El Tribunal Supremo admitió a trámite este lunes el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto del proceso … extraordinario de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular puesto en marcha por el Gobierno de España.
Los servicios jurídicos de la Comunidad presentaron el recurso el pasado jueves 4 de junio, aunque no solicitaron la suspensión cautelar del procedimiento, una medida que ya pidieron la Comunidad de Madrid y Vox en abril y que el Supremo acabó tumbando.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado al Gobierno regional la decisión en una diligencia de ordenación fechada el pasado viernes y a la que ha tenido acceso LA VERDAD, dentro de la batalla judicial y política emprendida contra el procedimiento por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que defienden que el Gobierno de España lo diseñó sin haberlo consensuado con las comunidades» y sin garantizar «financiación suficiente». En concreto, el Gobierno regional sostuvo en su recurso que el proceso «vulnera el principio de autonomía financiera» de las comunidades.
La regularización se encuentra en plena recta final, ya que el plazo máximo para que las personas que pueden beneficiarse de ella presenten sus solicitudes acaba el próximo 30 de junio, aunque la plataforma Regularización Ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para que el plazo se amplíe con el fin de evitar que algunas personas puedan tener problemas para completar los trámites antes de ese momento.
Las cifras comunicadas por el Ministerio a las entidades sociales, que están teniendo un papel activo en la tramitación de solicitudes y certificados de vulnerabilidad, señalan que ya se han recibido más de 900.000 solicitudes en toda España, superando las estimaciones del Gobierno estatal, que esperaba rondar las 750.000 peticiones, de las que calculaba que se derivarían en torno a medio millón de regularizaciones efectivas. En entidades sociales como Fundación Cepaim, su presidente, Juan Antonio Segura, se muestra convencido de que se va a superar el millón de solicitudes, aunque descarta que se trate del fruto del «efecto llamada» al que han aludido en los últimos meses desde el Partido Popular, Vox y diversos sindicatos policiales.
Un frente judicial polémico
El Gobierno de la Región de Murcia considera que la modificación del real decreto supone «una disposición de carácter general que atenta contra los intereses generales de la Comunidad, por cuanto incide en su ámbito competencial y, en concreto, en materia de asistencia social e integración de estas personas».
Por otra parte, ha insistido en la idea de que ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conllevara un incremento de personas destinatarias de prestaciones que debe gestionar la Comunidad. Asimismo, considera que el Real Decreto «vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados».
La decisión del Ejecutivo regional de llevar a los tribunales la regularización, que cuenta con el apoyo de entidades sociales, sindicatos y patronal, provocó la elaboración de un comunicado conjunto de CC OO y UGT, que tacharon la actitud de la Comunidad de «irresponsable» y defendieron que la Comunidad «le está dando la espalda a la economía regional», dada la necesidad de mano de obra en sectores productivos claves para la Región.
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