La Inspección de la Consejería vio «riesgo grave para la salud» por un fraude con tapones vasculares

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trasladó al magistrado un informe de la propia Consejería de Salud según el cual la manipulación del registro de material empleado en el hospital por parte de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), o central de compras, podría haber «causado un riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del SMS».

La Policía aportó un documento fechado el 18 de noviembre de 2024, y con 37 páginas, donde la Inspección advierte de que en 2022 y 2023 La Arrixaca utilizó un tapón de embolización no autorizado por el SMS, lo que supuso un sobrecoste de 650.140 euros y un peligro potencial para los enfermos.

Al revisar la facturación, se percataron de anomalías en el gasto en una bobina o espiral metálica, utilizada para bloquear o reducir el flujo en un vaso sanguíneo. Los inspectores encontraron un «cambio en el consumo» de productos que afectaba «principalmente a Radiología Vascular Intervencionista». Y, en concreto, hallaron evidencias de que a partir de diciembre de 2022 empezó a facturarse «un producto sin código», es decir no aprobado por el comité de homologación de material del Servicio Murciano de Salud, al precio de 1.400 euros la unidad, en lugar del que venía abonándose: otro sí autorizado y cuyo coste era muy inferior: 400 euros.

Para poder materializar el supuesto fraude, los implicados recogieron en un programa de gestión económica, llamado SAP, que se había implantado el material más caro, pero en realidad en el quirófano los pacientes fueron tratados con el implante sí autorizado, y así se hizo constar en las historias clínicas de los enfermos.

Tres presuntos delitos

Sin embargo esa discrepancia entre documentos -la historia clínica y el expediente de compra- implicaba no solo un pufo económico sino también un riesgo sanitario. La Inspección sanitaria lo resumió así: «Es un hecho grave que, al recoger en el programa SAP (de gestión económica) como implantado un producto falso podría haberse causado un riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del SMS. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento sobre el producto C no autorizado, no se podría haber detectado en el programa económico contable del SMS, ya que consta como implantado el producto B. Un hecho también tipificado en la vigente Ley General de Sanidad».

La Inspección concluyó que había «indicios fundados» de tres delitos: falsedad de documento público-contable, prevaricación y malversación de fondos públicos. Y detalló que se había «infringido la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud« sobre el procedimiento de incorporación de nuevos dispositivos y productos sanitarios al catálogo del SMS y la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, los inspectores indicaron que se trataba de «conductas tipificadas en el índole administrativo como falta muy graves en la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud». E identificaron, como conocedores «de la utilización de un producto no autorizado», a tres personas, que acabaron apartadas de sus funciones por el SMS e investigados por el tribunal: V. F. G., jefe de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS o ‘central de compras’, M. N. G., jefe de sección de la UAI, y A. C. A., médico y jefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista.

Informó a la Fiscalía

Los dos responsables de compras habrían enviado a S. D. M. comercial de la empresa Logimed -imputado y en mayo detenido por la Policía como cabecilla de la trama-, «los códigos de homologación» necesarios para «que se pudiera facturar» un producto denominado Coil Prestige Plus.

Tras constatar que durante todo 2023 se estuvo utilizando un dispositivo «sin autorización» (lo que causó un «coste» de 910.140 euros en La Arrixaca e impidió un «ahorro» de un gasto de 650.140 euros), la Inspección tomó declaración a esos profesionales y a otros funcionarios del SMS. E hizo cuatro recomendaciones: que la Subdirección General de Asuntos Económicos del SMS evaluara el informe e iniciara un procedimiento de reintegro de los presuntos pagos indebidos a la mercantil Logimed; abrir un expediente disciplinario a los dos jefes de compras y al radiólogo por «infracciones muy graves»; comunicar los hechos a la Fiscalía ante los indicios de ilícitos penales; y efectuar una auditoría «de forma retroactiva de los 4 últimos años» de central de compras. La Consejería siguió todas esas indicaciones en 2024, con Juan José Pedreño al frente. El fraude con los implantes vasculares tuvo lugar bajo el mandato de dos gerentes del SMS: primero, Francisco José Ponce; y después, Isabel Ayala, actual consejera de Salud. Desde hace unos días, la gerente es Irene Marín.

La Inspección precisó que, a la vista de sus datos, no había evidencias de «que tuvieran conocimiento» de esta «irregularidad» en instancias superiores al médico ni a los funcionarios de la UAI. No conocían este aspecto de la trama «ni la Dirección Médica, ni la Dirección de Gestión y Asuntos Generales, ni el gerente de La Arrixaca ni la Subdirección General de Asuntos Económicos» del SMS.

No obstante, la Policía traslada este informe íntegro (clasificado por la Inspección como «Información Reservada») al Tribunal de Instancia para que lo valore, junto con otro de la propia UDEF sobre sus averiguaciones. La Policía recuerda que «todos los productos que están depositados han de estar dados de alta en el catálogo de productos del SMS, ya que cualquier producto que no esté en catálogo no se puede usar ni facturar».

El Gobierno regional viene sosteniendo que la ‘trama de las prótesis’ se limita a un fraude económico y que no afecta a la seguridad de los pacientes. No obstante, desde hace un mes, el Tribunal de Instancia de Murcia (plaza 7) indaga en un presunto delito contra la salud pública no solo por la compra de material caducado, como sostiene la Comunidad Autónoma, sino también por el uso de al menos un ‘stent’ vascular caducado en un paciente operado en marzo de 2022 un centro concertado por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Así lo señaló la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y así lo incorporó el juez en esta causa penal.

La Consejería de Salud reitera que el Servicio de Cirugía Cardiovascular no ha encontrado, hasta ahora, ningún caso de implantación de ‘stents’ caducados. En La Arrixaca continúan revisando, uno a uno, los historiales médicos de 378 pacientes potencialmente afectados. Se trata de personas que se sometieron a intervenciones quirúrgicas por parte del cirujano de La Arrixaca R. T. M., investigado en esta causa y que está en situación de excedencia en el SMS desde el año pasado.