La Justicia trata de desperezarse con la presión de nuevas movilizaciones

Hasta 1.500 funcionarios de Justicia –el 93% del total que conforman la Administración– están llamados a sumarse a partir de este lunes a una huelga –con paros diarios de tres horas– convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, Csif, Staj y UGT para exigir la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y una subida salarial similar a la que lograron los LAJ –en ese caso, de hasta 450 euros mensuales–. El miércoles, 19 de abril, la huelga comprenderá toda la jornada laboral e irá acompañada de una gran concentración en Madrid para exigir al Ministerio que ponga en valor el trabajo que realiza este colectivo, la maquinaria de una administración cada vez más saturada y renqueante.

«Los trabajadores están muy concienciados de cuál es su papel y lo van a defender», recalca Flora Martínez, secretaria del sector de administración de justicia de Comisiones. Los sindicatos aguardan un seguimiento masivo de un paro que, inciden, nace de la indignación generada en la plantilla en los últimos meses.

Martínez explica que los sindicatos convocantes llevaban un año tratando de negociar con el Ministerio el proyecto de ley de eficiencia organizativa que pone en marcha los llamados tribunales de instancia. Una iniciativa, remarca, que está en tramitación parlamentaria y que «pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones…» Además, estos colectivos llevaban un tiempo reclamando una adecuación salarial y una negociación de la carrera profesional de todos los colectivos que, con el anuncio de subida salarial a los LAJ, exigen que se aborde de inmediato. «En la huelga de letrados se nos obligó de alguna manera a no trabajar», remarca Martínez, que llama la atención sobre el atasco generado en los tribunales y el esfuerzo que ello requiere de toda la plantilla. Martínez incide que «a los que hacemos unas labores que, si no las hacemos, realmente la justicia se hunde, se nos debe retribuir por ellas y reconocer el trabajo que hacemos».

El decano del Colegio de la Abogacía de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, no esconde el temor que existe en el colectivo a una nueva paralización de la administración justo cuando la misma comenzaba a andar nuevamente tras dos meses de impasse. Remarca, además, la preocupación por el impacto en unos despachos «que dependen de una administración a vaivén de las reivindicaciones económicas de unos y otros». Una administración, incide, que «se olvida de la prestación de servicio público».

Martínez-Escribano hace hincapié en que «el Ministerio debería haberse dado cuenta» de que su acuerdo con los letrados de la administración de justicia abría la puerta a «una cascada de peticiones en cadena». Este, subraya, «es un efecto llamada» que Justicia tendría que haber supuesto. Avanza, en este sentido, la pretensión de la abogacía de aprovechar el momento para exigir nuevamente una actualización de los pagos del turno que lleva años reivindicando.

El decano de la abogacía murciana advierte de que esta nueva movilización llega en un «momento delicadísimo» en el que la Justicia comienza a despertar tras meses de práctica paralización. «Estamos recibiendo bastantes notificaciones y muchas sentencias». Solicita, por último, al Ministerio una postura menos inmovilista que la que desplegó ante la huelga indefinida de LAJ. «Pido que no se esté quieto otra vez y que lo que tenga que hacer lo haga cuanto antes», concluye.

El decano de la abogacía cartagenera, Ángel Méndez, comparte la preocupación de su homólogo en Murcia. «Afrontamos con estupor otra huelga dentro de la administración de Justicia. No hemos tenido tiempo de recuperarnos de la de los letrados de la administración de justicia y ahora nos enfrentamos a la de los funcionarios», explica. «Seguimos respetando el derecho de huelga de todos los trabajadores pero tal vez es momento de pararse a pensar cuáles van a ser las consecuencias para los ciudadanos. ¿A alguien le importan los ciudadanos? Es evidente que no». Méndez pone en duda que este nuevo paro genere en el Ministerio una preocupación acorde a la importancia que tiene. «Si se vuelven a suspender actos procesales, como declaraciones, comparecencias, vistas y demás, los efectos y daños serán irreparables», alerta. «El perjuicio para los ciudadanos de prolongar en el tiempo situaciones estresantes como son los procedimientos judiciales no se puede reparar». El decano de la abogacía cartagenera incide en que «se debe alcanzar una solución urgente salvo que se pretenda acabar con la Administración de Justicia».

Ángel García Aragón, al frente del Colegio de la Abogacía de Lorca, explica por su parte que la anterior huelga ya dejó, solo en Lorca, unas 1.800 demandas sin registrar y remarca que «la cola es bastante importante». Incide, además, en que, en la mayoría de los casos, aún no hay fecha para los asuntos que quedaron en el tintero por el paro de los LAJ y con este panorama la administración. «La justicia ha sido una administración muy maltratada, a nivel político no ha importado nunca, y se están viendo los resultados», subraya.

Adecuaciones salariales

Las asociaciones de jueces también aguardan el avance de las negociaciones mientras ya se escuchan reivindicaciones también entre sus propias filas. Las cuatro asociaciones de jueces ya dirigieron hace semanas un escrito al Ministerio solicitando «la convocatoria urgente y sin demora» de una reunión para «acometer ya la adecuación de nuestras retribuciones salariales».

Fernando Madrid, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en la Región, remarca que su asociación «respeta el derecho de huelga de los funcionarios y esperamos que se cumplan los servicios mínimos que se establezcan». Al pactar con los letrados de la Administración de Justicia, subraya, el Ministerio abrió la puerta a que otros cuerpos hiciesen reivindicaciones similares. «Era previsible y probablemente evitable».

El magistrado Francisco Cano, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria en la Región, aguarda que, «a través de la oportuna negociación entre el Ministerio y los distintos colectivos, se adopten los acuerdos que sean posibles y necesarios para que la administración de Justicia vuelva a funcionar con normalidad». En términos similares se expresa la magistrada Ana Bermejo, coordinadora regional de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.