Las claves del nuevo concurso de acreedores del Real Murcia

Es un procedimiento judicial para ordenar una situación de insolvencia. Cuando una empresa no puede atender con normalidad todas sus deudas, el juzgado abre una vía para saber cuánto debe, a quién, qué prioridad tiene cada acreedor y qué salida permite pagar lo máximo posible sin destruir la entidad. Se designa un administrador concursal encargado de revisar el patrimonio del deudor; recibe las reclamaciones de los acreedores, clasifica los créditos y elabora un informe preciso de la situación económica.

Que el club pasa a estar bajo supervisión judicial para ordenar una deuda privada que no ha podido resolver por las vías anteriores. El Real Murcia puede seguir funcionando, vender abonos, pagar nóminas, preparar la temporada, fichar jugadores o realizar obras, pero desde ahora lo hace bajo vigilancia de un administrador concursal.

Necesario. El Málaga CF presentó la primera solicitud el pasado 13 de marzo y el RCD Mallorca hizo lo propio el 6 de mayo. El club se opuso inicialmente a ambas, pero el 15 de junio se allanó para evitar prolongar el procedimiento hasta la vista señalada para noviembre.

El juzgado ha designado a José Vidal, de Aseproem Concursal S.L.P., como administrador concursal del Real Murcia. Su función no reside en dirigir el área deportiva ni decidir qué futbolistas debe fichar el club, sino vigilar la gestión económica de la entidad. Deberá revisar el patrimonio, comunicarse con los acreedores, clasificar los créditos y elaborar un informe que fijará la fotografía real de la deuda. Además, supervisa el día a día económico: puede autorizar pagos ordinarios, nóminas, obligaciones tributarias, gastos federativos o contrataciones necesarias para seguir funcionando.

No. La clave está en la diferencia entre suspensión e intervención. En un concurso necesario, lo habitual sería que el administrador concursal sustituyera al deudor en sus facultades de administración. En este caso, el juzgado ha acordado que el Consejo conserve la gestión diaria porque el club sigue en funcionamiento y debe tomar decisiones vinculadas a la temporada 26-27. Eso no significa que tenga libertad plena. Felipe Moreno y su Consejo siguen al frente, pero pierden autonomía: pagos, contrataciones, fichajes, obras y compromisos económicos deben encajar en el presupuesto. Esa decisión, no obstante, ha sido discutida por acreedores personados, que entienden que debía acordarse la suspensión de facultades.

Por la naturaleza de la actividad del Real Murcia. El auto subraya que, aunque incapaz de hacer frente a su deuda privada, no es una sociedad inactiva, sino un club en funcionamiento, con estructura laboral y compromisos de diversa índole. La documentación aportada refleja 97 trabajadores en nómina y una mejora de ingresos: de una previsión inicial de 5.577.645 euros a 8.468.734,19. La idea del juzgado es evitar que una sustitución completa paralice decisiones sensibles en pleno verano, desde la plantilla hasta los patrocinios, los abonos o la relación con el Ayuntamiento por la futura Ciudad Deportiva.

La cifra exacta todavía no está cerrada. Esa será una de las principales tareas del administrador concursal: recibir reclamaciones de acreedores, comprobar qué créditos existen y fijar la lista definitiva. La última estimación pública del club, ofrecida por Felipe Moreno, sitúa el problema en torno a 22 millones de euros entre deuda privada y capital anulado por los tribunales, además de otro frente de algo más de 4 millones que la entidad mantiene abierto con la Administración Pública por intereses atrasados.

La deuda grana no nace de una sola factura o temporada concreta. Es una acumulación de capas. Por un lado, aparecen acreedores privados y deportivos, como LaLiga, Málaga, Mallorca, DITT Telecomunicaciones -antigua Fibranet- y otros proveedores o créditos históricos heredados. Por otro, están las aportaciones y financiación vinculadas a Hause La Fuente, la sociedad de Felipe Moreno, cuya clasificación deberá determinar ahora la administración concursal. A todo ello se suma el capital tumbado: ampliaciones de capital anuladas o impugnadas judicialmente que pueden obligar al club a devolver dinero a accionistas y convertir lo que era capital social en nueva deuda.

Primero, recibir las comunicaciones de crédito. Cada acreedor deberá decir cuánto reclama, por qué concepto, desde cuándo y con qué documentos. Después, la administración concursal elaborará un inventario de bienes y derechos y una lista de acreedores. Esa será la verdadera foto del club: qué tiene, qué debe, a quién se lo debe y con qué prioridad. Algunos créditos podrán reconocerse tal cual; otros pueden quedar reducidos, discutidos, subordinados o incluso fuera si no se acreditan.

Es la salida que busca el Real Murcia. Un convenio es un acuerdo con los acreedores para pagar la deuda de forma ordenada, normalmente con quitas y esperas. La quita es una rebaja; la espera, un aplazamiento. El plan de pagos marca el calendario y el plan de viabilidad explica cómo generará el club recursos para cumplirlo. La entidad trabaja con la idea de presentar un convenio cuando esté clara la lista de acreedores, previsiblemente en torno a septiembre si los plazos avanzan según lo previsto.

La referencia con la que trabaja el club es alcanzar el apoyo del 65% del pasivo reconocido. No significa convencer al 65% de los acreedores por número, sino reunir adhesiones que representen ese porcentaje sobre el importe de la deuda aceptada. El Real Murcia sostiene que ya cuenta con ese respaldo sobre su propia fotografía del pasivo, pero deberá confirmarse cuando José Vidal revise los créditos, descarte los no acreditados y fije la lista sobre la que se votará. Si el plan recibe aprobación judicial, los acreedores ordinarios quedarán sometidos al calendario aunque no todos hayan votado a favor.

Entonces aparece la palabra que el murcianismo no quiere escuchar: liquidación. No es el escenario de partida, ni el que defiende el club, ni el que justifica la intervención acordada por el juzgado. Pero jurídicamente es el final posible si no se aprueba un convenio viable. La liquidación supone convertir activos en dinero para pagar a los acreedores según el orden legal. Por eso el concurso es, al mismo tiempo, una oportunidad y una amenaza: oportunidad para limpiar una deuda histórica; amenaza si el club no logra ordenar su pasivo y convencer a la mayoría suficiente.

La eterna sombra del concurso en la casa grana

El nuevo concurso necesario del Real Murcia no aterriza sobre un terreno desconocido en el Enrique Roca. La entidad grana ya recorrió durante 14 años un laberinto judicial parecido, aunque con una diferencia sustancial: el procedimiento abierto en 2009 fue voluntario, solicitado por el propio club bajo la presidencia de Jesús Samper, mientras que el actual nace por impulso de acreedores externos, primero el Málaga CF y después el RCD Mallorca.

Aquel primer concurso fue declarado por auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia el 19 de febrero de 2009. El Real Murcia arrastraba entonces una deuda situada entre 25 y 30 millones de euros. La jueza María Dolores de las Heras permitió que el club conservara sus facultades de administración y disposición, aunque bajo intervención de tres administradores concursales: el abogado Damián Mora, el economista Ramón Madrid y un acreedor designado en representación de la masa.

La primera gran salida llegó el 14 de octubre de 2010, cuando el juzgado aprobó el convenio anticipado propuesto por el Real Murcia tras obtener la mayoría suficiente de acreedores ordinarios. Pero aquello no cerró la herida. En realidad, abrió una larga etapa de cumplimiento, apuros de tesorería y sucesivos problemas para atender el calendario pactado. El concurso dejó de ser una noticia puntual para convertirse en una presencia casi permanente en la vida económica del club.

El siguiente balón de oxígeno llegó años después. En diciembre de 2014, el Real Murcia solicitó la modificación del convenio. La propuesta incluía una quita del 50% del pasivo y una nueva espera máxima de cinco años, con pagos condicionados a la categoría del primer equipo. LaLiga, el Sevilla y otros acreedores se opusieron inicialmente, pero la modificación fue aprobada el 1 de octubre de 2016. Aquella resolución dio al club más margen para pagar y permitió extender el horizonte del convenio hasta el 31 de diciembre de 2019.

La entidad siguió arrastrando dificultades, incumplimientos y una pesada mochila de deuda pública y privada. El concurso terminó convertido en una losa histórica que condicionó a varios consejos de administración, desde la etapa final de Samper hasta las presidencias de Francisco Tornel, Agustín Ramos y Felipe Moreno. La salida formal no llegó hasta 2023. El club anunció primero el auto de cumplimiento a finales de junio y, el 20 de septiembre de ese mismo año, comunicó que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia había remitido el auto firme que ponía fin definitivamente al concurso de acreedores.

La entidad vuelve al juzgado menos de tres años después de salir oficialmente del procedimiento anterior, otra vez obligada a ordenar una deuda millonaria para evitar que el camino termine en liquidación. El concurso de 2026 no es una anomalía aislada, sino el regreso del Real Murcia a un escenario que marcó su historia reciente durante catorce años.