El Ayuntamiento de Molina de Segura anuncia que antes de que acabe este mes comenzará una campaña informativa dirigida a los propietarios de inmuebles residenciales … que llevan más de cincuenta años en pie y que, pese a tener la obligación legal de hacerlo, no han presentado el informe de evaluación de edificios (IEE). Lo hicieron público este lunes la concejala de Urbanismo, Paloma Blanco, y la de Vivienda, Rocío Cózar. De los 366 edificios residenciales colectivos de más de medio siglo de antigüedad que el propio Consistorio tiene censados, solo el 15% ha cumplido con la obligación. Es decir, 288 propietarios siguen sin haber aportado el documento. Es una cifra llamativa si se tiene en cuenta que la obligación viene de hace tiempo. «Data de 2011, es algo que todos los propietarios de viviendas colectivas sabemos que tenemos que cumplir», recordó Blanco.
El censo sobre el que trabaja el Ayuntamiento no es, además, un documento cerrado. Blanco explicó que los datos actuales corresponden a los listados de 2024 y años anteriores, pero que en estos momentos se está tramitando el del 2026, que se publicará antes del verano y al que se prevé que se incorporen al menos ocho edificios más. A eso se añade que los técnicos municipales han detectado inmuebles que no aparecen en ningún censo y que están siendo estudiados para su incorporación.
El parque residencial obligado a pasar la inspección en el municipio, en definitiva, todavía puede crecer. El IEE es, en la práctica, algo parecido a la ‘ITV’ que debe superar un coche, pero aplicada a los edificios residenciales. En este control de inmuebles se evalúa si hay patologías estructurales, problemas de resistencia, estabilidad, huellas de catástrofes naturales o filtraciones. Se revisa el estado de fachadas, las cubiertas, bajantes y las redes de suministro, y se analiza también la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio.
La campaña, que deberá haberse completado el 1 de abril de 2027, incluirá visitas presenciales de técnicos de las concejalías de Vivienda y Urbanismo a todos los edificios del censo. En esas supervisiones se recogerán también datos técnicos de cada inmueble, lo que permitirá a los servicios municipales hacerse una idea real y actualizada del estado del parque residencial de Molina. Si se detecta una situación que exija una intervención urgente, el Ayuntamiento podrá actuar de oficio y pasarle la factura a los propietarios del bloque de viviendas correspondiente, explicaron fuentes de la Administración local.
La ‘ITV’ de los inmuebles analiza el estado de la estructura, los accesos y la eficiencia energética para la posible rehabilitación
Intervenciones urgentes
El incumplimiento tendrá la consideración de infracción urbanística y conllevará una sanción de 100 euros por propietario, vivienda y año. A eso se sumará la apertura de órdenes de ejecución subsidiaria. El Ayuntamiento encargará el informe a técnicos externos, adelantará el coste y lo repercutirá después sobre los vecinos del inmueble. Eso sí, una vez realizada la visita técnica habrá un periodo de tres meses antes de que se inicien los expedientes.
«Se trata de un plazo de cortesía», matizó Blanco, dado que los propietarios llevan tiempo con la obligación encima. Además, la Concejalía de Vivienda trabaja contra reloj en una convocatoria de ayudas de rehabilitación, las llamadas R26, que incluirá subvenciones para la redacción del Libro del Edificio Existente, la realización del propio IEE, la retirada de amianto, la mejora de la eficiencia energética, las actuaciones de adecuación normativa, las mejoras en accesibilidad y las actuaciones sostenibles vinculadas al ciclo de vida del edificio».
Rocío Cózar lo enmarcó en los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética, y en el compromiso del alcalde, José Ángel Alfonso, con la mejora del parque residencial. La mirada del Ayuntamiento apunta también al medio plazo. En 2027, la Concejalía de Vivienda elaborará un Plan Municipal de Evaluación de Edificios.
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Enlace de origen : El 85% de los edificios de Molina de Segura de más de 50 años carecen de informe de evaluación
