La reducción de costes y el poder catalizador de la energía agrovoltaica convencen al campo regional

La energía fotovoltaica tiene cada vez más presencia en el día a día de los hogares y la economía, que se han conectado a esta fuente con el propósito de generar su propia electricidad de manera sostenible y eficiente, al mismo tiempo que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. En la Región de Murcia, esta tendencia se ha extendido en el último tiempo, tras la derogación del conocido ‘impuesto al sol’ en 2018, el abaratamiento de los costes (se estima que un 90%) y gracias a las más de 3.000 horas de sol al año, tal y como puede apreciarse en los tejados de viviendas, edificios, naves, centros educativos, dependencias municipales… e incluso en áreas rurales, con la instalación de parques fotovoltaicos en tierras, mayoritariamente de secano, degradadas y sin valor biológico, y también en explotaciones agrícolas, donde los paneles solares conviven con los cultivos sobre la misma superficie.

Este nuevo modelo de actividad agraria, el cual puede extenderse igualmente a la ganadería, se denomina agrovoltaica, cuya fórmula se basa en el uso combinado del terreno para la generación energética y la producción agrícola o ganadera. Aunque su desarrollo es todavía joven, los agricultores regionales han abrazado esta innovación tecnológica con la puesta en marcha de instalaciones en sus actividades, ya que, aparte de minimizar el impacto ambiental, ofrecen una fuente adicional de ingresos que les permite revertirlos en sus negocios.

Cabe indicar que los panales fotovoltaicos, a pie de campo, se colocan sobre estructuras a varios metros sobre el suelo para permitir el acceso de la maquinaria y que cuenta con seguimiento solar para maximizar su eficiencia. En el caso de los invernaderos, pueden incorporar estos paneles para la producción de energía, a la vez que reducen la temperatura del interior.

Con el objetivo de promocionar la energía agrovoltaica y dar a conocer su fortaleza en la Región de Murcia, ayer se celebró un desayuno informativo en la sede de LA VERDAD con la participación de un panel de ponentes de perfil técnico. El encuentro, organizado por este diario, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y Cajamar, reunió a Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier; Santiago Martínez, presidente de Fecoam; Pedro Gomariz, vicepresidente de COAG Murcia, y Ramón Gil Pérez, director de la estación experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ (El Ejido, Almería). El acto, moderado por el periodista Miguel Ángel Ruiz, jefe del área de Local de este periódico, concitó una interesante afluencia de público, entre ellos José Antonio Cobacho, presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia; Jesús López, responsable del área de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia.

Optimizar el uso del terreno y aumentar el valor económico de las explotaciones son algunas de las ventajas de la energía agrovoltaica, una división de la energía fotovoltaica que «ha venido para quedarse», apostilló Martínez-Aroca, quien recordó que este modelo es posible gracias a las 65.000 familias españolas, de las cuales 12.000 pertenecen a la Región, que invirtieron en un nuevo modelo energético por 2007. Remarcó que la agrovoltaica permite mantener los derechos de riego que tiene el terreno, todo lo contrario a lo que ocurre en los parques fotovoltaicos levantados en zonas de regadío, y que la energía no consumida (excedente) bien puede verterse a la red y compensar o venderla a terceros, constituyendo así una comunidad energética.

Una visión que compartió Santiago Martínez, quien detalló más beneficios que rodean a la energía agrovoltaica, de la que dijo que «va a ser imparable». Durante su intervención, en la que mostró una gran preocupación por el tema del agua en varias ocasiones –coincidiendo con la apertura del año hidrológico–, aseguró que estas instalaciones se recomiendan en cultivos bajos, como los viñedos, así como en invernaderos y sobre mallas antigranizo que soporten el peso. En cuanto a los terrenos de producción de árboles frutales, señaló que depende de la separación de los mismos, ya que, por su tipología, es necesario dejar un espacio prudencial para su crecimiento y el paso de la maquinaria agrícola.

El consejero Juan María Vázquez compartió la visión del Gobierno regional por ampliar la definición y el conocimiento de la energía agrovoltaica. «En 2023, hubo 25.000 publicaciones científicas sobre energía fotovoltaica (refiriéndose a materiales, automatización, mecánica…) frente a las 125 de agrovoltaica», expuso, para a continuación anunciar que «vamos a abrir, a través de la Fundación Séneca, una línea de colaboración público-privada para ampliar el conocimiento y aportar soluciones». «De la mano de la investigación, tenemos que ir más allá de poner paneles fotovoltaicos sobre los cultivos; porque hay muchos beneficios descritos que debemos despejar, para crear un modelo energético eficiente», animó.

Además, el titular de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor adelantó que en apenas unos días las renovables superarán la producción de todo 2022 en España –el pasado año se alcanzó este cómputo en noviembre–, y agradeció la labor de Anpier por el fomento de la producción fotovoltaica, que está dando pie a la puesta en marcha de nuevos parques –los permisos a las instalaciones de menos de 50 MW dependen de la Comunidad Autónoma–. «Si algo nos propusimos, fue impulsar el sector y hacerlo más fácil; los tiempos ahora son más cortos y los resultados ya empiezan a verse», añadió.

Desde Cajamar también apuestan con firmeza, innovación y desarrollo en la potenciación de la energía agrovoltaica. Gil Pérez relacionó la evolución de la tecnología fotovoltaica, sobre todo a nivel de precio, dimensión y rendimiento, con el despegue de la agrovoltaica. «Hay que ver en qué plantaciones se puede adaptar mejor», reconoció, añadiendo que en los cultivos de hoja caduca «puede que dé mejor respuesta».

Aparte de servicios financieros, la entidad pone a disposición del sector dos centros experimentales especializados en agricultura mediterránea en Almería y Valencia, donde se transfiere tecnología y conocimiento. Aquí trabaja un equipo humano que persigue la persecución de varios objetivos, entre ellos el incremento de la productividad mediante prácticas sostenibles, la adaptación de los desarrollos tecnológicos y el uso eficiente de los recursos.

Gomariz, en base a su experiencia como agricultor y secretario de la comunidad de regantes de Campotejar -que abarca Molina de Segura y zonas de Lorquí, Archena y Ulea-, repasó la evolución de la fotovoltaica por parte del sector, que ha estado supeditada a la normativa, el desarrollo tecnológico y el precio. Eso sí, presumió de ser «pioneros» en su comunidad al utilizar esta energía, allá por 2005, para reducir costes.

Sorprendió al resto de ponentes y público cuando afirmó que en el interior de su invernadero, cuya cubierta está ocupada totalmente con placas fotovoltaicas, la temperatura desciende 15 grados en agosto. «Creíamos que bajarían solo cinco grados», confesó, para a continuación subrayar que «era un reto y se ha conseguido». Al respecto, el también vicepresidente de COAG Murcia pidió a las administraciones sacar una normativa para invernaderos agrovoltaicos que unifique los criterios, ya que «cada municipio tiene su propia normativa o no la tiene», y el desarrollo de cultivos bajo condiciones de sombra, «que los hay».

Confiado en el papel del I+D, la experiencia, el talento y las más de 3.300 horas de sol en la Región de Murcia, el consejero Vázquez puso el acento en el proyecto ‘Agroalnext’, del que forma parte la Comunidad Autónoma, que persigue la transformación del sector agroalimentario mediante nuevas tecnologías, soluciones, metodologías y herramientas, entre otros resultados. «Se van a seguir realizando los planes complementarios una vez finalicen», recalcó, explicando que se está trabajando en el desarrollo de placas translúcidas y en determinar las longitudes de ondas de los cultivos. «Si queremos ser competitivos, tenemos que ser eficientes y aprovechar todos nuestros recursos», aconsejó.

Al hilo, el directivo de Cajamar apuntó el respaldo histórico de la entidad a las energías limpias, contabilizando desde 2021 la financiación de más de 1.000 operaciones vinculadas al autoconsumo fotovoltaico y otro medio millar relacionado con otras energías renovables. «Creemos en las energías verdes», incidió. De hecho, las comunidades de regantes siguen instalando paneles solares para reducir los costes de las extracciones de agua mediante los sistemas de bombeo a presión, recordó Santiago Martínez, quien lidera las comunidades de regantes de Fuente del Peral y de Pozo Troyano.

En este sentido, Pedro Gomariz aconsejó el uso extendido de la fotovoltaica en las instalaciones existentes para reducir el consumo energético: «Lo debería hacer todo el mundo». Y concluyó recomendando a los agricultores que contemplen la renovación de sus cultivos, que estudien la forma de introducir la agrovoltaica en el terreno.

Miguel Ángel Martínez-Aroca puso especial énfasis en el papel que desempeñaron las 12.000 familias de la Región de Murcia con la inversión de 3.000 millones de euros en solo un año, y que ha contribuido a que, en la actualidad, más familias, empresas y otras actividades se beneficien de unos ingresos cercanos a los 250 millones de euros anuales durante los próximos 30 años. «Sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo renovable», argumentó.

Lamentó el espaldarazo que están sufriendo por parte de las instituciones del Estado: «Es un disparate y atropello lo que se hizo con nosotros; seguimos esperando una solución consensuada con el sector». Asimismo, aprovechó la asistencia al acto de José Antonio Cobacho, presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, para poder, a través de sus contactos, acceder al Tribunal de La Haya para «denunciar esta desigualdad de trato», aunque confía en que sea el Gobierno de España quien resuelva el asunto.

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