El kit para conductores con discapacidad que la diputada Sonia Ruiz pide homologar

Fue precisamente durante una competición cuando conoció la existencia de un kit portátil que permite adaptar los vehículos para personas con discapacidad. Lo llevaba «un deportista francés», cuenta Ruiz. Se trata de «un sistema de anclaje a los pedales del acelerador y del freno» que se instala y retira «en minutos, sin necesidad de herramientas complejas o modificaciones permanentes». Con este dispositivo, el conductor puede controlar desde el volante tanto el freno como el acelerador. «Su colocación es simple y sencilla», resume la diputada.

Sin embargo, este kit removible no está homologado en España, algo que Sonia Ruiz quiere cambiar. «Un sistema portátil de este tipo es muy útil, porque ahora, cuando se te estropea el coche, te quedas sin movilidad. Yo tuve hace poco un pinchazo y estuve un par de días pendiente de que me llevase la familia», relata la deportista. Con este kit, «podría también alquilar un vehículo cuando me voy de vacaciones».

No se trata, en definitiva, de sustituir los actuales coches adaptados por este sistema, sino de un complemento «que suma» y puede dar respuesta a determinadas situaciones. Por eso, la diputada Ruiz ha impulsado una moción en la Asamblea Regional para instar al Gobierno regional a que, «a su vez, solicite al Gobierno de la Nación llevar a cabo los cambios normativos necesarios para la homologación de kits removibles para adaptaciones de vehículos con movilidad reducida».

La diputada Ruiz espera que la iniciativa permita abrir el debate. «España debería tomar ejemplo de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Noruega y Reino Unido, entre otros, donde existen equipos universales extraíbles homologados que permiten conducir de manera segura», asegura.

«Derribemos obstáculos para que las personas con discapacidad participen de manera más igualitaria en la sociedad accediendo a un trabajo, a la educación y al ocio sin depender de terceros o del transporte público limitado», subraya.

En su moción, el PP señala que «las personas con movilidad reducida conductoras se encuentran en un laberinto burocrático en la homologación de sus vehículos». Cualquier modificación, «ya sea un simple pomo del volante o el rebaje del suelo, es considerado por la ley como ‘reforma de importancia’, lo que requiere una triple documentación para considerarse legal: el informe del fabricante, el certificado del taller instalador y, en muchos casos, un proyecto técnico firmado por un ingeniero. Además, una vez hecha la obra, tienen un plazo escaso de tiempo para pasar una revisión específica».

Sonia Ruiz recuerda que, además, todo esto supone un coste para el usuario. Aunque muchos se puedan acoger a algún tipo de ayuda, un coche eléctrico que permita conducir sin el continuo cambio de marchas ya resulta, de entrada, más caro.

El PP explica que, en España, «adaptar un vehículo para que lo conduzca una persona con movilidad reducida suele costar desde unos 1.000 euros hasta 4.000 si la adaptación es básica de conducción. Además, no es solo el aparato: la reforma debe quedar homologada y reflejada en la documentación». La DGT exige que, «si la discapacidad afecta a la conducción, se pase por un Centro de Reconocimiento y, en su caso, por Tráfico para fijar las adaptaciones que deben constar en el permiso».

«Encima, una vez hecho lo anterior, el vehículo no se puede vender ni transferir en un plazo de cuatro años, lo que genera un nuevo problema en el caso de que las necesidades de la persona con discapacidad cambien y se necesiten una nueva adaptación sobrevenida», advierte Ruiz.