Un juzgado de Paterna investiga una presunta grave negligencia médica por la que una vecina de Valencia vive desde marzo de 2022 una auténtica … pesadilla. Castrada, con una mutilación irreversible del ano, el recto y la vejiga, y sin posibilidad de tener relaciones sexuales. Así es desde hace cuatro años la vida de esta mujer que apenas tenía 34 años cuando fue intervenida quirúrgicamente por una supuesta «endometriosis con obstrucción intestinal y tumoración» por el ginecólogo ahora investigado, en un centro hospitalario privado de Valencia.
Este tumor maligno inexistente, que el propio ginecólogo reconoce que recogió en su informe por error, llevó a dos cirugías radicales e irreversibles que lejos de mejorar la calidad de vida de la paciente, según le hizo creer el facultativo, la han llevado a «graves secuelas físicas, funcionales y psíquicas». Entre ellas el portar de por vida una bolsa externa de residuos adherida al cuerpo, así como un sistema externo de drenaje y almacenamiento de orina, infecciones crónicas con fístulas en la zona anal, dolores crónicos, afectación nerviosa y tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos, y otros efectos secundarios de los que en ningún momento se le advirtió.
La plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna tomó declaración en la mañana de este viernes a los dos facultativos investigados que realizaron las operaciones radicales e irreversibles tras ingresar la paciente en el hospital por un lupus eritematoso sistémico y arrastrar episodios previos de estreñimiento leves. Por un lado, el ginecólogo argentino que le recomendó someterse a la citada intervención quirúrgica al hacerle creer «que su vida corría peligro», sin que conste ninguna prueba complementaria previa que acredite ese diagnóstico. Y la uróloga que le practicó una cistectomía –extirpación de la vejiga– tres meses después por múltiples infecciones y tener seccionado el nervio del control de la orina producto de la cirugía anterior. Posteriormente aún tendría una tercera intervención porque le salía orina de las cicatrices, en la cual sufrió una hemorragia vaginal que a punto estuvo de costarle la vida tras seis días en la UCI.
Según informa Las Provincias, también ha prestado declaración el actual gerente del hospital privado, ya que el centro figura como responsable civil subsidiario. La causa está abierta por un delito de lesiones por imprudencia profesional grave, según han informado fuentes jurídicas.
Un falso tumor
El calvario de esta mujer comenzó en marzo de 2022. Según la querella, interpuesta por la letrada penalista Nati García, el especialista en ginecología recomendó una intervención radical alegando un cuadro de «endometriosis con obstrucción intestinal y tumoración». La operación consistió en una «laparotomía exploradora con amputación abdomino-perineal de recto y ano con colostomía definitiva».
Sin embargo, el informe de anatomía patológica posterior desmintió el diagnóstico inicial, ya que «no se halló ningún tumor ni signo de malignidad en las piezas extirpadas».
La mujer padece «graves secuelas físicas, funcionales y psíquicas», como la imposibilidad de tener relaciones sexuales
La pericial efectuada a la paciente pone de manifiesto «la existencia de incongruencias graves, actuaciones carentes de lógica médica y ausencia de un diagnóstico riguroso previo a la adopción de decisiones quirúrgicas tan invasivas». Asimismo, en la denuncia se remarca que el ginecólogo asumió de manera improcedente competencias propias de la cirugía digestiva, «decidiendo y ejecutando una operación drástica e irreversible sin que existiera indicación clínica urgente ni justificación objetiva que la avalara». Por ello, el informe pericial aportado al juzgado concluye que la operación no solo carecía de indicación médica, sino que además resultó «desproporcionada y contraria a toda lógica clínica, produciendo secuelas funcionales irreversibles».
Por su parte, el ginecólogo investigado negó a su salida del juzgado que hubiera acudido a declarar por una presunta negligencia médica y manifestó a este periódico, tras ser preguntado por su versión sobre las graves acusaciones que pesan sobre él, que iba con prisa porque tenía que acudir a una operación.
Antecedentes médicos
El especialista ginecológico, que solo ha querido responder a las preguntas de la jueza y de la defensa, esgrime que se trataba de una paciente con múltiples patologías y que ya había sido intervenida hasta en cuatro ocasiones anteriores por endiometriosis severa, con enfermedad de Crohn y una calidad de vida que tras agotar los medios no quirúrjicos, requería de la intervención que le realizó, siempre con su consentimiento.
La denunciante, madre de una hija que ahora tiene doce años, se encontraba en buen estado de salud en general y llevaba una vida normal antes de la laparotomía que le realizaron en marzo de 2022. Además de los antecedentes ginecológicos de endometriosis pélvica, controlados mediante revisiones y tratamiento médico, dos años antes se le extirpó un ovario y parte del otro, por un carcinoma. La mitad que le dejaron para mantener cierto equilibrio hormonal también le fue extirpado en la intervención ahora en litigio.
Doble ostomía y falta de material
Tras la primera cirugía, la paciente desarrolló una disfunción vesical severa que derivó en una segunda intervención de urgencia, esta vez a cargo de la uróloga también investigada. Se le practicó una «cistectomía simple abierta con reconstrucción urinaria tipo Bricker», lo que supuso la extirpación total de la vejiga y una urostomía abdominal permanente.
La querella relata momentos de especial gravedad durante el postoperatorio, denunciando una alarmante «falta de material quirúrgico y sanitario» en el centro. Los familiares tenían que acudir incluso a farmacias externas para adquirir bolsas de ostomía porque el hospital no disponía de ellas, llegando a verse obligada la paciente a observar cómo «la orina salía por un orificio» sin el material adecuado para cubrirlo.
Tras dos años de ingresos recurrentes y dolor crónico, esta valenciana desesperada buscó una segunda opinión en una clínica de Barcelona. Allí, por primera vez, se identificó lo que podría haber sido el origen real de sus dolencias: un «prolapso intestinal adherido» y un «colon redundante». Según la querella, esto demuestra una «deficiente valoración inicial» por parte de los médicos investigados, quienes optaron por procedimientos irreversibles sin explorar alternativas conservadoras.
Las secuelas
Las secuelas físicas han derivado en un «trastorno adaptativo mixto con sintomatología ansioso-depresiva de carácter crónico». La paciente, que anteriormente mantenía una vida plenamente activa, se ve ahora obligada a depender de dos bolsas externas para sus funciones básicas, sufriendo dolores que requieren el uso de opiáceos.
Por todo ello, reclaman indemnizaciones que ascienden a más de un millón y medio de euros, cantidad que intentaría cubrir tanto las secuelas físicas y funcionales como el perjuicio moral, los gastos médicos futuros y la pérdida de autonomía personal.
El informe pericial aportado por la acusación señala que la actuación médica fue «materialmente inadecuada» y «no existió la pericia médica exigible, ni se efectuaron los estudios diagnósticos previos necesarios para determinar la verdadera causa de los síntomas. Asimismo, se adoptaron decisiones quirúrgicas de carácter agresivo, mutilante e irreversible, fuera de toda proporcionalidad con la patología existente. De igual modo, se omitió el deber de información adecuado sobre las consecuencias permanentes de las operaciones.
Y además de todo ello, lo que ha criterio de la demandante supone una «mala praxis profesional», el perito concluye que no se consiguió mejoría clínica alguna, sino un agravamiento sustancial del cuadro previo, con aumento de las dolencias, necesidad de nuevos ingresos y tratamientos, y un «daño funcional de carácter invalidante e irreversible» en una mujer joven.
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