El 55% de los autónomos de la Región de Murcia que cierran un negocio no cobran la prestación

Este caso no es excepcional. De hecho, el 55% de los autónomos de la Región de Murcia que cierra un negocio no cobra después la prestación por cese de actividad. Así lo atestiguan los datos que maneja la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La última estadística oficial existente es relativa a 2025. Hasta diciembre se presentaron en la Comunidad 442 solicitudes para el cobro de esta prestación, conocida como el ‘paro de los autónomos’. 240 expedientes fueron denegados por los 202 que sí reconocieron en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La Comunidad es la décima región del país con mayor índice de solicitudes negativas. La Comunidad Valenciana también cuenta con un 55% de solicitudes que no llegan a concretarse.

El top nacional lo encabeza Melilla, donde se denegaron el 79% de las prestaciones planteadas. Le sigue Canarias, con el 74%. También acumulan más negativas que la Comunidad Baleares (71%), Madrid (69%), Castilla-La Mancha (66%), Andalucía (62%), Extremadura (58%), Cataluña (57%) y País Vasco (56%). Por contra, presentan un volumen de solicitudes negativas menor que la Región Aragón y Castilla y León, con el 53%, Cantabria (51%), Asturias (50%), Galicia (47%), Navarra (44%) y La Rioja (38%).

En el contexto nacional los autónomos presentaron el año pasado 15.613 solicitudes de prestación por cese de actividad. De ellas, el 60%, 9.262, fueron denegadas. Por lo tanto, la media del país es cinco puntos superior a la de la Región. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, indica a LA VERDAD que «los datos evidencian que el sistema no funciona porque deja tirados en la cuneta a los autónomos cuando más ayuda necesitan». En su opinión, «se nos considera a priori unos defraudadores». Por ello, aboga por «depurar» el actual sistema y demanda «voluntad política» para ello, apuntando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz.

Declaración jurada

El principal cambio que demanda el sector es que para el cobro de la prestación baste con la presentación de una declaración jurada por parte del interesado que indique que el cese de la actividad se ha debido a razones involuntarias al autónomo y que «sea la Administración quien realice las pesquisas y averiguaciones pertinentes, ya que existen mecanismos suficientes como para que la Agencia Tributaria haga aflorar los posibles fraudes que se produzcan», explica Eduardo Abad, quien resume que «lo justo es que se dé por cierto lo que dicen los autónomos. Ahora pasa justo lo contrario. La Administración recibe de primeras al autónomo como si fuera un defraudador».

Al respecto, recuerda que «la prestación por cese de actividad es un derecho, un colchón social, no una carga». Asimismo, afirma que esta ayuda «evitó en la pandemia de la Covid el cierre del 60% de los negocios de la Región».

Uno de los casos más flagrantes que apuntan desde UPTA es cuando un autónomo trabaja para una única empresa y esta deja de contar con él. Al respecto, Eduardo Abad señala que «no existe un documento que refleje el cese de la actividad porque el trabajador no tiene contrato».

Por ello, considera una anomalía que la Seguridad Social exija para el cobro de la prestación «la presentación de la finalización de un contrato que no existe para los autónomos». Abad explica que la única salida es «interponer un recurso contencioso-administrativo con la incomodidad que supone para el trabajador tener que afrontar un proceso judicial mientras ha dejado de tener ingresos».

Marcos Mompeán pone rostro a una situación como la descrita por Eduardo Abad. Es autónomo y trabajó durante una década para una empresa de transportes completando rutas nacionales. «Viví unos buenos años. Solo trabajaba para ellos, pero la situación económica de la mercantil empeoró y prescindieron de mis servicios», detalla. Lamenta que «de un plumazo me quedé sin ingresos y no me dieron la ayuda porque no pude acreditar que solo trabajaba para un cliente. Se pasa mal y es muy duro». Eduardo Abad sentencia que «no se puede justificar lo que es injustificable».

Asimismo, el presidente de UPTA señala otra situación «irritante». Se refiere a cuando a los autónomos que están en régimen de estimación directa, por ejemplo, el que regenta una tienda de ultramarinos de pequeñas dimensiones, se le obliga a «tener que probar que su facturación ha bajado». Ante estos casos, Abad recuerda que los trabajadores por cuenta propia «no tienen obligación de emitir facturas ni de registrarlas, por lo que no tienen forma documental de acreditar las mermas que haya sufrido su facturación. Es muy difícil en estos casos probar que los ingresos han caído». Desde UPTA apuntan que «nadie cierra por voluntad propia si su negocio funciona bien».