El gobierno municipal de Molina dice que bajar el IBI sería «irresponsable»

El gobierno municipal de Molina dice que bajar el IBI sería «irresponsable»

Diego Garnés


El Ayuntamiento de Molina de Segura celebró el pasado lunes su quinto pleno ordinario del año con una sesión larga, tensa y repleta de reproches cruzados entre el equipo de gobierno liderado por José Ángel Alfonso, del PP, y el Grupo Municipal Socialista. El debate sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dejó uno de los cruces más encendidos. El PSOE propuso rebajar el tipo impositivo a los niveles anteriores a la subida de 2024 y ampliar las bonificaciones por conceptos como el autoconsumo solar y el alquiler asequible.

El concejal de Hacienda, Fran Hernández, del PP, respondió asegurando que la recaudación por este tributo es hoy inferior a la de la etapa socialista, y tachó la moción de «técnicamente incorrecta y económicamente irresponsable».

El edil socialista Antonio Sáez replicó que el gobierno municipal subió el IBI urbano un 10% y el rústico casi un 30% en 2024, y afirmó que el ejecutivo bajará los tipos antes de las próximas elecciones «como maniobra de marketing». Finalmente, el PSOE retiró su moción ante la enmienda de sustitución presentada por el gobierno local.

En cuanto a la falta de transporte escolar en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vega del Táder, los socialistas reclamaron líneas de autobús para el alumnado de urbanizaciones como La Alcayna y Altorreal, mientras la concejala de Educación, María Teresa Hernández, defendió que ampliar rutas para un solo centro puede perjudicar al resto de la red educativa del municipio.

El Pleno pide que la Comunidad estudie las rutas de transporte escolar para llevarlo al IES Vega del Táder y mejorar el servicio

El equipo de gobierno planteó también en este punto una enmienda de sustitución, que insta a la Consejería de Educación a realizar un estudio integral del transporte escolar en todo el municipio. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Centro de bienestar animal

El centro de bienestar animal provocó otro enfrentamiento. El concejal de Salud, Carlos Perelló, veterinario de profesión, dijo que los 200.000 euros presupuestados para modernizar las instalaciones están en fase de licitación. El socialista Ángel Jiménez le respondió que el centro carece de zona habilitada para gatos, tal y como exige la ley, y que son los voluntarios quienes sostienen el día a día con sus propios medios. De nuevo salió adelante una enmienda alternativa, esta vez solo con los votos de PP y Vox.

La Corporación abordó, asimismo, las mociones de estos últimos partidos contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central. La edil popular Rocío Cózar advirtió de un posible colapso de los servicios sociales municipales, mientras la portavoz socialista, Isabel Gadea, acusó a los grupos de la derecha de «difundir bulos y de utilizar el miedo como herramienta política».

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