Los trabajadores del centro de personas con discapacidad de Churra señalados por indicios de acoso laboral al director en una investigación interna del Instituto … Murciano de Acción Social (IMAS) ya han dado el primer paso en su batalla legal contra la Comunidad. En total, nueve trabajadores presentaron este martes una denuncia ante la Fiscalía contra el IMAS y su directora gerente por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
La decisión llega después de que la Comunidad decidiera elevar al Ministerio Público el informe del equipo multidisciplinar sobre el posible acoso laboral en el centro.
El núcleo de la denuncia de los trabajadores es la «inacción institucional» del IMAS, pese a conocer la «situación de grave deterioro de la salud de los trabajadores» en el centro desde hacía años. En este sentido, la denuncia remarca la existencia de un informe del Servicio de Prevención de 2019 que ya alertaba de una situación crítica. Un tercio de la plantilla presentaba sintomatología psiquiátrica clínicamente significativa, según la Escala de Salud de Goldberg, «más del doble de la prevalencia media en población trabajadora general»; casi la mitad de los trabajadores experimentaban «estrés vinculado causalmente a la insuficiencia de recursos», la mitad del personal «se había sentido humillado o vejado en el trabajo y el 38% reportaba mal ambiente laboral sistemático con impacto directo sobre su salud». «Pese a estos datos –señalan los representantes legales de los trabajadores–, el IMAS no adoptó ninguna medida de atención psicológica o psiquiátrica para los afectados».
También destaca la denuncia que la Administración «ignoró al menos 13 solicitudes formales de ampliación de plantilla entre 2021 y 2024, y ejecutó las escasas medidas preventivas previstas con retrasos de entre tres y siete años».
Por otra parte, expone que la resolución de febrero del IMAS en el expediente de acoso impuso «medidas gravosas a varios trabajadores basándose únicamente en que el acoso laboral no se descarta, expresión recogida del informe del Servicio de Prevención». «La mera no exclusión de una conducta no puede constituir prueba de cargo suficiente para restringir derechos», destaca el letrado de los trabajadores. Por último, recuerda que la resolución del IMAS fue adoptada sin incorporar ni valorar un segundo informe minoritario del equipo multidisciplinar, firmado por dos de los cinco integrantes, que eran «el jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del propio IMAS y una técnica de Prevención superior, los dos de mayor cualificación técnica».
Por ello solicita al Ministerio Fiscal que inicie una investigación para deteriminar si el IMAS pudo incurrir en los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores, y que le requiera el expediente administrativo completo, incluido el informe minoritario del equipo multidisciplinar, dos informes psicosociales realizados en 2015 y 2019, y todos los partes de incidencia del centro entre 2020 y 2024. Por otra parte, reclama que investigue la filtración del informe provisional en noviembre de 2025 y le reclama que adopte medidas cautelares para evitar la ejecución de la resolución impugnada mientras se realiza la investigación.
151 profesionales
Por su parte, la Consejería de Política Social destaca que el centro cuenta actualmente con una ratio de profesionales superior a la establecida en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de la Dependencia, con 151 trabajadores para atender a 70 residentes, y defiende la actuación tras el diagnóstico psicolaboral de 2019, con la implantación de «medidas orientadas a favorecer un buen clima laboral». Entre ellas, cita la definición de roles, funciones y tareas asignadas a cada colectivo profesional; la promoción de canales de comunicación adecuados para fomentar el apoyo entre los empleados públicos y sus superiores; la formación sobre riesgos psicosociales y habilidades en las relaciones interpersonales; la elaboración de un código de conducta hacia compañeros y usuarios ante los que la organización mostraría «tolerancia cero»; y la mejora de la coordinación de los trabajadores con la Dirección.
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Enlace de origen : Los trabajadores del centro de Churra investigados por acoso denuncian al IMAS por prevaricación
