La estafa de los ataúdes: revendían flores y miles de féretros que no incineraban

La numerosa documentación descubierta en su vivienda del municipio de Santovenia de Pisuerga llevó a los investigadores a confirmar la presunta sustracción de los ataúdes de unos 6.000 fallecidos durante al menos dos décadas. La mecánica, según la investigación policial, era sencilla: en los momentos previos a la incineración se pasaba el cadáver a un féretro de menor calidad que el adquirido por los familiares del difunto, cuando no se llevaba a cabo directamente sobre un palé o los restos de otras cajas, lo que permitía seguir sacando rédito al mismo ataúd en repetidas ocasiones.

Una treta casi perfecta que difícilmente se hubiera destapado de no ser porque el extrabajador amenazó con tirar de la manta en dos cartas dirigidas al magnate del imperio funerario, Ignacio Morchón Alonso. Esas misivas, en las que se le exigía el pago de lo que le correspondía «por todo lo robado», fueron incorporadas al procedimiento por extorsión, desencadenando las pesquisas policiales de agosto de 2017, cuando agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la vivienda de Martín. Allí, en una bolsa de deporte escondida en el sótano, hallaron tres ficheros con decenas de partes de defunción con una anotación manuscrita en la que se podía leer ‘incineraciones que se debían haber hecho en el tanatorio pero se hacen en el cementerio, sin caja’, así como 26 libretas en las que se daba cuenta de los supuestos cambiazos, documentados entre 1998 y 2015, y fotografías de fallecidos.

El extorsionador remitió algunas de estas pruebas a través de una aplicación de mensajería a su exjefe, a fin de hacerle partícipe del material de que disponía, pero su maniobra no funcionó y acabó condenado a una pena mínima por chantaje. Fue entonces cuando abrió la caja de los truenos para la familia Morchón Vaquero, que siete años después se sienta en el banquillo de los acusados, junto a una veintena de trabajadores de la funeraria.

Profanación de cadáveres

La Audiencia Provincial de Valladolid dirime desde marzo, en un juicio que se prolongará hasta junio, si esas revelaciones del antiguo trabajador de El Salvador son ciertas. Objeto del fallo judicial será también la supuesta apropiación para su reutilización de los arreglos florales de cerca de 900 sepelios a la que también apunta la Fiscalía, que solicita para todos ellos penas que suman 200 años de privación de libertad y el pago de multas e indemnizaciones millonarias a los familiares de los finados por la comisión de delitos de estafa agravada y apropiación indebida, blanqueo de capitales, profanación de cadáveres y pertenencia a grupo criminal.

La acusación sitúa a la cabeza de este entramado a Ignacio Morchón padre, quien ideó «un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible a costa de los usuarios de los servicios prestados por las empresas» y por el que habrían obtenido unas ganancias de más de cuatro millones de euros. También a su esposa, María del Rosario Vaquero, cofundadora del grupo fúnebre que comenzó a cimentarse en 1985 y que se encontraba en plena expansión cuando todo estalló. Durante los registros de 2019 los investigadores hallaron en el domicilio familiar casi un millón de euros en efectivo. Un montante que, en una de las primera sesiones del juicio, la contable de la funeraria relacionó con la recaudación de la caja de la cafetería del tanatorio y de los arreglos florales, que se pagaban en efectivo. Ignacio Morchón Alonso, dijo, era un «empresario de los de antes» que no distinguía «entre el dinero de su bolsillo y el de la empresa».

Ninguno de los principales protagonistas de esta historia podrá comparecer ante el tribunal que juzga estos hechos. Justo Martín fue localizado muerto en el patio de la casa de Santovenia, donde se quitó la vida en agosto de 2024 a los 74 años. Dos años antes, en octubre de 2022, perecía Ignacio Morchón padre, con 77 años, durante el transcurso de la investigación. Si lo harán su esposa y sus tres hijos, que tomaron el relevo en la dirección y la gerencia de distintas sociedades del negocio familiar tras la jubilación de su padre en 2010. Fue entonces cuando se puso en marcha un nuevo crematorio en Valladolid, bajo la batuta de Ignacio Morchón hijo, quien «lejos de poner fin a estas prácticas» las mantuvo.

Según el relato del fiscal, las nuevas instalaciones les permitían «escenificar» la incineración ante los familiares de los difuntos, pues disponían de un elevador automático que introducía el féretro en un horno sin llama. Acto seguido, los trabajadores ponían en marcha el ventilador que emitía un ruido que llevaba a pensar que la ingnición había comenzado. Lejos de eso, en muchos de estos casos la incineración ni siquiera llegaba a tener lugar en esas instalaciones, porque los cadáveres se trasladaban a las antiguas dependencias para poder intercambiar los féretros con mayor discreción.

La Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro acusados veinte años de cárcel por un delito de constitución de organización criminal, tres ilícitos continuados de apropiación indebida, seis contra el respeto a los difuntos, ocho de blanqueo de capitales y uno continuado de falsedad en documento público, así como una multa de más de 12 millones de euros y la inhabilitación especial para prestar servicios funerarios por un tiempo de 30 años.