El Seprona investiga si en las obras del AVE a Cartagena usan grava contaminada por metales pesados

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició esta semana averiguaciones sobre el posible empleo en la construcción de un puente en Pozo Estrecho de grava afectada por residuos mineros extraída de una escombrera de Llano del Beal. Los agentes analizan si hay riesgos para la futura infraestructura ferroviaria, el medio ambiente (incluido el Mar Menor y su cuenca) y la salud pública, y si hay infracciones administrativas o indicios de delito. Fuentes del Instituto Armado confirmaron a LA VERDAD que se recibió una denuncia en el cuartel de Torre Pacheco. Según ha confirmado este diario, el escrito identifica a una empresa con sede social en Beniel, que trabaja como subcontrata en un tramo del AVE Murcia-Cartagena, dentro del proyecto de la empresa estatal Adif. La denuncia señala que la compañía benielense lleva un mes sacando materiales de relleno de una gravera de Los Blancos, al ritmo de unos cien camiones diarios, y echándolos en Pozo Estrecho.

Según el denunciante, «los materiales extraídos contienen sulfuros metálicos (hierro, plomo y otros metales pesados) característicos de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, lo que implica un potencial comportamiento contaminante, especialmente por procesos de oxidación y generación de drenaje ácido de mina, con capacidad de movilizar metales pesados». Además, adjunta imágenes en las que se ve «tonos amarillos o anaranjados», indicativos de «que se está produciendo drenaje ácido, liberando plomo y zinc».

Fuentes de Adif indicaron no tener constancia de la denuncia. Esta fue presentada también ante la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Minas de la Comunidad Autónoma. Y fuentes de la Consejería de Medio Ambiente informaron de que «la contundencia de los hechos no deja lugar a dudas: tras la inspección técnica realizada de forma inmediata por la Dirección General de Minas, el personal técnico de esta ha ordenado la suspensión de la actividad en la cantera y adoptará las medidas oportunas».

«Es inadmisible»

Añadieron que «se ha constatado que en esta explotación, que estaba suministrando material para las obras del AVE de Adif, del Gobierno de España, en el tramo Torre Pacheco-Cartagena, se estaba trabajando careciendo de las autorizaciones administrativas imprescindibles de esta Comunidad Autónoma. Es inadmisible que una obra de titularidad estatal se nutra de materiales procedentes de una actividad irregular». Y concluyeron: «El Gobierno regional ha actuado con una celeridad absoluta: ayer [jueves para el lector] se tuvo constancia» de la denuncia «y hoy mismo se ha realizado la inspección y paralizado las labores».

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reclamado al Gobierno de España explicaciones «inmediatas» tras conocerse la investigación del Seprona sobre el posible uso de grava contaminada por metales pesados en las obras de la alta velocidad y la paralización, por parte de la Comunidad Autónoma, de la extracción de material en la Sierra Minera por falta de permiso.

La alcaldesa sostiene que cualquier duda sobre la calidad de los materiales, la seguridad de la infraestructura o el control ambiental debe resolverse con rapidez para evitar que el expediente derive en una nueva demora. «Cartagena necesita que el AVE avance con garantías y sin más retrasos. Las dudas sobre irregularidades y falta de control en las obras exigen explicaciones inmediatas del Gobierno de España», afirma.

Arroyo considera que el Ministerio de Transportes debe garantizar que los controles son suficientes. «La falta de vigilancia no puede convertirse en otra excusa para demorar una infraestructura que Cartagena lleva décadas esperando. Exigimos control, transparencia y responsabilidades», señala.

La alcaldesa contrasta esa situación con la gestión municipal de proyectos estratégicos como la Ciudad de la Justicia, donde el Ayuntamiento ha recurrido a técnicos municipales y a especialistas de la Universidad Politécnica de Cartagena para acreditar el estado de los terrenos. «En la Ciudad de la Justicia hemos aplicado rigor técnico, con informes que descartan la contaminación de los suelos», subraya.

Arroyo critica que el PSOE y la Delegación del Gobierno cuestionen la seguridad de esos terrenos municipales, al tiempo que el Ejecutivo central «no aclara suficientemente» los controles sobre las obras ferroviarias. «Es inaceptable que alimenten bulos sobre una falsa contaminación en Cartagena, mientras el Gobierno parece incapaz de controlar las obras del AVE», concluye.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco, Lucas, indicó que ha «pedido información» sobre el asunto y prometió «transparencia» al respecto.

Por su parte, el Partido Popular de la Región de Murcia ha denunciado «la gravedad» de la información publicada por LA VERDAD sobre la investigación del Seprona. De confirmarse evidenciaría una «gestión absolutamente irresponsable» por parte del Gobierno de España».

El senador por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha sido contundente al afirmar que «lo del Gobierno de Sánchez con los trenes de la Región de Murcia ya no tiene nombre: utilizan materiales contaminados y contaminantes para las obras del AVE». «La impunidad y descontrol del PSOE en este proyecto atenta sin reparos contra la seguridad ferroviaria y el Mar Menor».

Díez de Revenga ha criticado duramente que «el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, se salta a la torera los más básicos controles técnicos y de seguridad. No nos extraña que Ábalos eligiera la Región para robar en las obras del AVE, porque los socialistas de aquí tragan con todo».

«Los habitantes de la Región no merecemos que construyan nuestras vías ferroviarias con materiales contaminados y contaminantes», ha subrayado Díez de Revenga. «Eso es propio de otros regímenes, de otros tiempos y otras latitudes. Estamos en el siglo XXI y pagamos más impuestos que nunca, merecemos obras de la máxima calidad y garantías, que es justo lo que no nos da Sánchez», ha añadido.

Además, desde el Partido Popular se ha puesto el foco en la figura del delegado de Sánchez en la Región de Murcia, al que considera «responsable directo» de supervisar este tipo de actuaciones. «Francisco Lucas demuestra que no tiene control alguno sobre los ámbitos de su competencia, así que está tardando en dar explicaciones y asumir responsabilidades, que en este caso deben ser al máximo nivel», ha afirmado Díez de Revenga.