El juicio a tres miembros de la familia Fenoll relacionados con el antiguo vertedero de Proambiente en Abanilla, dos empresarios agrícolas y un exconcejal del … PP de Albatera por el enterramiento ilegal de medio millón de toneladas de basuras en trece fincas de cultivo de Abanilla y Orihuela entre los años 2005 y 2011 quedó visto para sentencia en la sede de Elche de la Audiencia Provincial de Alicante. La vista oral culminó con la petición del fiscal especial Anticorrupción, Pablo Romero, de condenar a cada uno de los acusados a seis años y un día de prisión por un delito contra el medio ambiente, en relación con la ley de Residuos, el pago de una multa de unos 9.000 euros y la inhabilitación especial para trabajar en la recogida y el tratamiento de residuos durante tres años y un día.
Son Francisco Fenoll Pérez, Ángel Javier Fenoll Pastor, Ángel Fenoll Campillo, Francisco Poveda Poveda, José Vera López y el exedil Francisco Javier Bru García, cuyas defensas reclamaron su libre absolución. El Ayuntamiento de Orihuela, que ejerce la acusación a través del abogado Federico Ros, se sumó a las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal. No fue juzgado el empresario Ángel Fenoll Pérez, expropietario de Proambiente, debido a una enfermedad neurodegenerativa.
Según confirmaron fuentes judiciales a LA VERDAD, el fiscal rebajó en dos años la pena de cárcel que solicitó al inicio de la vista oral, al apreciar la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos enjuiciados. Asimismo, el representante del Ministerio Fiscal solicitó al tribunal que imponga a los seis procesados la obligación de proceder a «la retirada y ulterior traslado por gestor autorizado de los residuos» sepultados en todas las parcelas. Además, asumirían el coste de «la restauración de los terrenos» con tierra vegetal. En las fincas, la Guardia Civil halló residuos sólidos domésticos y material sanitario (bolsas de sangre, jeringuillas y otros desechos).
Varios acusados, de espaldas, durante el juicio en Elche.
LV
Lixiviados y metales pesados
Si los investigados no repusieran los suelos, planteó el fiscal, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana deberían realizar las obras y pasarles la factura. La responsabilidad civil subsidiaria recaería en las mercantiles Agrícola Orihuela SL, titular de una parcela afectada en el paraje abanillero de Manfraque, SAT 974 Virgen del Camino, Ambiental Elements SL y Transformaciones Vera SL.
En el caso de la finca de Abanilla, el fiscal destacó que no consta un cálculo preciso de lo enterrado, pero que cuatro catas realizadas sobre 4.000 metros cuadrados desvelaron la existencia de «residuos urbanos en una profundidad de hasta 2 meros».
Conforme al criterio del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, de la Universidad de Valencia, el fiscal reclamó que en la fase de ejecución de sentencia se emitan dictámenes periciales que confronten los riesgos del mantenimiento de los residuos en cada finca con los que pudiera causar retirarlos, «de ser estos aún más graves».
Ello, por el riesgo de contaminación del acuífero, de las ramblas (competencia de la CHS), del aire, de la tierra y de los alimentos; y el peligro de «incendio y explosión» (no hay «toberas de ventilación»). Entre las amenazas al medio ambiente y la salud, están la emisión de CO2, amoniaco, sulfuros, benceno, clorometano, tolueno, acetona, cloruro de viniclo y clorobenceno.
Distintos expertos advirtieron sobre la grave contaminación de estas parcelas y de otras de terceras personas en La Murada (Orihuela), en su mayoría ocupadas ahora por bancales de limoneros y otros cítricos, debido a los lixiviados y a metales pesados (cromo, plomo, mercurio y níquel). Las defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas incriminatorias, vinculadas al ‘caso Brugal’ de corrupción en la gestión de las basuras en la Vega Baja alicantina. Y sostuvieron que no hay pruebas de la intervención de los acusados en los vertidos clandestinos.
El origen fue la denuncia de Ecologistas en Acción a Proambiente en 2010
Estos enterramientos de residuos tuvieron lugar mientras Proambiente tramitaba la autorización de la Comunidad Autónoma para ampliar el vertedero de Abanilla. Una denuncia de Ecologistas en Acción en el año 2010 destapó las irregularidades en la gestión de este depósito (por las que la Audiencia Provincial de Murcia condenó en 2023 al empresario Ramón Fenoll) y llevaron al Seprona de la Guardia Civil a localizar en las fincas agrícolas. Y fue clave la movilización del colectivo vecinal Vertivega en La Murada.
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Enlace de origen : El fiscal pide que los acusados de enterrar residuos en fincas agrícolas de Abanilla y Orihuela las restauren
