La investigación judicial contra la empresa explotadora del camping de El Portús por presuntas coacciones a una residente del complejo vuelve a estar abierta. … La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia acordó la semana pasada levantar el sobreseimiento de la causa, que fue archivada alegando que el presunto delito que se denunciaba no podía ser imputado a una persona jurídica, en este caso, Complejo Náutico El Portús SA. El auto, ante el que no cabe recurso y al que tuvo acceso este periódico, da la razón a la defensa de la demandante, representada por el abogado Ángel Galindo Laorden, y estima procedente llamar a declarar al gerente de la empresa en calidad de investigado.
La vecina denunciante puso en conocimiento de los tribunales que, a través del personal de seguridad del camping, había sido víctima de un supuesto delito de coacciones tras impedirle, por órdenes de la dirección del complejo, el acceso al recinto tanto a ella como a determinadas personas que no figuraban en una lista de personas permitidas y que tienen en su interior sus domicilios.
Los vecinos del camping llevan años en pie de guerra contra los actuales gestores del complejo. Por un lado, la empresa busca disponer de las parcelas donde se alojan algunos residentes y en las que se ubican las viviendas. Los vecinos, por su lado, se resisten a abandonar el camping alegando que compraron esas viviendas a los anteriores administradores del camping. A este respecto, el auto razona que «la existencia de una controversia civil tendente a determinar la titularidad de la vivienda donde tiene fijado su domicilio la señora M. E. A. M. no puede justificar la conducta tendente a impedirle el acceso a su residencia habitual». Y añade: «Además, interesa la declaración en calidad de investigado de J. F. M. R., gerente designado en la fecha de los hechos por el Complejo Náutico y que fue quien, presuntamente, dio las instrucciones de no dejar pasar a la denunciante».
Al recurso de la vecina contra el auto de sobreseimiento se adhirió el Ministerio Fiscal, «dado que, habiendo adquirido la denunciante la propiedad de la vivienda mediante un contrato privado que no fue inscrito en el Registro de la Propiedad, las acciones realizadas tendentes a impedir el acceso a la vivienda de la denunciante y otros residentes, así como la existencia de órdenes a los servicios de seguridad, pueden ser constitutivos de los delitos de coacciones».
«Actos hostiles»
Por su parte, la defensa de Complejo Náutico El Portús, SA, se opuso al recurso de la parte demandante y solicitó la confirmación del sobreseimiento «alegando que el artículo 173.1 del Código Penal se refiere a las torturas y otros tratos degradantes con habitualidad, no al tipo de coacciones, sin que se haya acreditado que alguno de sus trabajadores haya atentado de manera reiterada contra la integridad moral de la denunciante con actos hostiles o humillantes».
No obstante, el auto insiste en que la mera existencia de un procedimiento civil en el que se estén dilucidando los derechos de vecinos y empresa sobre las parcelas «no justifica una conducta consistente en impedir por propia iniciativa el acceso a dichas viviendas en tanto no se resuelva dicha controversia y se adopten las decisiones judiciales oportunas».
Los tres magistrados firmantes de este auto añaden que, en enero, ya se resolvió requerir como medida cautelar al camping para que permitiera el acceso de los residentes a sus vivienda y se les advirtió que desatender esta petición supondría incurrir en un delito de desobediencia grave.
El auto recoge también que, previamente, se tomó declaración a la denunciante y al representante de la empresa de seguridad Viriato, así como se solicitó un informe a la Guardia Civil, la cual determinó que «no se apreció obstáculo alguno que impida a la denunciante acceder hasta su domicilio, tanto de forma física como en vehículo, tratándose de un derecho fundamental, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el cual resulta violentado tanto por conductas activas como el corte de suministro, como de forma pasiva impidiéndole que el acceso a su residencia».
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Enlace de origen : Un tribunal reabre la causa por presuntas coacciones contra el camping de El Portús
