Teresa Álvarez: «Espero que las administraciones den a la Ciudad de la Justicia la urgencia necesaria»

–¿Por qué se presentó al cargo de jueza decana?

–Me presenté al cargo de jueza decana en un momento de cambio organizativo, para intentar contribuir a una coordinación más estrecha entre quienes prestamos servicio en la Administración de Justicia. El balance de estos primeros meses es de mucho trabajo, de escucha constante y de contacto permanente con las distintas necesidades del partido judicial. He encontrado una gran implicación por parte de jueces y juezas, letrados y letradas de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios y funcionarias y resto de operadores jurídicos. Existe una clara voluntad de mejora, aunque también arrastramos déficits estructurales que no pueden resolverse solo con esfuerzo personal.

–¿Cuáles son los principales problemas que afectan al partido?

–Los principales problemas siguen siendo necesidades de espacio, dispersión de servicios, limitaciones materiales y una carga de trabajo muy elevada. A eso se suma un importante cambio organizativo y la necesidad de adaptarse a una litigiosidad cada vez más compleja. La Justicia funciona gracias al compromiso de sus profesionales, pero ese compromiso necesita acompañarse de inversión sostenida.

–¿Cuál es la situación en la jurisdicción civil?

–En la jurisdicción civil la situación exige una atención especial. Viene soportando años una entrada muy elevada de asuntos y, además, con procedimientos cada vez más técnicos y con más incidencia en la vida cotidiana del ciudadano. No son solo de pleitos patrimoniales; hablamos también de familia, de capacidad, de vivienda, de ejecuciones y de muchos conflictos con carga personal y social. Por eso cualquier demora se percibe con intensidad.

–¿Han solicitado refuerzos?

–Siempre que se detectan necesidades objetivas se trasladan a las instancias competentes las peticiones de refuerzo. El refuerzo, no obstante, debe entenderse como una medida útil, pero no siempre suficiente. Cuando el problema es estructural, además de refuerzos hacen falta plazas estables, una organización más eficiente y medios materiales adecuados. En esa línea, el TSJ ha venido defendiendo una ampliación relevante de la planta judicial.

–Hay asuntos de corrupción, medio ambiente y otros ámbitos cuya instrucción dura años. ¿Qué explicación ve a esta situación y qué soluciones plantearía?

–En los asuntos de especial complejidad, como puede ocurrir en materia de corrupción, medio ambiente o delincuencia económica, los tiempos de tramitación suelen ser largos por la propia naturaleza de las investigaciones. Son procedimientos con abundante documentación, pluralidad de investigados, informes periciales complejos, cooperación entre distintas administraciones y, en ocasiones, incidencias procesales y recursos que forman parte de las garantías del procedimiento. Eso no significa que la lentitud sea deseable. Al contrario, debemos aspirar a reducirla. Pero también conviene explicar a la ciudadanía que la complejidad y las garantías tienen un impacto real en los tiempos.

–¿Es necesario reforzar la plantilla de fiscales en Cartagena?

–Toda mejora que permita una respuesta más ágil y eficaz es positiva. La propia Fiscalía General del Estado ha reconocido recientemente la necesidad de seguir trabajando por un incremento de plazas en la Región.

–¿Cree que los fiscales deberían asumir más funciones?

–Esa es una cuestión de política legislativa y de diseño del sistema procesal. Lo importante, desde mi punto de vista, es que cualquier ampliación competencial venga acompañada de una dotación suficiente de medios personales y materiales, de una regulación clara y de las garantías necesarias.

–El proyecto de la Ciudad de la Justicia sigue sin despegar y parece que el Ayuntamiento y el Gobierno se pasan la pelota.

–Lo deseable es que las administraciones competentes avancen de forma coordinada y con la urgencia que la situación requiere. La Justicia de Cartagena necesita una solución estable y moderna. Confío en que pronto se vean los avances concretos. Nuestra posición institucional es de absoluto apoyo.

–¿Ahora mismo qué servicios están desplazados?

–Ahora mismo las secciones Social, Mercantil y Contencioso Administrativo no están en la sede principal del Tribunal de Instancia. Esto, sin duda, dificulta la coordinación, obliga a desplazamientos, complica la atención a profesionales y ciudadanos y resta eficiencia al funcionamiento ordinario. No es solo una cuestión de comodidad; afecta también a la organización y a la calidad del servicio.

–El verano pasado, los juzgados dieron problemas con la climatización, ¿teme que se repita el mismo problema este año?

–Es lógico que exista preocupación. Lo deseable es que las actuaciones preventivas y de mantenimiento se adopten con antelación para evitar que vuelva a repetirse una situación así. Estamos hablando de que la sede cuente con las condiciones para trabajar y para atender a quienes acuden. Es una cuestión que debe tomarse en serio y confiamos que la situación no se repita.