La Policía apunta también a la presunta manipulación de un concurso en el SMS

En las 112 páginas que engrosan el documento, en manos ya del titular de la plaza número 7 del tribunal de instancia de Murcia, los agentes especifican que, más allá de las presuntas irregularidades que derivaron la semana pasada en el arresto de 11 presuntos integrantes de la trama, se han apreciado «arbitrariedades en concursos públicos». La Policía alude concretamente a unos correos electrónicos de 2022 que Vicente F. G., responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o central de compras del SMS, le envía a Sergio D. M., el excomercial de la empresa valenciana Logimed, considerado «piedra angular» de la trama.

En esos emails, explican los policías, el entonces dirigente de la UAI le remite, únicamente a él, el borrador de los pliegos del concurso de endoprótesis de aorta solicitándole que lo revise para después verlo conjuntamente. Según recoge el atestado policial, Sergio D. hace diversas correcciones del documento, incluso cambiando lotes, y V. F. G. remite posteriormente ese correo a M. N. G., jefe de sección de la UAI.

Este intercambio de correos, que se analiza en un anexo específico, amplía la investigación policial a otros aspectos más allá del presunto engorde de albaranes y la facturación encubierta que los especialistas de la UDEF desgranan al detalle en su informe. De los emails intervenidos en la investigación, la Policía concluye que los principales investigados en la causa tenían conocimiento de esa supuesta facturación encubierta de productos no homologados por el SMS que, advierte, permitía «la selección arbitraria de un precio exponencialmente más alto».

Los agentes explican al magistrado José Fernández Ayuso, que instruye la causa, que tanto Sergio D. como V. F. G. y M. N. G., responsable y jefe de servicio de la UAI, respectivamente; y A. C., médico de la sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca, están involucrados en comunicaciones electrónicas donde se habla del procedimiento utilizado para esa supuesta facturación encubierta.

En esos correos, especifican los investigadores, se aborda además la posible homologación de varios productos después de que hubiesen sido utilizados durante años de esa forma. En el caso de uno de esos productos -Easyx- se solicitó en 2018 su homologación, siendo la respuesta negativa. Pese a ello, subraya el informe, en el análisis del servicio de inspección consta que se facturaron de forma encubierta hasta 394 de estos productos desde 2019 a 2024. El coste total de este supuesto fraude habría rondado el medio millón de euros.

Exigen explicaciones

La UDEF subraya en su informe que existe un procedimiento de homologación urgente para que se adjudiquen códigos SAP de facturación a productos que es necesario implantar por razones clínicas. Un procedimiento que obviamente requiere de una serie de autorizaciones y documentos y que, remarcan los agentes, era conocido por los investigados, que incluso habrían llegado a utilizarlo en alguna ocasión. «Este procedimiento no se ha seguido, ni siquiera solicitado», concluyen.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, volvió a reclamar ayer al Ejecutivo autonómico que dé explicaciones sobre esta presunta trama. «Ahora mismo, la confianza por parte de la ciudadanía está tocada. Necesitamos transparencia y, sobre todo, seguridad», remarcó. «Los pacientes necesitan la seguridad de que su salud no está en riesgo y eso solo puede hacerlo la Consejería de López Miras». Lucas incidió en que el presidente regional «debe dar la cara y ponerse al frente de esta crisis».

El atestado de la Policía Nacional también advierte de la implantación, al menos en un paciente, de un ‘stent’ caducado en una intervención derivada en marzo de 2022 a un centro concertado de la Región -sobre el que no pesan indicios de haber sido conocedor de la trama-. Este caso ha surgido al bucear la Policía en la actividad de Rubén T. M., médico del Servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Virgen de la Arrixaca, que realizó 492 intervenciones quirúrgicas a 378 personas, entre mayo de 2018 y noviembre de 2025, previa derivación desde el principal centro sanitario de la Región. Los policías consideran que Sergio D. y los otros dos investigados de la empresa valenciana Logimed, A. R. y S. Q., conocían, al menos, la facturación de productos caducados. Se basan en correos electrónicos intervenidos, como uno en el que, en aparente alusión a un hospital de Elche (Alicante), se indica: «Estos tres también son de Vinalopó, pero por su caducidad los saco para ver si Sergio los puede implantar en Murcia».

El abogado Alí Martínez, que se encarga de la defensa de Sergio D., el excomercial de Logimed detenido en esta operación, descarta rotundamente las presuntas irregularidades que la Policía Nacional le imputa en su atestado. El letrado avanza que solicitará al juez instructor una auditoría para tratar de demostrar «que no ha habido desfalco alguno de dinero» y sugiere una mano negra tras la investigación de esta supuesta trama. «Entendemos que esto obedece a algún interés. Aún no sabemos cuál», remarca. «En cuanto lo descubramos, emprenderemos las acciones legales oportunas».

Sergio D., al que la Policía señala como «piedra angular» de la trama, se acogió ante el magistrado instructor a su derecho a no declarar. Su abogado defensor explica, en este sentido, que tras permanecer prácticamente 72 horas detenido no consideró que fuese el momento oportuno para dar sus explicaciones. Lo hará, avanzó, en las próximas semanas por escrito, aportando documentación y solicitando el archivo de la causa.

Martínez explica que las variaciones a la hora de incorporar las prótesis al catálogo del SMS se llevaban a cabo porque los médicos solicitaban productos novedosos y estos no estaban aún incorporados a la base de datos de la Región. Remarca, no obstante, que más tarde esos materiales eran facturados adecuadamente.

El letrado descarta, además, que se implantaran prótesis caducadas y remarca que existe un servicio dentro de los centros hospitalarios para velar porque eso no se produzca.