La proposición de ley del Partido Popular que plantea poner multas de hasta 45.000 euros a los agresores del personal sanitario comenzará su tramitación … en la Asamblea Regional de Murcia la próxima semana. Lo hará con su toma en consideración en el pleno de impulso a la acción de gobierno fijado para ese día. Así ha sido decidido en la Junta de Portavoces celebrada este jueves en Cartagena para ordenar la actividad parlamentaria prevista a partir del próximo lunes, tras el parón de quince días por la Semana Santa y las Fiestas de Primavera de Murcia.
La iniciativa, que el PP pretende tramitar por la vía de urgencia (a término fijo, para acelerar su tramitación), consta de una exposición de motivos, seis artículos y una disposición final. La tramitación de urgencia ha sido apoyada por todos los grupos políticos, según informaron sus promotores, por lo que se espera que quede aprobada definitivamente por unanimidad el próximo 27 de mayo, si no hay contratiempos.
De salir adelante, como está previsto, la Región de Murcia será la quinta autonomía (junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana) que ofrezca a la Consejería de Salud una herramienta para sancionar administrativamente las agresiones a sanitarios. La norma fijará los mecanismos para poner multas y cambiar de centro de salud o de médico asignado, «en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados», a aquellos individuos que cuenten con antecedentes violentos o que hayan mostrado hostilidad para el personal del servicio sanitario.
El texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular divide las infracciones en leves, graves y muy graves. Cada una lleva asociada la sanción económica proporcional, divididas por el grado de gravedad. Influirán circunstancias como la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, el incumplimiento de requerimientos y advertencias previas así como la reiteración de la conducta violenta. Las infracciones leves (faltas de consideración, trato insultante o despreciativo) se multarán con un mínimo de 300 euros y un máximo de 3.005 euros. Las graves (faltas de consideración reiteradas, coacciones, amenazas leves o trato denigrante al personal sanitario) conllevan sanciones de entre 3.005 y 15.025,3 euros, mientras que las muy graves (resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión o violencia) se penalizan dentro de la horquilla de entre los 15.025,3 y los 45.001 euros.
Los expedientes serán abiertos de oficio por la dirección de la gerencia del área de salud donde ocurra la agresión, previa denuncia del profesional sanitario o del personal que atiende a los usuarios. La imposición de la sanción corresponderá al secretario general de la Consejería de Salud, en los casos leves y graves, y al propio consejero, en los muy graves.
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