Guerra entre los ayuntamientos del PP y la Delegación por la regularización

López, tras acudir y marcharse precipitadamente de este encuentro de trabajo en la Delegación, calificó de «falta de respeto» el contenido de la jornada. «Nos han puesto un PowerPoint para explicarnos el Real Decreto, cuando llevamos casi dos semanas aplicándolo y solucionando las dudas por nuestra cuenta», lamentó. El presidente de la Federación de Municipios criticó, además, que no le dejaran intervenir para exponer los «cinco puntos consensuados» que quería plantear a la Delegación, entre ellos, la creación de un canal de comunicación técnica directo. «No va a haberlo», aseveró. Además, se mostró molesto por que Francisco Lucas no acudiera a la reunión ni se pusiera en contacto con la Federación para explicar su ausencia. Fuentes de la Delegación justificaron la decisión por la naturaleza técnica de la jornada, donde intervinieron la jefa de Extranjería y la secretaria general de la Delegación.

Lucas, por su parte, destacó que las 18 oficinas habilitadas en la Región de Murcia para el proceso, así como el sistema de citas previas y los refuerzos, «están funcionando con total normalidad», y acusó a los ayuntamientos del PP de crear problemas de forma artificial y entorpecer los trámites en sus Servicios Sociales, donde cada día se registran colas para la expedición del certificado de vulnerabilidad.

«Lo que estamos viendo en este proceso de regularización son dos tipos de ayuntamientos: los gobernados por el Partido Socialista, y aquí tenemos un claro ejemplo en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, donde se está llevando a cabo el proceso de regularización con total normalidad y sin ningún problema, y luego, nos estamos encontrando ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, donde todo es un problema y, sinceramente, nos estamos encontrando cómo están boicoteando este proceso».

La alcaldesa socialista de Ceutí y vicepresidenta de la Federación de Municipios, Sonia Almela, que también estuvo en el encuentro de trabajo en la Delegación, coincidió en la sensación de Lucas. «Creo que estamos entrando en un debate político para el que no hay lugar en estos momentos, porque estamos en un proceso justo que se ha aprobado desde el Consejo de Ministros y que tenemos que acatar dentro del plazo», aseguró. Almela subrayó el hecho de que las quejas estén llegando siempre desde ayuntamientos del PP mientras que en otros, como el suyo, el de Calasparra, Los Alcázares o Lorquí, hay «absoluta normalidad y no están teniendo problemas».

Almela explicó que en la reunión en la Delegación hubo un turno de preguntas para todos los técnicos y concejales de los diferentes ayuntamientos que estaban allí.

Conchita Ruiz: «Nos transmiten que están desbordados»

También se pronunció este martes al respecto la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, preguntada por esa cuestión, después de su visita a una nueva vivienda para la promoción de la autonomía de personas con problemas de salud mental de la asociación Afes en Murcia. Ruiz destacó que lo que los concejales y concejalas de Servicios Sociales de los ayuntamientos de la Región le han transmitido, así como los técnicos y profesionales, es «su preocupación, e incluso su desbordamiento, porque están encontrando una situación de tensionamiento hasta tal punto que se sienten incapaces de poder dar servicio, trabajar y, sobre todo, de poder cumplir con sus tareas diarias».

Ruiz aseguró que el Gobierno de la Región ha tratado en estos primeros días de actuar como intermediario entre los consistorios y la Delegación, y celebró que este martes convocara a los responsables municipales para darles información. «En nuestra opinión, tarde, tenía que haberse hecho antes, se tenía que haber informado a los servicios sociales de Atención Primaria, se tenía que haber dotado de recursos y de más personal para cubrir una situación que sabíamos que iba a generar caos y que iba a generar tensión. Ya lo advertimos y así se ha producido», subrayó. Además, anticipó que la carga de trabajo extraordinaria va a suponer «un mayor tensionamiento de todos los servicios».