Con algo de retraso frente a los planes iniciales, pero se ha conseguido. El Gobierno y las comunidades autónomas han cerrado un acuerdo unánime para … el reparto de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial de este jueves tras anunciar las autonomías del Partido Popular (PP) unos pocos minutos antes de que se iniciara el encuentro su respaldo a esta distribución de los fondos, con los que se persigue aumentar la construcción, la rehabilitación y blindar la vivienda pública de manera permanente.
Las comunidades han dado su ‘sí’ en bloque a este reparto, aunque no era necesario contar con el respaldo de cada una de ellas para que los fondos se pudieran repartir. Desde el Ministerio de Vivienda han trasladado en varias ocasiones que las comunidades que acepten el reparto recibirían la cuantía previamente fijada para su territorio y las que no, no lo percibirán. Sin embargo, el escenario más favorable se ha cumplido y los territorios recibirán los fondos en los próximos meses.
Unos minutos antes de que iniciara la Conferencia Sectorial y a las puertas del Ministerio de Vivienda, las comunidades autónomas del PP han oficializado su apoyo, pese a que han afirmado que no les gusta «cómo se ha hecho y cómo se ha configurado» el plan y han advertido de que se reservan la presentación de «futuros recursos» frente al Tribunal Supremo.
La Consejería, en desacuerdo
Entre ellos, el Gobierno regional, según anunció el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que estuvo presente en la reunión. En ella mostró su desacuerdo tanto «en el fondo como en la forma» del plan, «que exige más gasto a las comunidades para imponer unas medidas fallidas al tiempo que limita su autonomía, precisamente en un momento en el que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles».
«Estamos de acuerdo con el reparto del 4,4% de los fondos del plan, que corresponde a la Región de Murcia, pero es del todo desproporcionado que pasemos a cofinanciar de un 20% a un 40%», criticó el responsable regional y calificó esta imposición de «un nuevo yo invito y tú pagas, al multiplicar exponencialmente la aportación autonómica, con la peor infrafinanciación autonómica que padecemos, y cargando ese sobrecoste sobre los ciudadanos de la Región de Murcia, que recordemos que ya pagan con sus impuestos la parte estatal».
Asimismo, reprochó la tardanza y falta de transparencia del Ministerio porque «el texto definitivo aprobado en Consejo de Ministros no lo hemos conocido con anterioridad, con lo que el Ministerio ha vuelto a actuar de forma unilateral, apurando los plazos con un plan que llega con más de un año de retraso y que convierte 2026 en un año prácticamente perdido para la aplicación efectiva de las medidas, para después responsabilizar a las comunidades de cualquier demora en su puesta en marcha».
Además, el consejero advirtió de que el nuevo plan «intenta imponer la obligatoriedad de la protección permanente de la vivienda, pese a que el Tribunal Constitucional ya cuestionó este extremo con motivo de los recursos contra la Ley de Vivienda». García Montoro explicó que el propio dictamen del Consejo de Estado señala que la mayoría de normativas autonómicas establecen plazos amplios de protección, pero no permanentes, «por lo que esta exigencia obligaría a modificar legislaciones autonómicas y podría retrasar la ejecución de los convenios y de las actuaciones previstas».
«Voluntad de alcanzar ese acuerdo unánime»
El ‘sí’ de las autonomías del PP llega tras anticipar este miércoles el portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García, que aceptarían el reparto en la Conferencia del jueves. El ejecutivo regional era uno de los más críticos con esta ‘hoja de ruta’ para las políticas de vivienda de los próximos años.
«Mi confianza está en la voluntad de alcanzar ese acuerdo unánime, es lo que he podido escuchar de las bocas de las comunidades autónomas», ha expuesto la titular de Vivienda este jueves antes de iniciarse el encuentro, anunciado lo que tres horas después se ha materializado.
La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal y establece que el 60% de los 7.000 millones de euros con los que está dotado el plan, el triple que el anterior, los pondrá el Estado, mientras que el 40% restante deberán aportarlo las comunidades autónomas, un mayor esfuerzo presupuestario por parte de las autonomías respecto a los planes anteriores, en los que aportaban el 25% del presupuesto.
Precisamente, esta nueva cofinanciación fue uno de los aspectos más criticados por las autonomías del Partido Popular y lo que ha llevado a retrasar la aprobación del nuevo plan estatal, ya que el Gobierno quería darle ‘luz verde’ a esta guía para las políticas de vivienda al cierre de 2025, un calendario que se ha retrasado en aras de un acuerdo con las autonomías.
Aunque los gobiernos autonómicos del PP respaldarán el plan, las diferencias con el Ejecutivo nacional en materia de vivienda no parecen haberse zanjado con el acuerdo, ya que, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, expresó a las puertas del Ministerio de Vivienda y en nombre de todas las autonomías del PP que el plan es un «acto propagandístico del sanchismo», con el que sólo se pretende «condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda» y que se ha hecho «a espaldas de las comunidades autónomas».
Entre otros factores, el consejero madrileño remarcó que el plan «llega tarde» y «no tiene la suficiente agilidad y rapidez» para ayudar a las comunidades y «no perder este año 2026» en referencia a que el plan tendrá que pasar otra vez por Consejo de Ministros y deberá volver a ser ratificado por las autonomías, aunque desde Vivienda han defendido que este proceso será ágil y en los próximos meses las autonomías que han respaldado el plan recibirán los fondos.
Los fondos podrían llegar en julio a las CC AA
El Gobierno se ha comprometido a afrontar el esfuerzo presupuestario del plan este año para que ninguna autonomía pusiera «excusas» para no respaldarlo, algo que la ministra de Vivienda ha reiterado este jueves que harán para que en el segundo semestre las comunidades puedan ejecutar el presupuesto anual.
Vivienda deberá firmar con cada autonomía un convenio bilateral en el que se establecerán las líneas generales de actuación para cada territorio de los fondos que se asignen. Según han indicado desde la cartera de Isabel Rodríguez, hay autonomías con las que ya tienen muy avanzados dichos convenios, como pasa en Castilla y León, Asturias o Cataluña, por lo que una vez den su ‘sí’ este jueves, posiblemente tendrán disponibles los fondos en julio.
«Este acuerdo manda un importante mensaje a la ciudadanía. Distintas administraciones, de distinto color político nos estamos poniendo de acuerdo y dando respuestas», apuntó Rodríguez, que ha reivindicado esta forma de alcanzar acuerdos: «trabajando mucho y sin generar mucho ruido».
Esfuerzo por CC AA
En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones), Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).
A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).
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Enlace de origen : El Gobierno y las comunidades acuerdan el reparto de los 7.000 millones del Plan de Vivienda, pero la Región estudia recurrirlo
