El Ayuntamiento de Los Alcázares pide juzgar a una empresa agrícola por los vertidos de salmuera

El Ayuntamiento de Los Alcázares pide juzgar a una empresa agrícola por los vertidos de salmuera

La invitación que el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, Raúl Sánchez Conesa, hizo a administraciones públicas y colectivos ecologistas para que defendieran los derechos del Mar Menor en tres causas penales seguidas contra empresas agrícolas y mineras por la contaminación de la laguna ha tenido su primer efecto de peso.

Como acusación particular, al amparo de la ley de personalidad jurídica de la laguna y su cuenca, el Ayuntamiento de los Alcázares solicitó abrir juicio oral a Explotaciones, plantaciones y riegos agrícolas del Campo de Cartagena SL (Expracar). Le acusa de un presunto delito contra el medio ambiente por realizar «vertidos del rechazo de salmuera, con alto contenido de nitratos, producido en las plantas desaladoras clandestinas», y causar con ello un «peligro» de «desequilibrio del ecosistema».

El Ayuntamiento, que esgrime un informe pericial del Instituto de Medicina Legal de Valencia, señala que entre los años 2014 y 2016 hubo un derrame de 136.363 metros cúbicos a la rambla de Miranda, a través de un salmueroducto. Este lo construyó la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo del Ministerio para la Transición Ecológica que lo desmontó en 2017.

En un escrito dirigido al juzgado, que instruye dos piezas del ‘caso Topillo’, el Consistorio reclama para Expracar una multa de 888.803 euros y suspender su actividad 3 años. La corporación que dirige el alcalde Mario Pérez Cervera, del PSOE, también solicita una fianza de 444.401 euros y calcular el daño al suelo, las aguas, la flora, la fauna y los hábitats protegidos, según la Ley de Responsabilidad Ambiental.

La Fiscalía solicita el archivo

La Fiscalía rechaza pedir la responsabilidad civil de la mercantil, cuyo administrador único, Mariano Roca Meroño, falleció en 2022. Fuentes del Ministerio Público indicaron a LA VERDAD que es una pyme familiar. El fiscal apoyó la solicitud de la empresa de archivar la causa. No ve indicios de que los investigados [un hijo y un sobrino de Roca] «conocieran o participaran en las decisiones relativas al funcionamiento de las desaladoras».

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