La Asamblea Regional tumba al Gobierno su prórroga de la moratoria urbanística del Mar Menor

La Consejería de Fomento e Infraestructuras sigue sin fecha para ese trámite administrativo, lo que abre un escenario en el que los promotores pueden solicitar autorización para la construcción de viviendas, plazas hoteleras y centros comerciales en el entorno de la laguna. Hasta este 1 de septiembre continuaban las dudas sobre el alcance de la moratoria, que el consejero, José Ramón Díez de Revenga, se comprometió a resolver a los ayuntamientos de Cartagena, San Javier y Los Alcázares. Entre las principales incertidumbres de los consistorios estaba si debían tramitar los permisos para la ampliación de Los Belones y la urbanización de parcelas en la zona norte de La Manga.

La incógnita sobre el decreto ley estaba en la Asamblea en la posición de Vox, que había expresado públicamente su rechazo a cualquier freno al sector inmobiliario pero no el sentido de su voto. «Nosotros actuaremos en consecuencia», avanzó en la sesión el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, poco antes de que su grupo abocara a a su fin una moratoria que a su juicio es innecesaria y negativa. Antelo defendió que las construcciones «no contaminan» la laguna, sino que lo hacen «los vertidos fecales» urbanos, que según dijo permiten los ayuntamientos y la Comunidad. Añadió que es preciso aumentar la oferta de inmuebles, dado que hay una «oferta escasa» y un aumento de los precios del alquiler. Y apostó por facilitar las cosas a los inversores que quieran levantar viviendas en la zona.

En una rueda de prensa posterior, el viceportavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, agregó que la moratoria no sirve «para nada para mejorar la situación actual del Mar Menor» y que obedece a una visión «ecologista» de la «sostenibilidad». Afirmó que no se puede «prohibir el crecimiento de las poblaciones» y lamentó que «primero se imputó toda la responsabilidad de la situación el Mar Menor a los agricultores y ahora se pretende culpar también a los promotores urbanísticos». Además, señaló que no su grupo no dialogó con el PP sobre la introducción de cambios en la moratoria, exigió la «modificación» urgente de la ley de la laguna e insinuó que lo ocurrido este viernes puede influir en las negociaciones para la posible investidura de López Miras. A preguntas de los periodistas, comentó: «Si el Partido Popular tiene el mismo empeño en llegar a acuerdos que en solucionar el problema del Mar Menor…».

De nada sirvió en la Cámara la petición de apoyo realizada en su intervención por el consejero, quien insistió en que el decreto mantenía el blindaje a los nuevos desarrollos, incluido el de Los Belones, y que su Consejería ofreció apoyo legal a los consistorios para aclarar todas sus dudas. Tras la reunión de la Diputación Permanente, «lo que ha pasado hoy en la Asamblea Regional es muy grave, esto abre un escenario incierto para el Mar Menor», porque «los desarrollos urbanísticos, a día de hoy, se pueden tramitar». Añadió: «Estamos atónitos. Han dinamitado una de las principales barreras de protección del Mar Menor y su sistema socioecológico. Todo vale con tal de dañar al Gobierno regional».

Tanto el portavoz del PSOE, José Vélez, como la de Podemos, María Marín, aseguraron que el decreto abre la puerta a nuevas construcciones junto a la laguna. Vélez se mostró muy crítico con la posición del PP, que en agosto y junto a Vox rechazó su propuesta de debatir una nueva moratoria. Y cargó contra el Ejecutivo en funciones de Fernando López Miras por impulsar una prórroga el mismo día en que caducó la anterior. En cuanto a Marín, afirmó que el Mar Menor «no le cabe un ladrillo más» y pidió que haya modificaciones a través de la tramitación de la normativa mediante un proyecto de ley.

El portavoz del PP, Víctor Martínez Carrasco, destacó que el decreto justifica sobradamente la urgencia de la prórroga. Admitió que el Gobierno regional no tiene aprobado aún el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor, lo que obliga a tener una moratoria. Pero añadió que a su juicio se ha demostrado que era «insuficiente» el plazo de tres años que marcó la Asamblea Regional para la moratoria previa. El Gobierno regional, recordó, propuso en su día que el periodo fuera de cinco años.