La nueva ordenanza de convivencia de Cartagena será más dura contra la mendicidad «violenta»

La nueva ordenanza indica que, en los casos de grafitis, carteles o vandalismo, además de intervenir los materiales empleados, los agentes podrán ordenar la limpieza inmediata cuando sea posible. «El primer paso para tener un municipio limpio es no ensuciarlo», resaltó Arroyo. Si no se actúa de forma voluntaria, el Ayuntamiento podrá ejecutar la reparación de forma subsidiaria y repercutir después el gasto al responsable. Será igual en otros ámbitos, como la publicidad no autorizada o los daños sobre mobiliario urbano, papeleras, contenedores, parques, jardines y elementos patrimoniales.

El Ayuntamiento destacó asimismo que la mediación ocupará un papel más importante en busca de que se consolide como una vía de resolución alternativa de conflictos «para rebajar la tensión y ofrecer una salida pactada en problemas derivados del uso compartido del espacio público».

En el caso de menores, la propuesta regula un sistema voluntario con personal especializado en el que podrán participar el menor, sus progenitores o tutores y, cuando proceda, las personas afectadas. «La finalidad es que el infractor comprenda el daño causado y que se alcance un acuerdo sobre la forma de repararlo». La ordenanza permite incluso reconducir otros expedientes a esa vía cuando se considere más eficaz que la sanción ordinaria y añade la colaboración municipal con la justicia de proximidad.

La alcaldesa puso en valor que Cartagena fue ya pionera en poner en las calles patrullas mixtas de policías y trabajadores sociales para combatir la mendicidad. Esto texto, explicó la regidora, pondrá más énfasis en aquellos casos de mendicidad «violenta» o con menores. «La ordenanza no sanciona la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan, acosan o impiden el uso de la vía pública», subrayó Arroyo, que incluyó entre estos tipos de mendicidad «violenta» o «intimidatoria» la de los gorrillas.

En usos impropios del espacio público, como acampadas, si concurren razones de salud, seguridad o vulnerabilidad, los servicios municipales podrán acompañar a la persona a un recurso adecuado y no imponer la sanción.

Ayuda a las víctimas de trata

La ordenanza prohibe asimismo ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos en la vía pública. «No se sancionará, lógicamente, a las víctimas de explotación sexual; a ellas el Ayuntamiento prestará información y ayuda para abandonar esas prácticas», dijo la alcaldesa, que puso el foco en los consumidores de este tipo de servicios.

El texto también aborda el absentismo escolar, por el que deberán responder los padres que no garanticen la escolarización. La ordenanza contempla sanciones, pero también la asistencia a sesiones de atención individualizada o cursos de formación como alternativa a la multa.

Las sanciones de la ordenanza varían según la gravedad de la conducta. El texto fija multas de hasta 120 euros en algunas infracciones leves ligadas a mendicidad, de hasta 500 euros en usos impropios del espacio público, de hasta 750 euros en varios supuestos leves y de 750,01 a 1.500 euros o de 1.500,01 a 3.000 euros en los casos graves y muy graves. Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los daños sobre patrimonio protegido, la mendicidad con menores o personas con discapacidad, el trile o las prácticas sexuales retribuidas a menos de 200 metros de centros educativos.

Junto a la parte coercitiva, el proyecto dedica un capítulo al fomento de la convivencia. Ahí incluye campañas informativas, acciones educativas, programas para menores y jóvenes, colaboración con asociaciones y entidades ciudadanas, impulso del voluntariado y medidas de respeto a la diversidad cultural y religiosa.

El PSOE criticó este jueves la inclusión en la Junta de Gobierno del pago de facturas por servicios prestados durante las pasadas navidades. El concejal Pedro Contreras acusó al ejecutivo de Noelia Arroyo de retrasar el abono de las facturas para evitar computar dichos gastos en el ejericicio de 2025. Algo que, a juicio de Contreras, busca «maquillar» las cuentas. «El déficit de 2025 ha sido de 10 millones de euros y el remanente negativo de caja ha sido de 30 millones de euros, más del doble que los de 2024. Pero la realidad es aún peor porque hay decenas de facturas de 2025 sin abonar y, por tanto, sin cuantificar».

La alcaldesa reivindicó que el alma del texto persigue que la convivencia cuente con «reglas claras, capacidad de reacción y una administración preparada para actuar cuando el espacio público se degrada, la calle deja de servir al uso común y aparecen conductas que alteran la vida diaria de vecinos y comerciantes».

La regidora resaltó que el texto es resultado del análisis de las ordenanzas más eficaces de España y que la cartagenera se ha adaptado a los problemas actuales del municipio y está elaborada para dar más margen de actuación al Consistorio.

«Esta no es una ordenanza para recaudar, sino para reparar los daños causados y hacer que los espacios públicos, que a los cartageneros nos cuesta mantener y cuidar, sean respetados por todos», explicó Noelia Arroyo. Por esa razón, incidió, la norma prevé medidas que evitan y corrigen los resultados de un mal uso de las zonas públicas, como la retirada cautelar de materiales, decomiso de objetos, suspensión de actividades, reposición de la situación alterada y la reparación de daños. En los supuestos que afecten a bienes municipales, la sanción se sumará a la obligación de pagar el coste de la reparación o la indemnización.