Un escudo contra la desigualdad y la injusticia

Un escudo contra la desigualdad y la injusticia

No hay democracia si la Justicia no trata a los ciudadanos por igual. No hay democracia si las leyes no se aplican a todos, con independencia del lugar en el que vivan o de sus ideas políticas.

Es, precisamente, la Constitución la que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como base de nuestra democracia. Lo decía la semana pasada el rey don Felipe ante las Cortes Generales. Aunque en algunos oídos esas palabras sonaron a advertencia, Su Majestad se estaba limitando a recordar el artículo primero de la Constitución.

Ninguno de esos principios se entiende sin el otro. Sólo puede haber pluralismo político con libertad y no hay libertad sin justicia, ni justicia sin igualdad. Por eso, cuando se descuida, se amenaza o, directamente, se ataca cualquiera de esos principios, se atenta contra todos.

De la Constitución derivan las leyes que tejen la red de protección contra la arbitrariedad y la injusticia. Se trata de un sistema de garantías que tiene un enorme valor social porque protege especialmente a los más débiles.

Los poderosos no necesitan la ley para defenderse. Todo lo contrario. Para quien esté dispuesto a abusar de su fuerza física o su poder económico, la ley es un obstáculo. Por eso los ciudadanos más débiles y desprotegidos son los principales beneficiados por nuestro sistema de garantías. Por esa misma razón, resulta de tanta gravedad manipular las leyes para romper el principio de igualdad establecido por nuestra Constitución.

Cuando desde el poder económico o desde el poder político se tuerce la ley en beneficio propio se daña la eficacia que la Constitución ha dado a nuestras instituciones y se mina la confianza de los ciudadanos en ellas. No se puede confiar en un poder ejecutivo que, para mantenerse como poder, impulsa cambios legales que libran a delincuentes de la justicia. La visión de políticos amnistiando a políticos delincuentes puede causar un daño irreparable al prestigio y la credibilidad de nuestra democracia.

La democracia no se garantiza con votaciones cada cuatro años, sino por el imperio de la ley.

Por eso, los fundadores de nuestra democracia se empeñaron en crear una Constitución que blindase la igualdad y la justicia, protegiera a los más débiles frente a los más poderosos y garantizarse la convivencia. Sabían que era la única forma de zanjar siglos de inestabilidad política, injusticia, abuso y arbitrariedad. El acuerdo asombró al mundo por su capacidad para cerrar heridas y abrir un tiempo de democracia y modernidad. Esa Constitución ha sostenido cuatro décadas de crecimiento y ha permitido a España situarse entre las primeras democracias del mundo.

El los últimos meses y por primera vez en la historia, reconocidos padres de la Constitución y personas clave en la construcción de la democracia han advertido de que los pactos políticos de la nueva legislatura amenazan gravemente los principios constitucionales. En el día en que deberíamos celebrar nuestra Constitución es más necesario que nunca que, cada uno desde nuestra responsabilidad pública o desde nuestra fuerza como ciudadanos, nos comprometamos a defenderla de todo ataque y preservar para nuestros hijos un sistema de convivencia construido con generosidad y amor a España.

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