El proceso de regularización de migrantes ha entrado en una nueva fase de normalidad cuando afronta sus últimas seis semanas de presentación de solicitudes. … Después de un arranque marcado por las aglomeraciones en los servicios sociales y las sedes de las ONG, que han dejado momentos de tensión en algunos puntos, como la sede murciana de la Asociación Rumiñahui, en el barrio San Pio X, que requirieron de la intervención policial, la sensación generalizada es que se ha pasado ya a un momento de «control» y de «tranquilidad».
«Al principio toda la gente vino de golpe, pero ahora estamos llevando la expedición de los certificados de vulnerabilidad con cita previa, y la gente se ha ido acostumbrando a esa dinámica», señala David Lax, técnico de esta entidad, donde este lunes se daban citas para la expedición de este documento para dentro de dos semanas. Para la tramitación completa, las agendas ya están llenas. «Vamos a citar a unas 300 personas aquí a junio y ya no vamos a hacer más», adelanta.
Los servicios sociales municipales emitieron hasta principios de mes cerca de 8.000 certificados de vulnerabilidad
La Delegación del Gobierno destaca que el proceso va «según lo previsto» y que esa emisión de los informes de vulnerabilidad, donde el proceso encontró las primeras fricciones, se ha normalizado tras unos inicios marcados por la «obstaculización por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y Vox», una idea que ya apuntó en abril el delegado Francisco Lucas y que en la Federación de Municipios desmiente su presidente, Víctor López, que las considera «una falta de respeto». «En ningún municipio se ha dado la orden de ralentizar el proceso. La prueba son los datos», subraya. Hasta el 6 de mayo, los servicios sociales municipales de los consistorios habían atendido a unas 14.000 personas y expedido 8.000 certificados de vulnerabilidad. «El 85% de ellos, de ayuntamientos del PP. Los profesionales que trabajan en los servicios sociales son autónomos», defiende.
La presión cae a la mitad
Solo en el Ayuntamiento de Murcia, confirman fuentes del Gobierno municipal, se han recibido hasta el momento 3.942 solicitudes para la regularización. Al inicio del proceso, la cifra alcanzaba unas 200 al día, pero han ido disminuyendo hasta menos de la mitad, con unas 98 de media.
A la mayor fluidez en la gestión también ha contribuido la incorporación varias ONG como colaboradoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cruz Roja, que es una de las más grandes, ha dispuesto ya seis puntos de atención principales ubicados en Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla, Yecla y Torre Pacheco, donde también reina cierta sensación de calma. «La presión asistencial ha bajado muchísimo», confirma la directora de Migraciones y Atención Humanitaria de la ONG en la Región, Mari Carmen García Ortuño. «Ahora va viniendo la gente de manera ordenada y sin grandes colas». Por su parte, Cáritas ha dispuesto 120 voluntarios que trabajan en unos 90 puntos parroquiales. Laura Pedreño, responsable de Acción Social de la entidad, apunta que una de las prioridades, en la que coincide con la responsable de Cruz Roja, es ahora ayudar a los más vulnerables a recabar pruebas de su permanencia en España previa a enero, como exige el decreto. «El proceso no es igual de sencillo para todo el mundo -subraya Pedreño-, hay personas que han sido invisibles para la sociedad y eso hace complejo recabar esas pruebas, aunque lleven dos años en España».
Adriana Trafonsky, presidenta de Parem, otra de las colaboradoras, advierte sin embargo de dos problemas fundamentales con el que se han ido encontrando en el Tercer Sector: «el requerimiento del empadronamiento por parte de algunos consistorios» y el incumplimiento del plazo máximo de 15 días establecido desde la entrada del expediente para notificar la admisión a trámite, una situación que han denunciado diversos colectivos en España.
«Muchos están empezando a sentir ansiedad porque ven que pasan los días y no se les notifica», asevera. «Espero que lo agilicen, porque está retrasando el avance del proceso y el tiempo máximo legal para la Administración es de tres meses». Si se traspasa ese tiempo desde el registro sin que haya ninguna comunicación, la solicitud queda desestimada.
Por otra parte, los solicitantes deben esperar a recibir su número de la Seguridad Social, al que da derecho la solicitud para poder trabajar. «No ocurre de forma automática», aclaran en Parem. «Tenemos casos como el de un joven de Gambia, que solicitó la regularización sin necesidad del certificado de vulnerabilidad el primer día, porque tenía contrato para trabajar en el mar, y todavía no ha podido incorporarse al puesto».
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Enlace de origen : La regularización deja atrás la tensión asistencial tras su primer mes, pero se atasca en las admisiones
