A las puertas de su ampliación, la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos-Islas Hormigas se ha quedado sin personal de … seguridad que custodie las aguas de este enclave de alto valor ecológico. El pasado 28 de febrero finalizó el contrato del servicio de guardapescas marítimo, y el Ministerio de Agricultura no tiene intención de renovarlo. A día de hoy, únicamente una embarcación con un patrón y un marinero recorre el perímetro, contratados por la empresa pública Tragsa, pero sin competencias para inspeccionar otros barcos o sancionar actividades ilegales.
La intención del Gobierno central de poner en marcha un nuevo modelo de vigilancia de estos espacios protegidos, donde el uso de herramientas tecnológicas va a tener más peso, ha conllevado el despido de dos guardas que controlaban las aguas exteriores, dependientes del Estado. La Comunidad se hace cargo de las aguas interiores, y de la nueva extensión de la reserva, que llegará hasta las calas y playas de Cabo de Palos.
El departamento del ministro Luis Planas optó por un recorte presupuestario el pasado año para cubrir estas tareas de vigilancia y hace escasos días publicó un real decreto para favorecer la digitalización de las actividades que se realicen en las reservas. Su intención es que ahora sean los funcionarios de la Inspección de Pesca Marítima del Estado quienes asuman esas funciones, ya que están habilitados para multar.
Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron ayer a este periódico que desde este mes es el personal de Tragsa el que «se ocupa de las labores de vigilancia»: «Son ellos los que comunican cualquier incidencia» a los inspectores vinculados al área de Pesca de la Delegación en la Región, y a la Consejería de Pesca si detectan irregularidades en aguas interiores.
«Ya no hay personal destinado exclusivamente a las funciones de inspección, identificación de personas y embarcaciones, y a levantar actas de sanción en Cabo de Palos», alertó este lunes Javier Vicente, responsable de Caza y Pesca de la Asociación de Guardas Rurales de la Región de Murcia, quien defendió que Tragsa no puede hacer funciones de vigilancia. Por ejemplo, «el personal que hay ahora mismo no está habilitado para pedir la identificación de las personas que aparecen en los listados de los clubes de buceo y que van a ejercer la actividad un día concreto», detalla el guarda.
Como avanzó LA VERDAD en noviembre, Cabo de Palos estaba en la lista de las reservas que se verían afectadas por los cambios que quería introducir el Ministerio, los cuales se materializaron hace un mes en este punto del litoral cartagenero. Agricultura alega que, «tras casi cuatro décadas de experiencia en la gestión de estas reservas, se ha identificado la necesidad de emprender un proceso de renovación y modernización del modelo de gestión, con el objetivo de garantizar su eficacia y sostenibilidad en el nuevo contexto tecnológico, normativo y operativo».
Estas palabras del ministro Planas fueron su respuesta a la carta enviada por 220 científicos de toda España, también de la Región de Murcia, quienes mostraron su malestar por la decisión de mermar los trabajos de conservación, y que estos pasen ahora a depender del servicio de Inspección de Pesca y del empleo de drones, cámaras térmicas y sensores.
Nueva carta al ministro Planas
En una nueva misiva, este grupo de investigadores expertos en conservación de la biodiversidad marina le señaló al ministro que «resulta completamente inviable reemplazar las labores y funciones de los guardas de las reservas por el cuerpo de inspección pesquera si se pretende mantener los estándares de vigilancia y las tareas asociadas que han imperado durante las últimas cuatro décadas». El sindicato Comisiones Obreras ya alertó de que la actual plantilla de inspectores en la Región hace imposible asumir esas nuevas funciones, una afirmación que también apoyó ayer Vicente.
El profesor José Antonio García Charton, coordinador del grupo de investigación de Ecología y Conservación Marina de la Universidad de Murcia (UMU), explicó a este periódico que solo las reservas con un «nivel de vigilancia muy alto» han conseguido éxitos claros en la lucha contra el furtivismo y la protección de especies marinas.
Estudios elaborados por el investigador tras los recortes en la vigilancia propiciados por la crisis económica hace más de 15 años mostraron un aumento de los problemas con la pesca ilegal: «Los peces, ante la mayor presión pesquera, se refugian a una mayor profundidad; si se confirma esto, va a ser un desastre».
Labor «esencial» para prevenir daños
El Ministerio quiere que las autorizaciones de actividad, los preavisos de entrada y salida de las reservas y las declaraciones de capturas se notifiquen vía electrónica a través de una aplicación. Tanto las embarcaciones de recreo como las profesionales están obligadas a tener dispositivos de localización GPS para su control satelital, pero los científicos cuestionan que este «seguimiento permitiría confirmar una infracción, no impedirla».
«La vigilancia disuasoria que realizan los guardas es esencial para prevenir daños en los ecosistemas y en los recursos pesqueros, y ello resulta inviable si se depende exclusivamente de la tecnología», subrayan, a lo que concluyen que «este cambio supone una gran merma en la calidad y efectividad de la vigilancia». Los mismos expertos alertan al ministro de que la reducción de embarcaciones, del personal de vigilancia y en la frecuencia de salidas para controlar las reservas ya ha generado un aumento de las incidencias en algunos espacios.
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