejado de ser automático para las familias numerosas y queda vinculado a umbrales de renta. En la Región, donde las familias numerosas representan el 33,6% de las beneficiarias, esto supone que 24.308 hogares dejen de tener garantizada la ayuda por su condición familiar y sean evaluados según criterios económicos.
Por otra parte, la división del plan por la guerra en dos decretos diferentes, tras las tensiones internas del Ejecutivo de PSOE y Sumar, aboca al rechazo de la Cámara la congelación de los precios en la renovación de los alquileres.
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Enlace de origen : El plan anticrisis devuelve el blindaje frente a cortes de luz por impago a 37.000 hogares murcianos
