Los 45 años de vigencia de la Constitución española han sido el único y mayor periodo de paz, igualdad y bienestar vividos en nuestra historia. Fue la Constitución que derribó el muro jurídico de la dictadura franquista y abrió puentes para el abrazo entre los supervivientes de los dos bandos de la Guerra Civil y entre sus hijos y nietos.
La Constitución de 1978, sabia en muchas de sus regulaciones, no ha podido ser reformada por nosotros mismos siguiendo los cauces de reforma (salvo en 1992 y 2011 por exigencias de la UE). Ha habido un falso respeto y error garrafal al no querer modificarla en aspectos obvios (la igualdad de género en la sucesión a la Corona o la penosa alusión a los «disminuidos»); o en otros sobrevenidos se ha optado por modificarla con trapacerías mediante normas de rango inferior reescribiendo preceptos constitucionales.
Nos permitió vivir en una democracia plena durante parte de los 45 años de vigencia gobernando partidos que respetaban el derecho de los otros a gobernar. Una democracia plena es la que reúne todos los criterios que organismos acreditados internacionalmente puntúan. Cuando solo reúne algunos criterios se le llama regímenes híbridos, iliberales autoritarios o autocráticos. Entre democracia y dictadura hay una rica gama de grises en las autocracias.
La España constitucional nos garantizó, hasta ahora, el respeto de los derechos humanos y la periodicidad y limpieza de las elecciones. Sin embargo, elementos fundamentales de una democracia están menguando: no hay garantías para la igualdad de la ciudadanía al reconocer que los socios políticos del Gobierno tienen licencia para delinquir y, además, malversar caudales públicos. Los jueces tienen la obligación expresa de juzgar la totalidad de los delitos con respeto a la Constitución, pero ahora el Gobierno les exonera de su mandato constitucional. La separación de poderes se ha visto difuminada por el abuso exponencial del decreto-ley, o por las fraudulentas proposiciones de ley redactadas por el Gobierno para eludir los contrapesos constitucionales del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, etc.
Las democracias plenas establecen redes de salvación o válvulas de control para que cada institución juegue su papel y funcionen los contrapesos contra cualquier exceso de los tres poderes del Estado. Es fundamental el control judicial con su pirámide de recursos para evitar tanto errores interpretativos como actos intencionales de los jueces y tribunales. Si hubiera pruebas de prevaricación en la instrucción o fallo judicial se debe denunciar para que un tribunal constate o no el delito judicial. Lo que no puede permitir una democracia es el escrache parlamentario a los jueces que cumplan con la Constitución (acuerdo PSOE-Junts). El acuerdo hecho público entre esos dos partidos y la publicación del proyecto de Ley de Amnistía son, de momento, el último episodio de acoso a la Constitución.
Frente a la concepción absolutista de siglos atrás, en una democracia no hay un derecho ilimitado a decidir para la mayoría parlamentaria. La democracia no es solo elecciones periódicas (las hay en todas las autocracias y muchas dictaduras). No cabe democracia sin el contrapeso del poder judicial y control constitucional independiente.
Debería preocuparnos que la ciudadanía confíe más en Europa que en el Tribunal Constitucional, guardia pretoriana del Gobierno de España.
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