Cultura ve legal el anuncio oficial de posible cesión de la Casa del Niño a la fundación afín a un alto cargo

La Consejería de Cultura ha venido a dar por cerrada la polémica sobre la posible cesión del uso de su parte de la Casa del Niño de Cartagena a una fundación privada afín a un alto cargo de este mismo departamento del Gobierno regional. Cinco días después de haber anunciado la convocatoria de una consulta pública sobre las actividades que debe albergar el inmueble, Cultura difundió este martes las conclusiones de un informe propio que avala la legalidad del polémico anuncio publicado en agosto por el director del Instituto de Ias Industrias Culturales (ICA), Manuel Cebrián, sobre la posible apertura del citado edificio autonómico a la Fundación de la Inteligencia Libre. Se trata de la entidad donde él trabajó hasta febrero y donde todavía lo hace su mujer.

«La actuación llevada a cabo por el ICA es meramente anunciadora de una solicitud y no tramitadora de un procedimiento administrativo y su validez es plena a los meros efectos de publicidad y transparencia», señala el informe encargado por la Consejería a sus servicios jurídicos. Así lo destacaron a LA VERDAD fuentes de Cultura, área del Ejecutivo que dirige Marcos Ortuño. Y ello, a pesar de que el encabezamiento de la publicación efectuada el 9 de agosto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recoge que se trata de un «anuncio» del ICA «por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de la fundación sin ánimo de lucro ‘Instituto de la Inteligencia Libre’, relativa a la concesión demanial de una parte del inmueble».

Consulta pública tras la polémica

A través de ese trámite administrativo, la Comunidad abrió un plazo de un mes para la presentación de alegaciones. Tras la polémica desatada por el presunto favoritismo de Cebrián a su reciente centro de trabajo, denunciado públicamente por el partido político MC, y por la posible vulneración de la Ley del Estatuto Regional de la Actividad Política, Cultura hizo dos aclaraciones.

En primer lugar, que se trataba de «el primer y único trámite administrativo [sic] relacionado con el estudio de esa solicitud», y que a la propuesta aún le quedaba «recorrido», porque «en cualquier caso, requeriría la aportación de otra serie de informes, antes de cualquier avance para su eventual visto bueno». En cuanto a la legalidad, Cultura encargó a los Servicios Jurídicos de la Secretaría General de la Consejeria un informe, cuyo «objetivo» era «revisar el expediente y emitir un informe detallado de la tramitación seguida al efecto, así como de la validez o invalidez de las actuaciones realizadas hasta la fecha».

Una vez emitido este informe, en la Comunidad (que no aclaró cuántas alegaciones ha recibido y cuándo resolverá sobre la posible cesión a la citada fundación) se centraron en hacer hincapié en la próxima consulta pública. Este procedimiento, reclamado por unanimidad el jueves pasado por el Pleno del Ayuntamiento, busca «determinar los usos más adecuados para las instalaciones de la Casa del Niño que aún no están en funcionamiento». «La intención es poner en marcha esta consulta en el menor plazo posible, con la finalidad de que se adopte una decisión definitiva sobre el destino de este inmueble antes de fin de año», señalaron en Cultura.

En la Consejería precisaron que, según el informe jurídico, «en relación con el contenido de la solicitud, de ningún modo se entra en el fondo del asunto». El motivo es que «la única pretensión del anuncio» publicado en el BORM era «poner a la luz, para general conocimiento, que hay una petición concreta sobre un inmueble». También se quiso «establecer la apertura de un plazo para alegaciones, en cuanto a la oportunidad o no de iniciar, en su caso, un procedimiento administrativo de concesión demanial».

Respecto a la actuación del organismo que dirige Manuel Cebrián y de este mismo, según el informe de los letrados de Cultura no cabe reproche legal alguno. «El ICA, mediante esta publicación, cumple con el deber de transparencia que recoge la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia», sostienen los abogados de la Consejería. Y «en lo que se refiere a los conflictos de intereses, estos surgen cuando se tramita un expediente, se desarrolla un procedimiento administrativo en todos sus términos, pero no por un anuncio de información que sirve para poner en conocimiento la solicitud recibida».«Su actuación se circunscribe a un anuncio oficial publicado», abunda el informe.