La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, ha empezado a disfrutar del régimen de semilibertad que le permitirá abandonar la prisión de Martutene de lunes … a viernes después de que el Gobierno vasco le haya aplicado el artículo 100.2 del régimen penitenciario, tal y como desveló el sábado EL CORREO. ‘Anboto’ podrá salir de la cárcel para trabajar o ejercer labores de voluntariado.
El artículo 100.2 es una flexibilización de las condiciones del segundo grado, que es el régimen cerrado, y tiene ‘per se’ carácter excepcional. En teoría se emplea con algunos reos que no cumplen alguno de los requisitos para acceder al tercer grado, como el porcentaje de años de cumplimiento de pena o algún otro aspecto que se considera salvable.
El antecedente más reciente de concesión del 100.2 fue el del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, cuya salida de prisión -está también en Martutene-, de lunes a viernes, generó un gran revuelo a comienzos de febrero. La propia consejera, María Jesús San José, acudió a la cárcel donostiarra y admitió que «no puedo ni imaginarme el dolor de las víctimas», al tiempo que reconoció ser «consciente del dolor que genera las decisiones adoptadas en cumplimiento de la normativa penitenciaria».
Pareja de ‘Mikel Antza’
María Soledad Iparraguirre, ‘Marixol’, nació en Eskoriatza en 1961. Para 1985 ya estaba encuadrada en el ‘comando Araba’. Se le imputan más de una docena de asesinatos. Estuvo integrada en el ‘comando Madrid’ y en 1994 accedió a la jefatura de los comandos de la banda. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década mientras su pareja, Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, dirigía el aparato político. Tanto ‘Antza’ -en libertad desde hace años- como la propia ‘Anboto’ siguen bajo el foco de la Justicia por, supuestamente, haber ordenado varios asesinatos como miembros de la cúpula de la banda.
Iparraguirre acumula una larga lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel, aunque los límites de cumplimiento en España son muy inferiores. En 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra el entonces rey Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997.
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