De todo lo que he escuchado esta semana sobre el anteproyecto de Ley de la Ciencia de la Región de Murcia, aprobado el jueves por … el Consejo de Gobierno de la Comunidad, me quedo con la reflexión que me trasladaba uno de los catedráticos más prestigiosos y reconocidos de la Universidad de Murcia cuyo nombre me van a permitir que mantenga en el anonimato para evitar posibles interpretaciones sacadas de contexto que no vienen al caso. Para este profesor, «la presentación de una nueva normativa es, en sí misma, una excelente noticia; no solo por su contenido, sino por lo que simboliza: el reconocimiento de que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen pilares esenciales del progreso económico y social. En un contexto global cada vez más competitivo, donde la generación y aplicación del conocimiento marcan la diferencia entre territorios, el mensaje que se envía a la sociedad es claro: la ciencia importa». Efectivamente, ponerla en primer plano supone un hito necesario, seis años después de que el mundo tomara conciencia de la verdadera importancia de la investigación con la vacuna contra la covid, determinante para frenar la pandemia que segó miles de vidas y desató una de las mayores crisis sanitaria y económica que se recuerdan. La ciencia, como cualquier otro ámbito, requiere un soporte legal que permita su desarrollo, que le dé seguridad jurídica y que esté a la altura de los sistemas internacionales más punteros y avanzados. Y, sobre todo, que asegure los mecanismos para que los resultados reviertan en beneficio de la sociedad.
El anteproyecto de ley alumbrado por el Gobierno regional es fruto del gran esfuerzo realizado en los últimos meses por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, con Juan María Vázquez al frente, y en concreto por el director general de Universidades, Antonio Caballero, y su equipo, que no solo se han volcado con esta iniciativa, sino que además han jugado un papel decisivo en la confección de otro gran documento normativo de la legislatura como es la Ley de Universidades de la Región de Murcia, también en fase de tramitación. Al margen de las correcciones y mejoras que se puedan incorporar a ambos textos legales, sería injusto no reconocer el empeño de la Administración regional por sacarlos adelante.
Desde el departamento de Vázquez, se subraya que la futura Ley de Ciencia aboga por una novedosa organización del sistema con nuevos agentes; aporta instrumentos como la compra pública innovadora y reconocimiento de la excelencia científica, además de suponer un impulso a la valorización de los resultados de investigación mediante las patentes y el reconocimiento de los retornos económicos a los investigadores. Se destaca asimismo la visión internacional de la norma, mediante redes y la comunidad de científicos murcianos en el extranjero. La simplificación administrativa y el reconocimiento de evaluaciones son otras de las virtudes que se ponen en valor por parte de la Consejería, cuyos responsables remarcan que existe un compromiso de incrementar el presupuesto destinado a I+D hasta alcanzar la media nacional, se establecen incentivos para la financiación privada en proyectos estratégicos y se fomenta el mecenazgo científico. La nueva legislación incorpora también la discapacidad y la igualdad de genero como dimensiones transversales del sistema regional de ciencia.
La futura ley iniciará ahora su tramitación previa dentro del Gobierno regional, con la apertura del proceso de audiencia e información pública para recabar las aportaciones de la sociedad, las consejerías y los principales organismos científicos y universitarios. Una vez analizadas e incorporadas, en su caso, las alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que será remitido al Consejo Económico y Social (CES) para la emisión de su dictamen. Posteriormente, el documento será revisado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y, finalmente, se solicitará la resolución del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. El Ejecutivo de López Miras aprobará después el proyecto definitivo para su remisión a la Asamblea, donde continuará su tramitación parlamentaria.
Llegados a esta fase y fruto de mis conversaciones de las últimas horas con varios investigadores de reconocida trayectoria, recojo a continuación algunas sugerencias susceptibles de ser debatidas:
1. En un momento en el que la divulgación científica está adquiriendo un papel central —no solo social, sino también académico—, su ausencia en la ley es difícil de entender. Organismos como Aneca o el propio Ministerio han avanzado claramente en la incorporación de la divulgación científica como mérito evaluable en acreditaciones y trayectorias investigadoras. Sin embargo, el anteproyecto apenas la menciona de forma marginal.
2. En cuanto a la creación de redes y el fortalecimiento de la comunidad investigadora en el exterior, lo verdaderamente transformador sería apostar por programas sólidos de retorno de talento: estables, bien financiados y con un peso real en la estrategia regional.
3. Se pueden diseñar los mejores instrumentos, crear nuevos órganos, definir planes ambiciosos…, pero sin financiación suficiente, nada de eso será efectivo. Es la condición necesaria que determina todas las demás.
4. El Comité de Ética queda como un órgano que legitima el sistema, pero no como una herramienta efectiva para corregir hipotéticos abusos.
5. Otro aparente agujero sería la endogamia. La ley habla de excelencia, movilidad, talento internacional… pero no pone cortafuegos reales frente a la contratación de ‘los de casa’. La selección de personal se deja bastante en manos de cada agente (universidades, centros…), sin imponer estándares comunes de máximo nivel.
6. Se echa en falta una referencia al talento sénior, a aquellos investigadores experimentados, capaces, con mentes plásticas y activas, adaptables, modernos… aunque estén jubilados.
7. Surgen dudas sobre el concepto ‘ciencia ciudadana’ que conviene aclarar. Ojo a los riesgos de desvirtuarla.
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