Las familias del centro de personas con discapacidad Julio López Ambit, ubicado en El Palmar, exigen a la Comunidad el cese de la directora del … recurso por una «acumulación de hechos graves» desde su llegada al cargo hace algo más de un año, entre los que relatan «falta de respuesta a situaciones urgentes que afectan a residentes vulnerables», la ruptura de la comunicación con las familias y una «preocupante falta de transparencia».
Uno de los hechos que describen las familias en un escrito remitido en marzo al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, al que ha tenido acceso LA VERDAD, es la existencia de una supuesta «relación inapropiada» entre una trabajadora y un residente con discapacidad que se habría prolongado durante «al menos ocho meses», y que, según denuncian, era conocida por la Dirección sin que esta tomara medidas.
La asociación acusa a la directora, Yolanda Ruiz, de permitir esta situación «pese a ser incompatible con la ética profesional y la protección necesaria de los usuarios en un entorno asistencial». Además, sostiene que esta solo actuó hace cerca de un mes, cuando se produjo un «altercado grave» entre la empleada implicada y otra compañera que le recriminó su actitud con el residente. «Este hecho constituye en sí mismo una situación de extrema gravedad, ya que debió haberse adoptado una decisión inmediata desde el mismo momento en que la dirección tuvo conocimiento de lo sucedido», apunta en el escrito.
Javier Castillo, presidente de los familiares y tutores, destaca que el incidente ocurrió en la recepción del centro en presencia de varios testigos. «Es un escándalo que no debió de haber ocurrido delante de compañeras y residentes».
El documento también detalla la falta de respuesta institucional ante una solicitud de intervención urgente para proteger a otro usuario con un alto grado de discapacidad por una situación de vulnerabilidad en sus interacciones con otro residente. Los padres aseguran que no tuvieron comunicación del centro en dos meses en los que se estuvieron llevando a su hijo a dormir a casa. «No se trata de una queja puntual. Se trata de una acumulación de hechos graves», subrayan las familias.
Medidas de supervisión
Respecto a este último caso, fuentes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad aseguraron que, «tras una valoración por parte del servicio de Inspección, en ningún momento se han observado indicios de desprotección hacia el usuario», aunque indicaron que sí mantiene las «medidas de supervisión existentes».
El departamento subrayó que el IMAS ha velado en todo momento por el bienestar de los residentes, aunque no facilitó información sobre otros casos concretos denunciados por las familias ni las posibles medidas adoptadas, apelando a la necesidad de confidencialidad que exigen situaciones que puedan implicar tanto a trabajadores como usuarios.
La Dirección General de Personas con Discapacidad respondió este lunes a la asociación en una carta donde defendió que las actuaciones de la directora del centro «se han llevado a cabo conforme a criterios técnicos y dentro del marco legal vigente, priorizando en todo momento la seguridad, el bienestar y la adecuada atención de los usuarios». En el documento, considera «especialmente relevante garantizar la estabilidad en la figura de la dirección como elemento clave para la continuidad de los proyectos y la calidad en la atención».
Este centro ha tenido cuatro directores desde diferentes desde la pandemia de Covid-19 hasta la actualidad, en unos años donde ha habido también denuncias por falta de personal y agresiones a los trabajadores.
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