Miles de hectáreas de regadío en la Región de Murcia siguen pendientes de una regularización

El debate abierto recientemente por el nuevo titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, sobre el deseo de aumentar la superficie de regadío en la Comunidad ha sido acogido con más o menos escepticismo entre las entidades que representan al sector agrario. No ven mal poner sobre la mesa esta cuestión para fijar una posible hoja de ruta, pero entienden que las prioridades son otras -como también sostiene el consejero- ante la amenaza del recorte al acueducto, la reducción de los bombeos en pozos de riego y el lento avance de las inversiones en desalación.

Los últimos datos oficiales de 2024 reflejan que la Región contaba con una superficie de regadío de alrededor de 165.000 hectáreas, es decir, casi 25.000 menos que cinco años atrás. Las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias recuerdan que los desarrollos urbanísticos e industriales de este siglo, sumados ahora a la construcción de plantas solares sobre parcelas de regadío, han restado capacidad a este sistema de producción. Más que aumentar la superficie, piden al respecto recuperar esos terrenos mediante permutas para que no se pierdan las concesiones de agua autorizadas.

Consolidación de los perímetros

Al margen de esta cuestión, en la Confederación Hidrográfica del Segura sigue pendiente la tramitación de un gran número de expedientes de empresas o agricultores que piden el reconocimiento legal de miles de hectáreas de terrenos que se han venido regando históricamente, según fuentes del sector agrario y del Sindicato Central de Regantes (Scrats). Concretar estas cifras es complicado por el tiempo transcurrido desde los primeros intentos de legalización y porque, en la mayoría de los casos, se hace a nivel particular, aunque las fuentes estiman un elevado número de terrenos afectados. De hecho, la consolidación definitiva de superficies sin derecho de riego, ubicadas en su mayoría en grandes áreas vinculadas al Trasvase, es una demanda de largo recorrido.

La puesta en marcha de desaladoras como la de Águilas permitió la regularización de un gran perímetro regable al tener acceso a esos recursos no convencionales. Sin embargo, la planta de Valdelentisco generó -y sigue provocando- grandes dolores de cabeza a muchos productores que acabaron sancionados por la CHS por emplear sus recursos desalados sin permiso administrativo tras la sequía de 2016.

Regantes de Águilas, Lorca, Alhama de Murcia, Librilla, Fuente Álamo y otros municipios no olvidan sus demandas ante la CHS para legalizar las concesiones, pero los planes del organismo de cuenca son otros. El actual plan del Segura estima que en la demarcación se riegan 261.000 hectáreas, con una demanda hídrica anual de 1.476 hectómetros cúbicos. A partir de ahí, la institución que dirige Mario Urrea no contempla aumentar las dotaciones hídricas ni permitir un incremento de la superficie regable. Su línea de trabajo ha ido en sentido contrario, con el cierre de más de 9.000 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena, que no contaban con permisos de agua.

La expansión de este modelo productivo en la Región, dentro de las unidades de demanda agraria -que dividen e identifican grandes superficies agrícolas en función de la necesidad de agua-, sirvió como premisa para intentar legalizar cultivos intensivos al estar dentro de un perímetro oficial, pero muchos no han quedado inscritos en los registros de la CHS. El Scrats estima que podría haber al menos entre 6.000 y 8.000 hectáreas en esta situación, una cifra provisional. Muchas comunidades de regantes se centran en estos momentos en conseguir una redotación de recursos debido al déficit que padecen -como las del valle del Guadalentín-.

Jóvenes y zonas desfavorecidas

Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA ven primordial abordar dos cuestiones de cara al próximo plan de cuenca del Segura, que entraría en vigor en 2028. Los dos objetivos básicos de estas entidades son, por un lado, promover los regadíos sociales -cuya autorización bajo ciertas condiciones ayudaría a aliviar al secano más dañado por las sequías y a mejorar la renta de los jóvenes agricultores- y, por otro, asegurar los recursos hídricos necesarios para el regadío actual.

José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, no olvida que que «los planteamientos municipales y el desarrollo urbanístico se han quitado de en medio muchos regadíos», los cuales apuesta por recuperar. La pérdida de superficies que buscaban la consolidación final a través de la CHS es otra cuestión que, en su opinión, debería abordar el organismo de cuenca de cara al siguiente ciclo hidrológico.

Por su parte, Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, apunta que «la prioridad debería ser la modernización de los regadíos existentes en el Tajo y evitar restricciones en el Trasvase». La revisión de los perímetros de riego y una planificación hidrológica «coherente y razonable» son otros deberes apuntados para ese cuarto plan del Segura, que debería «garantizar» agua para una actividad «productiva que asegura la soberanía alimentaria» en Europa. El representante reclama también que, en caso de ampliar los regadíos, se tenga en cuenta a los jóvenes agricultores «con arraigo» familiar y profesional en determinados territorios: «Ellos deben ser la prioridad, y no las grandes empresas que vienen de fuera para plantar».

En línea con lo anterior, Marcos Alarcón, secretario general de UPA Murcia, señala que «aspirar a una mayor superficie de regadío es positivo para el sector agrario» por su mayor productividad, pero deben ponerse por delante las «zonas desfavorecidas» de la Región donde esta actividad pueda incorporar al mundo laboral a los más jóvenes. Alarcón, sin embargo, se sincera: «La realidad nos sitúa en el escenario que tenemos, en el que, incluso sin las amenazas de los caudales ecológicos y las nuevas reglas de explotación, no es posible trasvasar 600 hm³ al año porque no hay reservas en cabecera», matiza el portavoz agrario.

Las tres organizaciones subrayan que el regadío ha optado en los últimos años por la tecnificación y el mayor control de los recursos hídricos empleados, «aprovechando todas las fuentes» (Trasvase, desalación, aguas regeneradas y subterráneas).

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó ayer, con el voto en contra de PSOE y los diputados del Grupo Mixto, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, solicitar al Gobierno de la Nación que cualquier modificación de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura se tramite mediante norma con rango de ley y con debate en el Congreso de los Diputados. Asimismo, esta moción contemplaba que la revisión de los caudales ecológicos del Tajo sean revisados por el Cedex y que sean compatibles con el mantenimiento del Trasvase, tomando como referencia de planificación el objetivo medio de 328 hm³/año trasvasables al sureste español, para que no se consoliden nuevos recortes.