En su poco más de dos semanas como consejera de Salud, y al igual que hizo su predecesor en el cargo, Juan José Pedreño, Isabel Ayala … ha insistido ante los periodistas y en la Asamblea Regional en que el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha encontrado ninguna prueba de la presunta implantación de ‘stents’ caducados a pacientes. Y según recalca el Gobierno regional, la revisión, «uno a uno», de los historiales clínicos de 378 personas operadas en un centro concertado de la capital de la Región no ha arrojado, hasta ahora, evidencias del uso de mallas metálicas ni en un solo enfermo.
La Consejería descarta que haya habido riesgos para la salud, por la posible infección de mallas metálicas pasadas de fecha, y sostiene que el alcance de la trama es solo económico y que los ‘stents’, como otros productos, fueron facturados de forma irregular mediante maniobras contables en la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o central de compras del SMS, con sobreprecios del 100% a el 1.287%. Ya hay acreditado un fraude superior a los 900.000 euros y la estimación es que la cifra llegue a 6,9 millones de euros.
Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional informó en mayo al juez sobre el uso de un ‘stent’ pasado de fecha en marzo de 2022. Y, según confirmaron a LA VERDAD fuentes conocedoras de la causa, de forma paralela a la revisión del SMS, la segunda que realiza el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca, la Policía realiza su propio chequeo. Agentes de la UDEF, que investigan esta supuesta trama de corrupción bajo la coordinación del magistrado José Fernández Ayuso, titular de la plaza 7 del Tribunal de Instancia de Murcia, están examinando la documentación para descartar o confirmar el empleo de ese material sanitario.
Baipás en una pierna
Por el momento, los especialistas de la Policía han puesto la lupa sobre la información clínica y contable relativa a una treintena de todos los pacientes cuyas intervenciones quirúrgicas están bajo sospecha. El motivo es que solo han podido acceder a los partes de quirófano y las hojas de implante (el documento válido para la facturación del producto) que la Consejería remitió en 2025 a la Fiscalía, tras una inspección interna. Se trata de la información del 8% de las personas operadas en el centro concertado por el médico de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca R. T. M.
Este facultativo, detenido en mayo por la UDEF e investigado por cinco presuntos delitos, entre ellos uno contra la salud pública, realizó 492 intervenciones quirúrgicas derivadas por La Arrixaca entre mayo de 2018 y noviembre de 2025.
La Consejería insiste en que el nuevo chequeo descarta, por ahora, la implantación de mallas pasadas de fecha en un hospital concertado
Las fuentes consultadas recordaron que la Comunidad envió al Ministerio Público la documentación recabada, a modo de muestra, por la Inspección de Centros y Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud. Y agregaron que, a la vista del avance en sus pesquisas, la Policía no descarta solicitar al juez que ordene a la Consejería entregar la documentación sobre el 92% de la documentación restante.
Según el informe de la UDEF, el 21 de marzo de 2022 el médico imputado en esta causa intervino a un paciente para la reparación de vasos sanguíneos. En concreto, el enfermo se sometió a un baipás por un problema en su pierna izquierda, resuelto con la colocación de «un ‘stent’ no cubierto autoexpansible» de 6 milímetros. La irregularidad detectada por la Policía consiste en que en la hoja de implante aparecen como colocados «dos ‘stents’ con la etiqueta de ambos productos». Y se observa «que ambas fechas de caducidad son de febrero de 2022», mientras que la fecha de implante fue el 21 de marzo de ese año. Por lo tanto, concluyó la Policía, «presuntamente se ha implantado» el ‘stent’ «un mes después» de la fecha de caducidad establecida por el fabricante.
La UDEF argumenta que «como en el parte de alta casi nunca se especifica el tipo de productos que se utilizan, es imposible descartar la posibilidad de que los productos caducados se hayan implantado». Y añade, sobre este paciente concreto, que «el hecho de que estos productos caducados figuren en un parte quirúrgico a nombre de un paciente indica que han sido utilizados en la operación».
De Elche a Murcia
Ello, precisa la Policía en términos jurídicos, supone que «se podría estar ante un presunto delito contra la salud pública, por la compraventa de material caducado y por el »riesgo para la vida o la salud de las personas». Y atribuye este ilícito a S. D. M., el ex comercial de la empresa valenciana Logimed que sirvió el material, en presunta connivencia con dos jefes de compras del SMS; y dos administradores de la compañía privada: A. R. R. y S. Q. R.
Estas tres personas, sostienen los investigadores, «tenían conocimiento de estas caducidades» y de las de otros cientos de artículos de 59 productos comercializados por Logimed. Uno de los indicios contra estos imputados es un escrito anónimo enviado al Servicio de Inspección sanitaria, al SMS, a la Consejería y a la Fiscalía, en el que se indica: «Estos tres [artículos] también son de Vinalopó [de un hospital de Elche], pero por su caducidad los saco para ver si Sergio los puede implantar en Murcia».
De forma simultánea, la Policía ha intensificado las gestiones para recabar información «esencial» respecto a la compra de prótesis (‘stents’ y tapones de embolización para hemorragias) y fungibles (gasas) caducados que vendieron el comercial de Logimed y otras empresas.
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La Fiscalía enfoca las pesquisas como delitos contra la administración pública y la salud
La Fiscalía Superior de la Región de Murcia enfoca las diligencias penales sobre la ‘trama de las prótesis’ del SMS como una causa que abarca, fundamentalmente, delitos contra la administración pública (prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación y organización criminal), a los que se añade uno contra la salud pública. Por el momento, el Ministerio Público ha descartado que el asunto pase a depender de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene su sede en Madrid y una delegación en la Región.
Entre los motivos están que entre las trece personas investigadas no hay ninguna con la condición de aforado, ni ningún cargo político, y que solo se ha acreditado un fraude de unos 900.000 euros a las arcas de la Comunidad Autónoma, informaron fuentes cercanas al caso. El resto del dinero, hasta los 6,9 millones de euros calculados por la Policía Nacional, a partir de las estimaciones de la Inspección de la Consejería de Salud, está pendiente de una evaluación con detalle.
Esta tarea corresponderá a la Administración General del Estado, a la que ha encargado un informe pericial el juez. Se trata determinar el importe exacto del ‘agujero’ en las arcas autonómicas, como pidió hace meses la UDEF por la enorme complejidad de las pesquisas.
Piden bloquear cuentas
La Policía también solicitó en mayo al juez «medidas cautelares patrimoniales respecto de los principales investigados», como el bloqueo de «cuentas bancarias, inmuebles y vehículos».
Se trata de evitar que se deshagan de patrimonio de procencia ilícita, lo que dificultaría, en caso de ser condenados por la Justicia, la reparación del daño económico causado a la Administración autonómica.
Las averiguaciones corren a cargo de agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional, que a lo largo de meses han tomado declaración a sanitarios y personas de los ámbitos administrativo y empresarial, tanto investigados como posibles testigos de las irregularidades.
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Enlace de origen : La UDEF revisa los casos del médico que habría usado un 'stent' caducado
