La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ( … CARM) han desarrollado la operación ‘Capybaramur’, una investigación que ha permitido destapar una trama delictiva que facilitaba la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de forma ilícita.
Durante la operación, se ha identificado, localizado e investigado a 13 personas, a las que se les han instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos continuados de falsedad documental y contra la seguridad vial.
Especialistas de Tráfico de la Guardia Civil abrieron la operación en mayo del pasado año 2025, para coordinarse con la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Región de Murcia durante los exámenes celebrados en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, por lo que se desplegó un amplio dispositivo de control para evitar posibles suplantaciones de identidad y detectar sistemas electrónicos utilizados para cometer fraude en las pruebas de obtención del CAP.
Más de una veintena de aspirantes detectados
Durante las inspecciones se sorprendió a hasta 23 aspirantes que utilizaban dispositivos de intercomunicación ocultos. Meses después, en nuevas convocatorias de examen del CAP, celebradas en enero de este año, los guardias civiles comprobaron que continuaba el uso de este sistema fraudulento. Algunos de los aspirantes sorprendidos ni siquiera comprendían el español, aunque este es el único idioma para la prueba oficial.
Ante estos hechos, se intensificó la colaboración entre la Dirección General de Movilidad y Transportes de la CARM, que puso alertó a la Guardia Civil de que, durante las inspecciones realizadas en centros de formación, se detectaron irregularidades en una autoescuela de Molina de Segura, donde se manipulaban, presuntamente, los registros biométricos de asistencia obligatoria para simular la presencia de alumnos que realmente no acudían a las clases.
Los primeros pasos de la operación condujeron a la identificación de tres intermediarios, que se encargaban, presuntamente, de organizar el fraude y facilitar los medios tecnológicos empleados para superar los exámenes para la obtención de este certificado. Por cada trámite cobraban a los interesados entre 2.000 y 2.500 euros.
Fruto de la investigación, los guardias civiles de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Murcia, en colaboración con la Dirección General de Movilidad y Transportes, han identificado, localizado e investigado a 13 personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos continuados de falsedad documental y contra la seguridad vial, por la generación de un grave riesgo para la circulación.
Grupo delictivo organizado y jerarquizado
Entre los investigados en la trama delictiva ahora desmantelada se encuentra el gerente de una autoescuela, como líder o cabecilla; tres intermediarios o ‘conseguidores’, que hacían las funciones ‘comerciales’ o de captación de objetivos; y otros nueve empleados del cabecilla, que falsificaban los registros biométricos de asistencia a los cursos obligatorios previos al examen del CAP.
El delito de falsedad documental está recogido en el artículo 392 del Código Penal y es castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. A su vez, el delito contra la seguridad vial, previsto en el Artículo 385, se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.
Medio millar de inspecciones durante 2026
En lo que va de año se han realizado 486 de actuaciones inspectoras. Además, se han reforzado los controles en los exámenes, en los que se ha prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, que conlleva la expulsión inmediata de la prueba y la penalización de dos convocatorias para quienes sean sorprendidos.
La Guardia Civil destaca que este tipo de actuaciones ponen en riesgo la seguridad en las carreteras, ya que permiten que personas sin la preparación necesaria puedan acceder a autorizaciones profesionales para la conducción de vehículos de transporte.
Cuando una persona obtiene un permiso o una capacitación para conducir, aporta a la sociedad la garantía que tiene conocimiento de las normas que regulan la circulación y que ha recibido formación y aptitudes sobre una conducción segura.
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Enlace de origen : Cae una trama dedicada a la obtención fraudulenta del Certificado de Aptitud Profesional en la Región
