Los dos últimos juicios contra responsables de empresas agrícolas por la contaminación del Mar Menor derivada del vertido de aguas cargadas de nitratos han acabado … con nuevas sentencias condenatorias, previo acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía. En la sección penal del Tribunal de Instancia de Cartagena, Plaza 1, el administrador de la mercantil Francisco y Adelaida TC admitió haber cometido un delito contra el medio ambiente, por imprudencia grave, y aceptó la pena de un año, tres meses y dos días de prisión, suspendida con la condición de no volver a delinquir en dos años. Asimismo, deberá pagar una multa de unos 900 euros; sufre la inhabilitación especial para la profesión de agricultor y administrador o gerente de empresas agrícolas con el pago de las costas durante 9 meses y un día; y ha de indemnizar con 11.165,82 euros al Estado y con 6.689,56 euros a la Comunidad Autónoma, por los daños causados. La responsabilidad civil subsidiaria recae en las empresas que administraba.
Los derrames contaminantes se realizaron desde una desaladora usada sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en una explotación agrícola de unas 56,54 hectáreas, repartida en varias fincas, en el municipio de Torre Pacheco. Los vertidos tuvieron lugar en los años 2015 y 2016, previa extracción de agua de un pozo, y alcanzaron un volumen de 40.590 metros cúbicos, con 177 miligramos por litro de nitratos.
El líquido fue arrojado al salmueroducto construido por la CHS y llegó al Mar Menor, indicaron fuentes de la Fiscalía, que se apoyó en un informe pericial del ecotoxicólogo Luis Burillo. Añadieron que la mercantil compró a Hidrotec 893 kilos de desincrustante para desalar el agua. Los hechos fueron destapados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y funcionarios de la CHS en 2021 en el paraje de Hoya Morena.
En otro juzgado de Cartagena, el administrador de la mercantil Brodermahi aceptó idénticas pena de cárcel y multa que en el caso anterior, junto a una indemnización de 15.970,35 para el Estado y 8.638,27 euros para la Comunidad.
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