Fernando Vélez: «Las denuncias por exposición al calor se han disparado en los últimos años»

-¿Qué análisis hace del grado de cumplimiento existente en nuestra Comunidad por parte de empresas y trabajadores en el ámbito de la legislación laboral en general?

-Uno siempre se fija en indicadores y estadísticas. Pero es una pregunta difícil de responder. Al final, es una apreciación subjetiva, puesto que está mediatizada por el hecho de que desde nuestra óptica lo que vemos aquí son los problemas, las presuntas irregularidades. Porque, objetivamente, el número de denuncias se incrementa año tras año de una manera importante. Pero eso no lo veo como un indicador de que estemos peor, ya que hay mayor actividad económica, mayor concienciación, más información. Por ejemplo, hay un incremento exponencial de denuncias sobre exposición al calor, pero no es porque hayan empeorado las condiciones de trabajo, simplemente que antes se asumía como algo que no había más remedio que soportar, cuando ahora hay una concienciación de que no es así. También están las denuncias por discriminación y acoso, que hace unos años casi no se daban. De modo que influye que hay más recursos, más medios y más concienciación. Y si aparecen denuncias es porque las personas saben que existen instrumentos para atajar las situaciones. En suma, todo evoluciona a mejor, hay mayor conocimiento. Eso no quita que siga habiendo muchas carencias en elementos esenciales, impagos de salario ante excesos de jornada, economía sumergida, trabajadores sin dar de alta.

-¿Es mayor el compromiso de todos para la mejora en este ámbito?

-Hay una mayor concienciación, pero también existe una legislación que va avanzando en la protección de los trabajadores, una legislación que con sus carencias también clarifica los derechos y obligaciones de los empresarios, aunque haya necesidad de mejoras. Asimismo, más trabajadores autónomos denuncian las condiciones en las que trabajan habitualmente para determinadas empresas. Pero, bueno, soy de los que opinan que la tendencia siempre es de mejorar, aunque no sea de un año para otro, pero sí visto en una perspectiva en el tiempo. Los datos de incremento de sanciones tampoco quiere indicar que haya empeorado la situación, simplemente que hay mayor control y mayores actuaciones que realizamos.

-Las cifras de siniestralidad varían cada año, pero acontece cierto repunte de los datos en el último ejercicio, sobre todo, los accidentes laborales con fallecidos. ¿Le preocupa?

-Los datos son fríos, aunque en siniestralidad es el mejor indicador que tenemos. En cualquier caso, se necesitan matices. Porque hay siniestralidad que está ligada íntimamente a fallos en el cumplimiento de la legislación, y hay otra que no. Pero es que, además, hay situaciones de carencia en prevención de riesgos que por fortuna no han generado un accidente de trabajo. Como tampoco quiere decir que estemos mejor cuando se da una bajada. Por ello, ni un incremento puntual nos puede llevar a decir que estamos peor, y un descenso tampoco significa que nos encontramos mejor. En cualquier caso, por supuesto, la tendencia del índice de incidencia, que se maneja siempre como señal más fiable, registró una bajada drástica hace años, y se ha quedado en ese punto. En 1999, Murcia alcanzaba hasta 100 accidentes por cada 1.000 trabajadores, mientras que ahora estamos en 28.

-La evolución de la seguridad en la construcción habrá influido mucho al respecto, gracias al mayor avance en las medidas de protección y al salto en la concienciación en este sector.

-Es verdad que la bajada drástica de accidentes llevó a que en 2012 se tocase suelo en siniestralidad, reduciéndose el índice de incidencia ese año hasta 12, manteniéndose después en un nivel bajo, más allá del parón en la construcción y de que tras la crisis de esta empezase luego a recuperarse más la actividad. Por lo que la incidencia se ha mantenido en ese suelo bajo.

-En qué medida es importante seguir trabajando la prevención con más campañas de concienciación.

-Siempre hay que seguir insistiendo. Por parte de la Administración autonómica hay un instrumento muy poderoso, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que realiza múltiples campañas y acciones formativas dirigidas a los técnicos que luego son los que tienen que implantarlo en la empresa. Las organizaciones empresariales también tienen su gabinete específico de prevención. Mientras que nuestra labor es inspectora y sancionadora, aunque también algunas acciones que realizamos tienen ese enfoque informativo. Por ejemplo, en prevención de riesgos laborales desarrollamos en torno a 30 campañas específicas y dos de ellas son divulgativas, a través de cartas que remite la Inspección.

-En esta época del año, con las altas temperaturas, emerge el mencionado riesgo de los golpes de calor en el trabajo, ¿se detectan más denuncias?

-Si analizamos la evolución de los últimos años, hay que decir que se han disparado las denuncias vinculadas a exposición de calor. Exactamente, las actuaciones realizadas y finalizadas en la campaña de control de condiciones ambientales extremas ascendieron a 200 en la Región el pasado año, de las que 43 fueron denuncias por dicha exposición, cuando en el ejercicio anterior se produjeron 29 denuncias sobre un total de 227. Sin embargo, el problema siempre ha estado ahí, de hecho recuerdo haber investigado algunos golpes de calor mortales en los años 2001 y 2002. Lo que pasa es que apenas se denunciaba pese a que había infinidad de afectaciones. Por eso digo que se ha avanzando.

-¿Es más fácil fiscalizar y perseguir los incumplimientos en la actualidad?

-Existen en la actualidad más medidas y recursos, además de una legislación, para hacer frente a los golpes de calor en el trabajo. De ahí que el incremento exponencial no creo que se deba a un empeoramiento de la situación, porque puedo asegurar que a finales de los años 90 probablemente existían más situaciones de gravedad. Otra cuestión es que en ocasiones la denuncia no puede probarse, acreditarse. Por ello, tampoco es baremo para decir que haya empeorado todo.

-Sin embargo, la siniestralidad mortal sí ha crecido en el último año, ¿existen motivos que lo expliquen?

-La siniestralidad tiene altibajos y, efectivamente, en el año 2022 y en el pasado 2025 se registraron cifras que se han salido de la tónica general en accidentes mortales -21 fallecidos en 2024 frente a 37 en 2025-. Pero no se pueden sacar conclusiones por un año puntual, de forma que tampoco permite hacer una valoración sobre un empeoramiento brutal si de nuevo se vuelve a las cifras habituales.

-Eso sí, cada vez hay más incidencia de accidentes en desplazamientos.

-La tendencia es la misma que ha tenido en general la siniestralidad. Hay que distinguir los propiamente ‘in itinere’ con respecto a los accidentes en misión. En los primeros, la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales es más complicada. Porque estamos hablando de una actuación particular del trabajador que se desplaza por carretera de su casa al trabajo o viceversa. Ahí las evaluaciones de riesgo pueden hacer algo, pero influyen otros factores que escapan al control de la Administración y de las propias empresas. Distinto es el segundo, el accidente en misión, es decir, cuando es el trabajador el que tiene que ponerse en carretera dentro de su jornada de trabajo, donde si se puede hacer bastante más por parte de la empresa y mayor control por parte nuestra. Sobre todo, nos causa una especial preocupación, al estar muy encima los siniestros en el caso de las furgonetas, tanto las de reparto, aunque fundamentalmente las utilizadas en los desplazamiento de trabajadores de fincas agrícolas o de la construcción. Y es que tenemos una casuística superior a otros territorios por la propia fortaleza de nuestro sector agrícola, lo que ha dejado consecuencias fatídicas de accidentes mortales. En 2025 se vieron afectadas 17 furgonetas; 33 en 2024; y 14 en 2023. Eso nos ha llevado a la Inspección de Trabajo a dedicarle una especial atención.

-Hablemos de la economía sumergida, ¿la hemos podido ir acotando, o todavía no somos capaces de abarcar y reducir sus dimensiones?

-Desde la óptica de mi mesa podría parecer que hay mucha, pero insisto en que no es una apreciación válida, porque aquí lo que veo son todas las denuncias y expedientes que se han detectado. Por otro lado, aunque la economía sumergida no se puede medir con un dato matemático, los economistas y los sociólogos son capaces de acercarse a la realidad. Un estudio del CES de 2004-2005 la estimaba en un 22%, y el último informe que se hizo hace un par de años, aunque no concitó unanimidad, la situaba ya en torno al 17%. Claro que yo, como jefe de Inspección de Trabajo, no puedo afirmar que la economía sumergida esté disparada o esté controlada.

-¿Y cómo se implican los trabajadores inmigrantes ante casos de irregularidades que pueden sufrir directamente?; ¿colaboran o tienen miedo?

-Vemos también más concienciación y participación. A principios de los años 2000 costaba mucho que los afectados nos contaran cosas. Así que se ha evolucionado. Ahora recibimos numerosas denuncias, incluso de trabajadores que no tienen autorización de residencia, pero que se animan a contarlo, ya que los derechos laborales esenciales vinculados a la dignidad de la persona son irrenunciables, incluso si no tienen autorización para trabajar. Por ello, lo pueden denunciar. Y eso se lo trasladamos a ellos siempre, que tienen derecho a su salario, a una jornada digna, a la prevención de riesgos laborales. En ocasiones, vienen de la mano de asociaciones, sindicatos, que les ayudan a interponerlas. Los trabajadores sudamericanos interactúan mucho, igualmente los de origen marroquí, aunque es verdad que otras nacionalidades africanas, menos.

-¿Cree que se actúa con la contundencia necesaria a la hora de combatir la economía ‘en negro’?

-Es que como Inspección de Trabajo lo que más nos tiene que preocupar es la economía sumergida. Pero no solo porque descubramos un defecto en un contrato laboral, o porque se haya hecho una medición defectuosa de un contaminante, o porque no se haya contratado un servicio de prevención, ni hayan hecho revisiones médicas, entre otros aspectos; sino porque el mayor problema está en que al lado de estas empresas a las que nos dirigimos en la economía regular y que pueden cometer errores, existen otras que no es que cometan fallos, es que tienen actividad oculta y compiten. De ahí que para abordar con contundencia los incumplimientos que las firmas regularizadas puedan cometer, lo primero es trasladarles el mensaje de que la mayor contundencia tiene que ser la lucha contra quienes operan de forma irregular. Así sucede, por ejemplo, con quienes tienen trabajadores sin dar de alta, sin pagarles un salario acorde a convenio, sin ajustarse a las jornadas, compitiendo de una manera desleal. Por tanto, es importante, igualmente, advertir a los empresarios que usan los servicios de estas empresas sumergidas, que pueden tener responsabilidades solidarias por contratar a trabajadores a través de este tipo de empleadores.

-¿Se puede evaluar si estamos mejor o peor en la comparación con otras comunidades autónomas?

-Aquí vienen compañeros que han ejercido en otras provincias, y unos consideran que hay menos afectación, y otros que hay más. Entonces, todo es relativo. Tampoco podemos comparar la evolución por territorios porque cada uno tiene sus modelos económicos, población, etc. En nuestro caso, está el peso que tiene la agricultura. Y es que sectores como el campo, los servicios prestan más a la economía sumergida. También influye la presencia de mayor población extranjera sin permiso de trabajo. Al final, todo depende de muchas variables.

-¿Se cuenta con los medios suficientes para esta lucha?, ¿sería necesario reforzar la plantilla de la Inspección?

-Tenemos 81 inspectores y subinspectores en la Región, cuando a principios de los años 2000 seríamos un tercio de estos. La plantilla se ha duplicado en los últimos 15 años, y si nos vamos un poco más allá casi se ha triplicado. Recuerdo que cuando llegué éramos 20. Claro que es cierto que la población activa ha crecido mucho. Entonces, sobre si es suficiente la plantilla, pues se entiende que siempre es mejorable, como todo en la vida. Sin embargo, estamos en un ratio de incremento ligeramente superior y que va prácticamente acompasado a la media nacional. No obstante, ya se sabe que todos los recursos son pocos. Porque tenemos una población ocupada que supera los 650.000 trabajadores. Así que aunque podemos hacer más que hace unas décadas, es evidente que si fuéramos 100 funcionarios pues haríamos más.

-En cualquier caso, aparte del temor a las sanciones, ¿piensa que se avanza en una nueva mentalidad cultural de más cumplimiento de la legalidad?

-Quiero creer que sí, que se asume que hay que tener a la gente en regla. Yo me entrevisto con organizaciones empresariales y, por supuesto, están en esa línea, la de la legalidad y de cumplir. Y puedo dar fe de ello que así se lo trasladan a sus asociados.

-Por cierto, ¿cómo son las relaciones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la labor diaria?; y ¿cómo definiría la colaboración con la autoridad laboral autonómica?

-Estoy muy satisfecho con la colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil para ser lo más contundentes posibles. El año pasado hicimos 770 visitas conjuntas. Y lo mismo sucede con Fiscalía. En cuanto a las relaciones con la administración autonómica son magníficas. Hay que tener en cuenta que forma parte del Consejo Rector de la Inspección de Trabajo, y toda la planificación se realiza atendiendo también sus indicaciones y sugerencias. Así que en el día a día, la comunicación es plena y satisfactoria.

«El control de las horas es el tema estrella»

-¿Se detectan más casos de incumplimiento de jornada laboral, en el registro de horarios?; ¿cómo han evolucionado los expedientes?

-Sí, se ha producido ahí un incremento en el número de denuncias y actuaciones programadas por parte de la Inspección de Trabajo. Tanto a partir de la presentación de una denuncia formal, o también mediante el uso del buzón del fraude de denuncias anónimas que tiene habilitado la página web del Ministerio. De hecho, es el tema estrella junto con el del impago de salarios. Así que en el año 2025, las propuestas de infracción se elevaron a 589 en la Región de Murcia, referidas tanto al control del exceso de jornada, como a la falta de registro de horario, mientras que en 2024 y 2023 fueron 462 y 460, respectivamente. Con todo, hay que aclarar que las denuncias a veces podemos comprobar que son ciertas y otras veces no somos capaces.

-Los cambios regulatorios afectan.

-Claro que están más en boga porque ha habido reformas. Pero que se produzcan más denuncia no quiere decir tampoco que se haya empeorado en este ámbito y que estemos peor que nunca, aunque las estadísticas son las que son. También hay más funcionarios vigilando.

-El desarrollo de una economía más terciarizada y digital, ¿en que medida condiciona el futuro?

-Por citar ejemplos, es público y notorio el control que se ha realizado sobre las plataformas telemáticas de reparto (‘delivery’), sobre las que se siguen realizando actuaciones, por considerar que los trabajadores eran falsos autónomos. Otro reto es el teletrabajo y el control de sus condiciones. Aunque por el momento la cifra de denuncias es insignificante. Pero habrá que ver el uso de la IA y de algoritmos en decisiones como la escala salarial.