Con España en ‘shock’ por la imputación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresidente del Gobierno investigado por un caso de presunta corrupción … en la historia de nuestra democracia, comenzamos la semana que hoy acaba con un terremoto político de máxima magnitud en Cartagena. La oposición anunciaba una moción de censura contra la alcaldesa Noelia Arroyo (PP) a un año justo de las elecciones municipales de 2027 en virtud de un ‘acuerdo Frankenstein’ entre localistas, socialistas, ultraderechistas renegados de Vox y hasta un antiguo expulsado del PSOE por pactar precisamente con quien ahora pretende desalojar del gobierno. Pero por muy disparatada que pueda resultar esta maniobra antinatura, la moción de censura es un mecanismo constitucional, y por lo tanto legal, del que las formaciones políticas están en su derecho de hacer uso. Las reglas parlamentarias deben ser respetadas y asumidas, beneficien o perjudiquen. Pero una cosa es la legalidad y otra bien distinta la legitimidad. No siempre lo legal es legítimo, si aludimos a este último concepto como norma o acción considerada justa, moral y aceptable por la ciudadanía.
Con el objetivo de conocer el grado de aceptación de los ciudadanos del municipio de Cartagena a la operación política para arrebatar a la popular Arroyo el bastón de mando, en LA VERDAD hemos encargado al Cemop (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública), adscrito a la UMU, un trabajo demoscópico cuyos resultados dibujan un escenario en el que la moción de censura presentada por Movimiento Ciudadano (MC), PSOE, Sí Cartagena y los dos exediles de Vox carece de las tres condiciones que la literatura politológica identifica como necesarias para que una iniciativa de este tipo goce de legitimidad ciudadana. A saber: percepción de crisis de gestión en el equipo de gobierno, confianza en la alternativa y coherencia de la coalición promotora. La encuesta que hoy publicamos en nuestro periódico revela que más de la mitad de los cartageneros -el 56%- rechazan claramente o con reservas la moción de censura que se someterá a la votación del Pleno el próximo 2 de junio, frente al 34,6% que la apoya. Además, casi seis de cada diez entrevistados por el Cemop entre los días 19 y 21 de mayo valoran de forma negativa o muy negativa la maniobra de la oposición, y la mayoría considera positiva la gestión desarrollada por la actual alcaldesa. Tampoco están de acuerdo los encuestados con el deterioro municipal que argumentan los impulsores de la moción, pues el 73% no percibe ese desgaste, mientras que dos de cada tres la atribuyen a razones partidistas y rencillas personales. En definitiva, las conclusiones del sondeo desmontan las principales tesis de los catorce concejales que aspiran a arrebatar el poder al PP y a lo que queda de sus socios de Vox.
La moción de censura que amenaza con abocar a Cartagena a doce meses de inestabilidad -al menos a una fragilidad infinitamente mayor a la que ahora pueda existir- encierra una incongruencia política de manual, protagonizada por un PSOE que ha pasado de repudiar a la extrema derecha, representada por Vox, a aliarse sin ningún complejo con dos exmiembros de esta formación radical que vienen defendiendo las mismas posturas reaccionarias que los socialistas recriminan al PP por aceptarlas. El cordón sanitario de Pedro Sánchez y sus barones frente a los postulados de Abascal y los suyos tiene al parecer excepciones. El mismo partido al que en 2019 no le tembló el pulso para echar de manera fulminante a Ana Belén Castejón y a otros cinco ediles por alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP de Noelia Arroyo, mira hacia otro lado ahora cuando sus representantes en el Consistorio cartagenero se dan la mano con quienes abominan la inmigración, niegan la violencia de género y militan en el negacionismo del cambio climático. No es de extrañar que, ante tal incoherencia, casi la mitad de los votantes socialistas desaprueben que su partido pacte con antiguos integrantes de Vox para sacar adelante la moción de censura, según se extrae de la encuesta del Cemop, que eleva al 69,3% los ciudadanos contrarios a que la izquierda se alíe con la ultraderecha para asaltar el poder. Prospere o no la iniciativa, la pregunta que cabe hacerse es si el PSOE está legitimado a partir de este momento a condenar los acuerdos con Vox que los populares han normalizado ya en diferentes ejecutivos autonómicos y que muy probablemente tendrán que suscribir en un futuro para que Alberto Núñez Feijóo desembarque en La Moncloa. Queda pues abierta la veda.
Sorprende la equidistancia que el secretario general del PSRM y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha adoptado en este asunto. «Se hará lo que diga la militancia», se ha limitado a señalar sin dar más explicaciones de por qué el partido que él lidera no tiene reparos en abrazarse a aquellos a los que se les ha llenado la boca, por ejemplo, con mensajes racistas del tipo ‘Menas fuera, deportación ya’. Todo sea por el sillón.
En marzo de 2021, LA VERDAD publicó una encuesta de Sigma Dos en la que los murcianos rechazaban mayoritariamente las mociones de censura que PSOE y Ciudadanos, avaladas por Podemos, presentaron en la Asamblea contra López Miras y en el Ayuntamiento de Murcia contra José Ballesta. La primera fracasó. La segunda prosperó y mandó al PP a la oposición. En los siguientes comicios (2023), los electores castigaron a los promotores de la moción y Ballesta arrasó. En Cartagena todo apunta a que habrá cambio de gobierno. Los ciudadanos emitirán su veredicto en un año.
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