Competencia abre expediente a Repsol por encarecer el carburante a sus competidores

El expediente llega un año después de que la CNMC registrara la sede de Repsol, pero también la de Cepsa y la de BP, tras una demanda presentada por Aesae, la asociación que agrupa a las gasolineras ‘low cost’. En cambio, ahora solo abre expediente a Repsol y deje fuera a las otras dos grandes petroleras del país. La compañía niega las presuntas irregularidades al «rechazar rotundamente» el expediente. «Repsol no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia», indica la empresa.

Destacan que la compañía ha hecho un «enorme esfuerzo» para ayudar a sus clientes con descuentos tras las subidas de precios derivados de la guerra en Ucrania, y cifran en 500 millones de euros la inversión destinada a descuentos en sus estaciones de servicio. «En definitiva, la CNMC ha abierto un expediente sancionador por una medida dirigida a favorecer a los consumidores«, considera Repsol en un comunicado.

Y es que los hechos se dieron a partir de la invasión rusa en Ucrania, en marzo de 2022, cuando el Gobierno puso en marcha la bonificación directa a todos los conductores de 20 céntimos de euro por litro de carburante ante unos precios disparados en las gasolineras. Las grandes petroleras decidieron añadir a ese descuento otro adicional de 10 céntimos para sus clientes registrados, algo que pudieron hacer, según la CNMC, al aprovechar su posición de dominio por tener capacidad de producción y vender más caro los carburantes a sus competidores.

Por todo ello, las compañías ‘low cost’ pagaban más caro el combustible a Repsol en el mercado mayorista, según su denuncia, y no tenían margen para igualar las ofertas que hacían estas grandes petroleras a sus clientes finales. «Dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, las conductas habrían supuesto una estrategia exclusionaria frente a terceros competidores -estaciones de servicio independientes-. Además, habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista», explica el organismo que dirige Cani Fernández.

Estas conductas podrían vulnerar el artículo 2 de la Ley en Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), explica la CNMC. Pese a ello, aclara que este expediente no presupone una multa a la compañía: «La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución«, señala el organismo supervisor.