Un ciudadano de origen boliviano marca el teléfono de atención del Ayuntamiento de Archena para tramitar su empadronamiento en el municipio. Pese a que … la ley establece que los consistorios deben realizar esta gestión independientemente de la situación administrativa del interesado y en un plazo inferior a tres meses de forma gratuita, lo que encuentra es un muro administrativo y una negativa a gestionarle siquiera una cita.
–Lo siento, pero están todas las citas cubiertas –le dice la funcionaria que atiende la llamada.
–¿Cómo? ¿Y qué tengo que hacer entonces para poder empadronarme?
–Es imposible. Este año ya no se puede. Tienes que esperar a septiembre, cuando se abra la agenda, para apuntarte a la lista del año que viene– le asegura.
Otro ciudadano de la misma nacionalidad llama para preguntar los pasos que deben seguir unos compatriotas para realizar el trámite y obtiene idéntica respuesta.
–¿No hay alguna forma de que podamos hacerlo? –pregunta por teléfono a la trabajadora del consistorio archenero.
–No. La única manera es que se empadrone en otro sitio.
–¿En Archena ya no se puede?
–No, no. No hay hueco.
–¿Pero hay alternativas? Un chico lleva ya seis meses aquí y necesita empadronarse.
–Ya, le entiendo, pero ahora mismo está todo ocupado y hasta septiembre no abrimos la lista para el año que viene.
La situación, que los ciudadanos bolivianos deciden grabar, llevó el pasado año a IU-Verdes del municipio a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. La institución firmó una resolución el 27 de agosto de 2025 instando al Ayuntamiento a corregir de forma inmediata las deficiencias detectadas en su sistema de atención al ciudadano y recordándole la irregularidad que supone imponer «un obstáculo injustificado para el acceso de los vecinos a sus derechos fundamentales». El consistorio se justificó aludiendo al incremento poblacional y la falta de recursos humanos, pero la explicación resultó insuficiente para el Defensor del Pueblo, que le instó a habilitar los medios y el personal necesarios y a abrir la tramitación telemática, ya que actualmente solo se puede hacer presencial, y eso, unido a la saturación del sistema de cita previa, se traduce en un bloqueo de facto.
No se trata de una situación aislada. El pasado mes de marzo, el Defensor realizó la misma recomendación a Mazarrón, y diversas entidades de la sociedad civil y ONG señalan la generalización de comportamientos obstructivos en el acceso al padrón en la Región, que afectan de forma especial al colectivo migrante, que supone la violación de un derecho fundamental. Todos los ciudadanos tienen la obligación legal de empadronarse. Y ese deber es, a la vez, la puerta de entrada al ejercicio de derechos como el acceso a la tarjeta sanitaria, los servicios sociales y la escolarización de menores.
Prácticas obstructivas
El último informe de la Coordinadora Estatal ‘Padrón por derecho’, publicado en febrero de 2026, sitúa a la Región de Murcia como uno de los puntos negros de España en el incumplimiento de esta obligación legal y el florecimiento de mafias que mercantilizan el registro.
Un informe de la Coordinadora Estatal ‘Padrón por derecho’ sitúa a la Comunidad como uno de los territorios más afectados por estas redes
La investigación señala prácticas obstructivas detectadas en varios ayuntamientos de la Comunidad, entre los que cita a los de Lorca, Cartagena y Murcia, como la exigencia de contratos de alquiler o escrituras notariales, la denegación arbitraria de citas, la falta de intérpretes o el requerimiento de la intervención de la policía previa al alta, que alimentan un mercado negro donde se exigen pagos de entre 500 y los 3.000 euros a los inmigrantes para facilitar la gestión, como ha acreditado la Policía Nacional en alguna de las operaciones desarrolladas en los últimos dos años en la Comunidad.
Murcia Acoge subraya, además, otro giro que agrava el quebranto económico: la instauración de sistemas donde el padrón queda sujeto a renovaciones extorsivas: «Los mafiosos no se conforman con un pago único y amenazan a los inmigrantes con darles de baja si no vuelven a pagar cada cierto tiempo», explica Carlota García, abogada de la entidad.
Las ONG subrayan que este mercado negro que tratan de atajar los ayuntamientos y fuerzas policiales con la intensificación de controles a inmuebles y redadas periódicas, no existiría si el trámite se realizara con la diligencia que exige la ley. «El primer problema es conseguir la cita», denuncia el presidente de la asociación de senegaleses, Aziz Diouf. «Después encuentras dificultades injustificadas, que muchas veces dependen del funcionario que te toca. Hay algunos que te exigen cosas para ponértelo difícil, mientras ves que un español llega y lo consigue fácilmente. El problema está con el extranjero».
«Venimos denunciando estos obstáculos desde hace muchos años», señala Ángela López, coordinadora del Programa Oblatas Murcia. «Encontramos directamente una política de puertas cerradas en muchos ayuntamientos».
Una mujer de origen ecuatoriano relata a LA VERDAD el bloqueo sufrido por una familiar suya en el Ayuntamiento de San Javier. Las argumentaciones cambian respecto a Archena; el resultado, no. «Estaba ya tres meses esperando, y seguían haciendo que fuera cada dos por tres. Le decían que les tenía que llegar una autorización desde Murcia que todavía no habían recibido y que volviera más adelante». Esta mujer, conocedora del procedimiento por su trabajo en una de las asociaciones que trabajan brindando ayuda a migrantes, tuvo que intervenir para que el Consistorio depusiera su actitud. «Llamé al teléfono de reclamaciones de la Comunidad Autónoma exigiendo el cumplimiento de la ley y diez minutos después, me llamaron diciendo que ya había llegado la autorización».
Pero la mayoría de afectados no cuentan con este tipo de apoyos, lo que los empuja a un circuito ilegal donde se comercia con contratos de alquiler a través de camas en pisos patera, la falsificación de documentos o aprovechando la desesperación para actuar como gestores de un trámite que no debería tener coste.
Una barrera contra el BOE
«Es una denuncia constante entre las asociaciones de la Región», afirma Juan Guirado, portavoz de Convivir Sin Racismo en la Región. «Nos preocupa que se use el padrón para limitar derechos. Incluso recientemente la Comunidad realizó una modificación de la ley de parejas de hecho el pasado año para exigir que ambas personas que quieran inscribir su relación estén empadronadas».
«Yo tuve que intervenir en San Javier porque estaban intentando cobrar una tasa a una mujer por empadronarse. Fui a recordarles que eso es ilegal», cuenta la trabajadora social de Oblatas Marian Sánchez. «Hemos tenido que ir muchas veces a los ayuntamientos con el BOE debajo del brazo. Si una persona no puede acreditar la residencia con un contrato de alquiler, puede hacerlo por otras vías, y si no, los servicios municipales pueden hacer un informe de que vive en un determinado domicilio. Pero eso no se cumple. En Lorca me ha pasado; recuerdo ir con el BOE y que la respuesta sea: ‘Si me dieran un euro por cada vez que me enseñan el BOE…’».
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Los temporeros en situación de infravivienda, los más vulnerables
La exigencia de documentos innecesarios para tramitar el padrón resulta especialmente dañina para los trabajadores agrarios de la Región de Murcia. La temporalidad de las campañas de la lechuga, el melón o la fruta de hueso, y la movilidad constante que provocan, impiden a miles de jornaleros acceder a contratos de alquiler estables.
Además, el informe de la Coordinadora Estatal ‘Padrón por derecho’ señala la precariedad residencial de estos trabajadores del campo. «En las periferias de Murcia y zonas rurales de Lorca se identifican barrancones y naves agrícolas habitadas sin condiciones mínimas ni cédula de habitabilidad. La inexistencia de direcciones registradas impide el empadronamiento y deja a sus habitantes fuera del radar de servicios sociales y de inspección laboral», señala el documento.
La barrera idiomática, además, agrava esta invisibilidad administrativa. El informe denuncia que, en la Región, solo el Ayuntamiento de Murcia ofrece folletos informativos en árabe y francés, mientras que en las pedanías agrícolas, donde más población puede requerirla, los impresos se entregan exclusivamente en castellano, dejando a los solicitantes a merced de mediadores informales y las redes de cobro.
Las consecuencias de este bloqueo administrativo son múltiples, apunta el informe. Por un lado, los retrasos para entrar en el censo bloquean el acceso de los migrantes a la regularización por la vía del arraigo social, ya que el padrón es la prueba esencial que exige la ley de Extranjería para acreditar el plazo de residencia continuada necesaria para regularizar su situación. Pero también hay un perjuicio para las arcas públicas de los propios municipios. El informe advierte de que la infradeclaración poblacional «distorsiona las estadísticas oficiales», lo que provoca que los ayuntamientos reciban menos financiación estatal de la que objetivamente requieren para atender a su población real. Esto genera un déficit crónico en servicios básicos como la educación y el transporte, que se dimensionan por debajo de las necesidades reales.
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Enlace de origen : Las ONG denuncian cobros de hasta 3.000 euros en el mercado negro del padrón en la Región
