El Pleno de Cartagena aprueba una moción contra los tránsfugas sin la presencia de los exconcejales de Vox

El encargado de presentar la propuesta fue el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, quien fue cesado ayer como vicealcalde y expulsado del gobierno de Noelia Arroyo junto al edil Diego Lorente. El líder local de los de Abascal esperaba confrontar con los dos antiguos concejales de su grupo, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, pero ambos decidieron no presentarse en el Pleno, ahorrando a todos un debate que podría haber sido mucho más tenso.

Vox quiso expresar con esta propuesta, que fue presentada antes de que Diego Salinas decidiera salir del gobierno, su adhesión al Pacto Antitransfuguismo. En concreto, López Pretel pedía que los ediles que abandonan sus partidos y retienen sus actas no gocen de ningún privilegio que les pueda equiparar a los ediles que permanecen fieles a sus grupos políticos, entre ellas la de disponer de asesores. Un recurso del que aspiraba a gozar Sánchez del Álamo.

La ocasión fue aprovechada por el PP para reprochar a MC el trato brindado por los cartageneristas a la edil no adscrita María Dolores Ruiz. Asimismo, evidenció que Jesús Giménez Gallo se opuso inicialmente a votar las mociones de Ruiz por considerarla «tránsfuga» y, después, para justificar la participación de los exediles de Vox en la moción de censura, habló de que podía hacer «exploración de votos».

Ruiz abundó en ese relato reprochando a sus excompañeros de MC que le abrieran un expediente disciplinario en el que, según ella, alegaron que no cumplía con sus obligaciones como concejal porque, supuestamente, estaba atendiendo a una hermana que tenía cáncer. Asimismo, subrayó la «situación anómala» de que una edil no adscrita como Sánchez del Álamo siga formando parte del gobierno y cobrando como concejal de área. «O eres no adscrita y cobras 1.000 euros o te quedas en Vox», instó a la edil sugiriendo que se lleve al asunto a los tribunales.

Tras la votación, en la que el PP votó a favor, Ruiz acusó al PP de aplicar una «doble moral» y recordó que los populares decidieron salirse del Pacto Antitransfuguismo después de la frustrada moción de censura contra Fernando López Miras en la legislatura pasada.

Este mismo gancho fue aprovechado por el portavoz socialista, Manuel Torres, que valoró que no puede oponerse a un pacto en el que está inscrito su partido. Es más, animó al PP a regresar a dicho compromiso y a Vox a que se sume formalmente.

Jesús Giménez Gallo, por su parte, cargó contra Arroyo, a quien recordó que hay una sentencia que declara nulos los nombramientos que hizo de los ediles expulsados del PSOE en la pasada legislatura. Para el líder cartagenerista, el PP también se valió de tránsfugas para acceder a la alcaldía anteriormente y con el fin de impedir que gobernara MC, que fue la lista más votada en 2019. Una actuación que, criticó, la alcaldesa vuelve a repetir sirviéndose de dos concejales que eran de Vox para abortar una moción de censura que iba a aupar a los cartageneristas al liderazgo del gobierno local.

López Pretel finalizó el debate cargando directamente contra los antiguos miembros de su partido, a los que afeó tener «la gallardía» de no asistir al Pleno y reclamó a Arroyo que no cobren ninguno de los dos la remuneración por asistencia a la sesión de este jueves. Asimismo, reconoció que su moción buscaba «avergonzar» a los ediles no adscritos por su «triple moral».

El portavoz de Vox también reclamó en tono irónico al Ejecutivo del que ha sido expulsado que ponga Internet a los dos exconcejales de Vox para que conozcan las noticias sobre corrupción que asolan a nivel nacional al PSOE. «Se enteraron ayer», expresó en relación al comunicado en el que justificaron que se salían de la moción de censura por la situación política de los socialistas. «Han conseguido manchar a todos los grupos políticos. Todos salimos manchados por el transfuguismo y la poca verguenza», reivindicó.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, aseguró este jueves, antes de la celebración del pleno municipal, que el Gobierno de Noelia Arroyo atraviesa una situación de debilidad política tras haber pasado «de 14 a 11 concejales» en apenas un mes, en referencia a la crisis interna abierta en Vox y al fracaso de la moción de censura impulsada contra la alcaldesa.

Giménez defendió que las explicaciones «no las tiene que dar MC», sino el propio Ejecutivo local, y recordó que llegó a existir «un documento firmado ante notario por 14 concejales para remover a la alcaldesa» debido, según afirmó, a «los graves problemas económicos» del Ayuntamiento, la subida de impuestos y la aprobación de «un plan general nocivo para Cartagena».

El dirigente cartagenerista insistió en que su formación «se mantiene en el mismo sitio» y seguirá trabajando «a disposición de todos los cartageneros», independientemente del resultado político de la moción prevista para el próximo 2 de mayo. «Si no es este martes, será en mayo de 2027», afirmó, reivindicando que el proyecto de MC «es para Cartagena».

Preguntado por las negociaciones previas a la moción de censura, Giménez evitó dar por cerrados los apoyos y aseguró que «hasta que no se levanta la mano los plenos no terminan». «Hay un pleno convocado el día 2 y asistiremos», señaló, ironizando además sobre la estabilidad del Ejecutivo local: «Ahora la estabilidad es tener 16 concejales en contra. No sabemos mañana cuál será la estabilidad para la señora Arroyo».

El portavoz de MC también se refirió a la decisión de la concejal Sánchez del Álamo de apartarse de la operación política. Según explicó, recibió mensajes de la edil «excusándose porque no ha podido afrontar las presiones que ha padecido», aunque evitó concretar más y emplazó a ella misma, a la alcaldesa y al concejal Diego Salinas a explicar «cuáles son esas presiones».

Giménez aprovechó además para cargar contra la gestión del Gobierno municipal y del Partido Popular, asegurando que Cartagena «se ha acostumbrado a perder oportunidades», citando proyectos como el CITEC-Caetra, el centro de microchips, el cuartel de la Guardia Civil o la Ciudad de la Justicia. Frente a ello, reivindicó que MC representa «una alternativa para que Cartagena deje de perder».

El Pleno rechazó asimismo una moción de urgencia presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, para crear una comisión de investigación sobre la situación económico-financiera del Consistorio.

La propuesta no salió adelante al no alcanzar la mayoría absoluta requerida para este tipo de iniciativas. La moción obtuvo el respaldo de trece concejales —los correspondientes a MC Cartagena, PSOE, Sí Cartagena y la edil no adscrita María Dolores Ruiz—, mientras que PP y Vox votaron en contra. Para su aprobación eran necesarios catorce votos favorables.

Antes del debate de fondo, el Pleno votó la urgencia de la iniciativa, que fue apoyada por todos los grupos políticos excepto el PP.

Durante la sesión, la secretaria general del Pleno advirtió de que la propuesta debía contar no solo con la firma del PSOE, que dispone de cuatro concejales, sino con el respaldo de al menos una cuarta parte de la corporación municipal para poder ser debatida. Este requisito quedó cumplido tras la adhesión formal de MC Cartagena, Sí Cartagena y María Dolores Ruiz a la moción socialista.

La iniciativa planteaba la creación de una comisión no permanente de investigación con el objetivo de analizar «la situación real de las cuentas municipales, los compromisos económicos existentes y los riesgos presupuestarios, financieros y de tesorería» del Ayuntamiento.

Entre los asuntos que la comisión pretendía estudiar figuraban la ejecución de los presupuestos municipales, la deuda viva, las operaciones de crédito, las facturas pendientes de pago, el periodo medio de pago a proveedores, los contratos y concesiones con impacto económico, así como posibles contingencias judiciales o responsabilidades patrimoniales con incidencia en las cuentas públicas.

La moción también proponía analizar la situación económica de organismos autónomos y sociedades municipales, así como el estado de subvenciones, fondos europeos y transferencias comprometidas que pudieran suponer riesgos de devolución o pérdida de financiación.

El texto establecía que la comisión estaría integrada por representantes de todos los grupos municipales en proporción a su representación plenaria y que debería constituirse en un plazo máximo de diez días hábiles. Además, contemplaba la elaboración de un informe final en un periodo máximo de tres meses.

Tras la votación, el interventor municipal intervino para aclarar que gran parte de la información cuya revisión reclamaba la propuesta «está disponible» y se presenta anualmente a través de la Cuenta General del Ayuntamiento, documento del que se da cuenta en el Pleno municipal.

El PSOE justificó la iniciativa por la «gravedad» de los datos económicos conocidos en el informe correspondiente al primer trimestre del año y por considerar que parte de la información financiera no había sido suficientemente explicada públicamente.