El Comité del Mar Menor rechaza la reforma de la ley de PP y Vox y habla de «involución»

El dictamen, elaborado a través del consorcio europeo Coast Scapes y al que ha tenido acceso LA VERDAD, habla de una «involución» en la protección de la albufera y de un cambio en el modelo de intervención pública para proteger la laguna con el fin de sustituirlo por otro «más flexible» y «menos exigente». Con dichas reformas, se produciría «un desmantelamiento de la gobernanza» y del control parlamentario y un «debilitamiento» del régimen sancionador. El PP, por ejemplo, propuso cambiar la actual regulación de las multas en la ley autonómica por el que mantiene la legislación estatal para la vigilancia sobre el uso de fertilizantes químicos y abonos en el campo, donde la penalización económica es de inferior cuantía.

Desde una perspectiva constitucional, el informe jurídico, firmado por la profesora en Derecho Administrativo en la UMU y experta en legislación ambiental, María Giménez Casalduero, advierte que estas reformas chocan frontalmente con el artículo 45 de la Constitución Española, que impone a los poderes públicos el mandato, no solo de conservar, sino de restaurar los ecosistemas degradados. Al reducir de forma injustificada los estándares de protección ya alcanzados, se vulnera el principio de «no regresión ambiental», el cual exige una «motivación reforzada» y pruebas de que no existen «alternativas menos lesivas» para el medio ambiente.

Casalduero, que fue diputada de Podemos cuando la Asamblea aprobó en 2018 la ley de medidas urgentes del Mar Menor -quedó derogada por la norma actual-, alerta sobre el riesgo real de que estas modificaciones deriven en procedimientos de infracción ante la Comisión Europea o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente por el riesgo de incumplimiento de las directivas de Hábitats y Nitratos. España ya ha sido denunciada ante este órgano judicial por, entre otras razones, no haberse aplicado medidas reforzadas en el Mar Menor antes de que entrara en vigor la ley regional.

Propuesta atascada

El presidente del Comité de Seguimiento y portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, Pedro Luengo, centró su crítica, sobre todo, en la reforma que propusieron los populares, al rebajar las sanciones económicas a los infractores y porque el incumplimiento grave o muy grave de la ley ya no implicaría la pérdida de ayudas públicas de la Comunidad. Luengo incidió en que el que «incumple tiene que saber que la gravedad» de sus actos «es mayor» al haber «un ecosistema en riesgo de colapso», y saltarse las normas «tiene unas consecuencias».

Tras la reunión de este viernes en Los Alcázares, el próximo lunes será el turno para los miembros del Comité de Representantes (donde están las administraciones y los ciudadanos), que tomará previsiblemente la decisión de trasladar a la Asamblea Regional el rechazo a esas propuestas normativas de PP y Vox. La valoración de estas iniciativas legislativas llega en un momento de incertidumbre sobre esta cuestión en la Asamblea. La propuesta del partido de Santiago Abascal fue impulsada por José Ángel Antelo, hoy suspendido cautelarmente de la formación y expulsado del grupo parlamentario.

Ahora, los parlamentarios de Vox buscan por su lado, y Antelo y Virginia Martínez por el suyo (ambos en el Grupo Mixto), reactivar la propuesta presionando al PP con el apoyo a los Presupuestos regionales que necesitan desde uno u otro bando. Sin embargo, los populares no han mostrado signos de querer acelerar la operación para cambiar la ley del Mar Menor.

Obras contra inundaciones

El órgano consultivo citó ayer como invitado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, para que diera cuenta de las obras hidráulicas proyectadas en la cuenca del Campo de Cartagena y los avances en la ordenación de las aguas subterráneas. El dirigente del organismo de cuenca avanzó que, tras cinco años aplicando las medidas cautelares que limitan el uso de fertilizantes en el regadío o la actividad ganadera en la zona, la CHS ha detectado que esas restricciones «van dando resultados» en el control sobre el sector. En concreto, «están consiguiendo frenar la carga contaminante», sobre todo por los nitratos, que se infiltra en el suelo.

La comparecencia de Urrea se focalizó, ante todo, en el «ambicioso programa de obras» para frenar las continuas inundaciones que sufren municipios como Los Alcázares. Dijo estar «con los ciudadanos porque los tiempos están siendo quizás excesivos», al tiempo que alegó que estos proyectos «son técnicamente complejos y requieren de un tiempo». Pese a ello, el organismo de cuenca prevé «lanzar el máximo de obras» en 2027.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, se preguntó ayer «cómo es posible que obras destinadas a salvar vidas tarden más de cinco años en licitarse», lamentó, al tiempo que denunció una parálisis administrativa que, a su juicio, ignora las pérdidas acumuladas (más de 20 millones de euros desde 2019).

Los equipos de limpieza encargados de retirar la biomasa originada en las aguas del Mar Menor por el exceso de nutrientes redoblaron ayer sus esfuerzos tras la tormenta del jueves. Los Alcázares recibió hasta 150 litros por metro cuadrado que inundó calles y generó escorrentías hasta la laguna salada. Un retén de la empresa encargada por la Consejería de Medio Ambiente peinó las playas principales del municipio para retirar la ova verde.

«Estamos actuando desde el primer momento con todos los medios necesarios para minimizar el impacto de este episodio de lluvias sobre el ecosistema y mantener una vigilancia constante sobre la evolución del Mar Menor», señaló este viernes el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. «El ecosistema se mantiene estable dentro de la fragilidad, pero este año hidrológico está siendo especialmente húmedo y eso nos obliga a extremar la monitorización y la capacidad de respuesta», añadió. En lo que va de año hidrológico, la rambla del Albujón ha aportado ya 8,35 hectómetros cúbicos al Mar Menor, frente a los 4,12 del mismo periodo del año anterior, lo que supone duplicar las entradas registradas hace un año.

El consejero explicó que durante las próximas semanas se reforzará la monitorización del ecosistema para analizar la evolución de parámetros clave como el oxígeno, la salinidad o la clorofila. «Aún es pronto para realizar una valoración exhaustiva del impacto de estas lluvias, pero los datos de los próximos días serán determinantes para conocer cómo responde el ecosistema ante esta nueva entrada de agua dulce», indicó.

Desde comienzos de año, el volumen de biomasa retirada refleja ya las consecuencias del incremento de precipitaciones registrado durante el actual año hidrológico. Solo en enero se retiraron 1.158 toneladas. En febrero se alcanzaron las 1.540 toneladas y en marzo otras 1.921 toneladas más. En el primer trimestre del año se superaron las 4.600 toneladas retiradas, más del 45% de todo el material recogido durante 2025.