Antonio González: «El nuevo decreto puede acabar con las diferencias entre policías locales»

–¿Qué cambia realmente con el nuevo decreto que está elaborando la Comunidad respecto a la situación actual de las policías locales en la Región?

–Lo más relevante no es solo la incorporación de nuevos medios, sino que por primera vez se pretende regular de forma clara y homogénea qué medios técnicos pueden tener las policías locales y en qué condiciones deben utilizarse. Hasta ahora existía una situación muy desigual entre municipios, con criterios distintos según cada ayuntamiento. El decreto puede servir para dar seguridad jurídica tanto a los agentes como a las administraciones y para adaptar los medios a la realidad actual del trabajo policial.

–¿Qué aportaciones ha hecho la asociación al texto?

–La asociación ha trabajado sobre todo en trasladar la experiencia real de los mandos policiales. Las aportaciones se han centrado en cuestiones prácticas, que los medios estén regulados con criterios claros, que se garantice la formación previa y que no se genere desigualdad entre municipios. No se trata de pedir más medios sin más, sino de que los que se autoricen sean útiles, proporcionados y estén bien regulados.

–Una de sus propuestas es homogeneizar los medios técnicos entre municipios. ¿Existen ahora grandes diferencias entre policías locales de la Región?

–Sí, existen diferencias importantes. Hay ayuntamientos con plantillas grandes y con más recursos que pueden dotar a sus agentes de determinados medios, mientras que otros municipios pequeños no tienen esa capacidad. Eso provoca que el trabajo policial no sea igual en toda la Región, a pesar de que las funciones básicas son las mismas.

–¿Puede ocurrir que dos agentes que realizan funciones similares tengan medios distintos según dónde trabajen?

–Puede ocurrir y, de hecho, ocurre. Un agente puede enfrentarse a una intervención similar en dos municipios distintos y contar con medios muy diferentes. Eso no solo afecta al trabajo policial, sino también a la seguridad del propio agente y a la calidad del servicio que recibe el ciudadano.

–¿Qué problemas genera esa falta de criterios en el día a día?

–Genera inseguridad jurídica y también operativa. Cuando no hay criterios claros, cada ayuntamiento actúa de una manera distinta y el agente no siempre tiene claro qué medios puede utilizar o en qué condiciones. Además, complica la coordinación entre cuerpos cuando hay actuaciones conjuntas.

–El decreto permitirá que algunos ayuntamientos doten a sus agentes de táser o dispositivos JPX. ¿Considera que estos medios son necesarios?

–La necesidad no debe plantearse como una cuestión general, sino en función de la realidad del servicio. Hoy las Policías Locales intervienen cada vez más en situaciones complejas, conflictos violentos, personas alteradas o intervenciones en las que hay riesgo para el agente. En ese contexto, disponer de medios intermedios puede ser útil siempre que su uso esté muy bien regulado y se utilicen como alternativa a medios más lesivos.

–¿En qué situaciones concretas cree que estos dispositivos pueden marcar la diferencia?

–Principalmente en intervenciones con personas violentas o en las que existe un riesgo real para el agente o para terceros. También pueden ser útiles cuando hay que reducir a una persona sin recurrir a medios más agresivos. La clave es que se utilicen como un recurso excepcional y no como una herramienta habitual.

–También se contempla el uso de armas largas en unidades especiales de seguridad ciudadana. ¿En qué municipios cree que podrían implantarse?

–No es algo que pueda aplicarse de forma general en toda la Región, sino únicamente donde exista una necesidad real y una estructura policial que lo permita.

–¿Existe riesgo de que estos nuevos medios generen polémica social o malentendidos sobre el papel de la policía local?

–Siempre que se habla de nuevos medios policiales puede haber debate social. Por eso es importante explicar bien para qué sirven y en qué situaciones se utilizarían. La policía local no pretende sustituir a otros cuerpos ni aumentar su capacidad coercitiva, sino trabajar con medios adecuados a la realidad actual.

–¿Qué garantías deben existir para que el uso de estos dispositivos sea proporcional y seguro?

–La garantía principal es la formación obligatoria y específica. Además, debe existir un protocolo claro de uso, control administrativo y una regulación que establezca en qué situaciones se pueden utilizar. Sin esas garantías, no tendría sentido incorporarlos.

–¿Qué tipo de formación debería ser obligatoria antes de que un agente utilice dispositivos como una táser?

–Una formación específica, tanto teórica como práctica, y con reciclaje periódico. No basta con un curso puntual. Debe incluir aspectos legales, técnicos y operativos, además de protocolos claros de actuación.

–¿Cree que todos los municipios tienen capacidad para asumir esa formación o hará falta apoyo regional?

–Es evidente que no todos tienen la misma capacidad. Por eso es necesario que exista apoyo a nivel regional para garantizar que la formación sea homogénea y accesible para todos los cuerpos.

–¿Cuáles son hoy los principales retos en la Región?

–El principal reto es adaptarse a una realidad cada vez más compleja. Las Policías Locales no solo se dedican al tráfico o a funciones administrativas, sino que intervienen más en situaciones de seguridad ciudadana, conflictos sociales y problemas de convivencia.

–¿Están las policías locales cada vez más implicadas en estas cuestiones?

–Sí, y es una realidad que se ha ido consolidando con el tiempo. La Policía Local es el cuerpo más cercano al ciudadano y eso hace que muchas intervenciones recaigan directamente en ella.