La Asamblea pide al Gobierno la recuperación de las baterías de Cartagena

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles, con el voto en contra del PSOE, una iniciativa del Partido Popular para solicitar al Gobierno de España un Plan Integral de Rehabilitación y Puesta en Valor de las Baterías Defensivas de Cartagena.

Las baterías de costa son propiedad del Estado, y, por tanto, es del Gobierno de la nación la competencia y obligación para su protección y conservación, defendió la defensora de la iniciativa, María Casajús.

La diputada recordó que fue durante el reinado de Felipe II, en el año 1576, cuando comenzaron a construirse las fortificaciones adecuadas para defender la población de los frecuentes ataques por mar y tierra. «Su situación estratégica supuso que durante el reinado de Felipe V, Cartagena fuera designada cabecera del Departamento Marítimo del Mediterráneo, y durante el reinado de Carlos III se realizaron mejoras de las instalaciones militares preexistentes y también obras de edificación de nuevos inmuebles y elementos defensivos», dijo.

En su intervención también recordó que «en un lapso de 80 años, se levantó un conjunto de extraordinarias construcciones defensivas, unas para protección de los astilleros y otras, fuertes y murallas, para la protección de la población», ha subrayado la diputada regional, para explicar a continuación que «estas construcciones, que fueron sucesivamente modernizadas y ampliadas con más instalaciones en los siglos XIX y XX, determinan y conforman el perfil actual del paisaje histórico urbano de la ciudad».

De todo aquello quedan cinco castillos, cuatro fuertes, 26 baterías de costa y antiaéreas, así como más de 400 elementos defensivos militares que constituyen un gran museo al aire libre, que narran la historia militar de la ciudad y la importancia de su posición estratégica en el Mediterráneo.

Ahora que su papel defensivo acabó, las baterías son un reclamo turístico y paisajìstico para todos aquellos que las visitan, sobre todo, senderistas, ciclistas, excursionistas y familias que, a diario, y, especialmente, los fines de semana, acuden a su entorno. «Unas construcciones que gozan de la categoría de bien de interés cultural (BIC)», dijo Casajús, «y que necesitan que se diseñe y ponga en marcha un proceso que permita actuar sobre estos elementos, así como definir el sistema adecuado de su protección y puesta en valor».

La diputada socialista Lola Jara replicó a Casajús que Cartagena es un referente nacional en este tipo de patrimonio y que la obligación de preservarlo corresponde a todas las administraciones: «No se puede ser tan hipócrita para exigir al Gobierno de España lo que la Comunidad y el Ayuntamiento han sido incapaces de hacer para mejorar la riqueza de este municipio». Defendió, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en los dos últimos años siete millones de euros en diez proyectos de recuperación del patrimonio.

«La desgracia» de Cartagena

Podemos se abstuvo, porque aunque se mostró favorable a la recuperación de fortalezas y castillos y a trabajar para ello con el Gobierno regional, «no nos creemos nada». La diputada María Marín recordó el bloqueo en la Comunidad del plan director para la recuperación del Castillo de los Moros. «Cartagena ha tenido la desgracia de estar en la Región de Murcia gobernada treinta años por el Partido Popular», lamentó. Porque, de lo contrario, sería patrimonio de la humanidad, aseguró.

Vox sí que apoyó la iniciativa del PP. La diputada María José Ruiz denunció los años de retraso acumulados por los planes de recuperación de baterías, castillos y fortalezas en las administraciones. Y dijo confiar en sus socios de gobierno para poner en marcha las acciones que permitan dar de nuevo «el esplendor que en su día tuvieron» esos elementos del patrimonio defensivo militar.

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