Un empresario ha sido condenado a una pena de un año de cárcel tras reconocer ante la Audiencia la explotación laboral de migrantes en sus … fincas agrícolas. El procesado y tres de sus capataces alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía que les permitió rebajar sus condenas a entre seis meses y un año de prisión. Una pena, además, que quedó en suspenso después de que sus defensas lo solicitaran y el Ministerio Público no se opusiese.
Los hechos que fueron recientemente enjuiciados ante los magistrados de la Sección Segunda se destaparon a comienzos de 2017 a raíz de una investigación de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional. Las pesquisas revelaron que este empresario empleaba de forma continuada a extranjeros en sus fincas agrícolas aprovechando la situación de necesidad que estos padecían por encontrarse en situación irregular. De esta forma, recoge la sentencia, «imponía condiciones de trabajo leoninas».
El empresario agrícola, de nacionalidad española, contaba con la ayuda de tres capataces, marroquíes, que se encargaban de recoger a los trabajadores en determinados puntos de la ciudad de Murcia. Una vez en las fincas, explica la sentencia, los trabajadores se ganaban el pan «en condiciones notoriamente abusivas». La resolución recoge que los peones agrícolas no firmaban contrato, ni estaban dados de alta; el salario no se fijaba por hora, sino por día completo o caja de fruta recogida; y a la hora del pago se les descontaba del salario el importe estimado de desplazamiento a las fincas. Además, subraya, los trabajadores tenían que aportar ellos mismos su material de trabajo y se hacían distingos salariales entre los extranjeros en situación regular o irregular.
La Fiscalía, tras alcanzar un pacto con los acusados, rebajó su solicitud de penas, reclamando un año de prisión para el empresario y su principal encargado y seis meses de cárcel para los otros dos procesados. El Ministerio Público tuvo en cuenta los hasta nueve años transcurridos entre los hechos y la celebración del juicio y reclamó la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas.
El tribunal accedió además a dejar en suspenso las penas de los condenados durante un plazo de entre dos y tres años. Los magistrados condicionan este beneficio a que los procesados no vuelvan a delinquir en ese plazo y que abonen el importe de las multas que también se le impusieron. Algunos de ellos solicitaron el fraccionamiento de esos pagos, a razón de 90 euros mensuales.
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