El Tribunal de Cuentas advierte a Cultura por el abuso de contratos menores

En el documento, que analiza las cuentas públicas sobre la actividad de las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio en el ámbito cultural, donde además de Murcia se encuentran Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla, el Tribunal reprueba a la Región también por retrasos en la ejecución de infraestructuras y deficiencias en la remisión de información.

En concreto, el órgano fiscalizador señala que la Región de Murcia es la comunidad de las analizadas que más recurrió en ese ejercicio a los contratos menores dentro del ámbito cultural. Mientras que en La Rioja, el porcentaje del importe total destinado a contratación que se repartió ‘a dedo’ alcanzó el 29,5%; en la Región de Murcia, este se elevó al 67%, entre la Consejería y sus entidades dependientes. Pero en el caso de los contratos gestionados directamente por la Consejería, la proporción se disparó hasta el 75%, es decir, tres de cada cuatro euros. Más de 4 millones de euros de los 5,34 millones contratados en total.

En conjunto, la Consejería y sus entidades dependientes celebraron 2.087 contratos menores por un importe total de 5.000.331 euros, dentro de un total de 2.101 contratos formalizados en 2022: 1.140 contratos menores correspondieron a la Consejería, 701 al Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, 244 a la Fundación Orquesta Sinfónica y dos a la Fundación Teatro Romano de Cartagena.

Los hechos más destacados detectados por el Tribunal se refieren a la contratación de servicios recurrentes que deberían haberse prestado por concurso público. Por un lado, apunta a la vigilancia de los museos, donde Cultura pagó 1.426.462 euros a través de contratos menores concatenados mes a mes para cubrir la seguridad de 8 museos regionales, así como el suministro de electricidad por valor de 520.583 euros.

El Tribunal examinó 201 contratos menores por importe de 1.732.718 euros, 177 de la Consejería. De ellos, 93 tuvieron por objeto pagar la vigilancia de museos de titularidad autonómica, y en 84 de ellos, el único informe justificativo era un texto genérico que aludía a la espera del Acuerdo Marco de Seguridad de la Administración, que finalmente se adjudicó el 15 de julio de 2022, aunque la prestación no arrancó hasta enero de 2023.

El Tribunal advierte de que «aunque cada contrato de forma individualizada no supera el umbral de 15.000 euros señalado por la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación menor, es evidente que, en su conjunto, sí lo hacen». Y subraya que «esta práctica de concatenación de contratos menores para un mismo objeto, que se arrastra durante todo el año desde junio de 2021 en el caso del servicio de vigilancia, y desde enero de 2022 en el del suministro de electricidad, supone un posible fraccionamiento de contratos que deberían haber sido objeto de licitación».

Respecto al suministro eléctrico, la Consejería alegó el inicio en junio de 2022 de la licitación para este servicio, que se declaró desierta en noviembre de 2022, lo que condicionó el pago a través de este tipo de contratos.

El Tribunal señala una «planificación insuficiente» del Gobierno regional para evitar estas situaciones. Además, destaca que la Consejería de Cultura de la Región fue la única, junto a la de Ceuta, que no remitió en plazo las relaciones certificadas de los contratos de 2022, como sí lo hicieron las de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Melilla, con una demora de 29 días, mientras que las entidades dependientes solo remitieron la documentación cuando el Tribunal se la requirió.

Retraso en La Conservera

En cuanto a contratos no menores, destaca los retrasos experimentados en las obras para hacer de La Conservera de Ceutí la nueva sede del Centro Regional de Restauración, adjudicadas por 336.596 euros. El expediente se inició en julio de 2022 y el contrato se formalizó en febrero de 2023, con un plazo de ejecución que debía extenderse hasta el 17 de septiembre de ese año. Sin embargo, el 24 de octubre de 2023, cuando este ya se había sobrepasado en 45 días y únicamente se había ejecutado el 21% de la obra, la Consejería aprobó una prórroga de tres meses, fundamentada en los cambios originados por la división funcional del edificio en dos partes. Dos meses después, la Dirección de Patrimonio Cultural presentó una propuesta de modificación del contrato que implicó la suspensión de las obras para incluir la instalación de aire acondicionado, que elevaba el presupuesto base un 27%. El cambio fue rechazado por los servicios jurídicos autonómicos por no cumplir los requisitos legales y no hubo ninguna actuación hasta una certificación parcial de la obra el 30 de octubre de 2024. El Tribunal destacó que el acta de recepción de las obras seguía sin firmarse en agosto de 2025, cuando finalizó los trabajos para su informe. Y el Centro Regional de Restauración sigue hoy en el Polígono Industrial Oeste, dos años y medio después de la fecha prevista para el fin de las obras.