La Constitución cumple 45 años y es obligado celebrarlo. No debemos cansarnos de reiterar lo que este largo periodo de estabilidad política supone frente a los escasos y cortísimos periodos democráticos vividos con anterioridad en España.
Este aniversario se celebra en medio de un ambiente político tormentoso. Ello no puede ensombrecer los enormes logros alcanzados. Disfrutamos de un robusto sistema de derechos fundamentales, situado entre los países de primera línea en este campo, fundamento de la libertad personal y de la convivencia política y social, eficazmente garantizado por los tribunales españoles y europeos. La alternancia en la dirección política del país, como consecuencia de elecciones periódicas libres, está garantizada. La separación de poderes funciona de forma real y efectiva de forma suficientemente satisfactoria. A pesar de lo que algunas voces airean, hoy por hoy, el Estado de derecho no está en riesgo estructural en España.
Asimismo, el sistema constitucional abrió la vía al reconocimiento de la diversidad territorial, consustancial a la realidad española, alcanzando una solución de la que, hasta ahora, España no había sido capaz. Junto a ella, la diversidad lingüístico-cultural se ampara en unos términos de vanguardia en el mundo de los países multilingües.
En conclusión, el sistema constitucional inaugurado en 1978 ha permitido a España, por primera vez en su historia contemporánea, consolidar un sistema político capaz de garantizar la estabilidad democrática de forma adecuada a su singular realidad; y de que dure en el tiempo. Solo desde la inconsciencia o desde la irresponsabilidad se puede negar, con ocasión de este aniversario, la celebración de lo conseguido; o desde esa actitud que Joseph Roth calificaba como «escepticismo irónico», refiriéndose al desdén con el que valoran el sistema quienes -por ser sus grandes beneficiarios- tendrían que ser sus grandes defensores.
Los logros, sin embargo, no pueden impedirnos ser conscientes del carácter relativo de lo alcanzado. En nuestra historia, cuatro décadas y media es mucho; pero es poco si lo comparamos con los países que han logrado una larga y saludable vigencia de su sistema democrático. Nuestro reto debe ser emularles de la mejor forma en ese objetivo.
Esos logros tampoco deben llevarnos a ignorar los problemas que aquejan a nuestro sistema y a eludir los retos que debe afrontar. El enconamiento del ambiente entre partidos, la apropiación partidista de la Constitución y su utilización como arma arrojadiza o la negativa a dar cumplimiento a las leyes para beneficio propio, han creado un ambiente profundamente insalubre. La colonización de los órganos de control -destacadamente, el TC- con personas de probada fidelidad partidista es fuente de desconfianza respecto al conjunto del sistema, aunque no haya impedido, hasta ahora, el funcionamiento adecuado de los contrapesos al poder.
La Constitución es un sistema vivo, que necesita continua regeneración. El sistema político español está mostrando peligrosos signos de inmovilismo, de falta de iniciativa para enfrentarse a los problemas y encarar las reformas necesarias para afrontar los retos a que obliga la realidad. Una incapacidad que tiene el riesgo de convertir la Constitución, progresivamente, en un fósil de lo que debió seguir siendo una viva realidad. Impedirlo es nuestra obligación.
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