Los exconcejales de Vox dan marcha atrás y cortocircuitan la moción de censura contra Arroyo en Cartagena

La maniobra política de la oposición –que iba mucho más en serio que su anterior intento del año pasado– naufragará previsiblemente el martes de la semana que viene porque sus dos apoyos no adscritos se han caído por el camino después de ver satisfecha su principal exigencia: expulsar a su antiguo partido del gobierno municipal.

Salinas y Sánchez del Álamo se salen así con la suya y Vox queda fuera del Ejecutivo municipal a un año de las elecciones pese a que tanto ellos como el PP consideraban que su pacto de gobierno firmado en noviembre de 2023 marchaba como la seda. Arroyo cesó de sus competencias vía decreto al edil Diego Lorente y al portavoz local del partido de Santiago Abascal, Gonzalo López Pretel, su vicealcalde y némesis de quienes fueran números uno y dos en la lista de Vox en las pasadas elecciones locales. Así lo trasladó el Ayuntamiento al mediodía en un escueto comunicado.

Los tres principales partidos de la oposición se quedan así compuestos y sin novia. Con un MC que se queda con la miel en los labios cuando más cerca tenía la oportunidad de recuperar la alcaldía desde que decidieran salirse del gobierno precipitadamente en 2017 por sus desavenencias con la exalcaldesa Ana Belén Castejón. Fundadora de la tercera pata de esta censura, el partido local Sí Cartagena, representado por el edil expulsado del PSOE, Juan Pedro Torralba.

Los socialistas de Manuel Torres, por su parte, se llevan un enorme chasco. El partido, muy implicado desde el principio en las negociaciones de la moción, venía de recibir el respaldo de su militancia y ahora se queda dañado en su credibilidad tras haber avalado un pacto con dos ediles que, hasta hace escasas semanas, militaban en las filas de un partido que abominan por representar a la «ultraderecha».

La maniobra política de Arroyo se asemeja en muchas cuestiones a la protagonizada por Fernando López Miras, que salvó los muebles cuando una moción de censura de PSOE y Cs amenazó con expulsarle de San Esteban. Lo hizo gracias al apoyo de tres tránsfugas del partido naranja. La alcaldesa ahora se apoya en dos ediles que abandonaron su partido. Uno de ellos, ya fuera de su gobierno, y la otra todavía dentro, puesto que la primera edil nunca llegó a cesarla de sus funciones pese a haber puesto negro sobre blanco su intención de desalojarla de la alcaldía.

Arroyo justificó por la mañana vía mensaje en redes sociales que su responsabilidad era impedir a toda costa que el PSOE aterrizara y tomara mando en el gobierno de Cartagena. Valoraciones en las que se ratificó por la tarde. «En el día en que la UCO está registrando la sede del PSOE era irresponsable no hacer un último esfuerzo por impedir que ese partido asalte el Ayuntamiento», expresó la regidora.

«Sabemos qué hacen los sanchistas cuando ocupan una institución: la ponen al servicio de su líder y de su partido. Los riesgos son enormes para Cartagena y mi obligación es actuar con responsabilidad para impedirlos», declaró la primera edil. Arroyo, en la misma línea, justificó que «la misma responsabilidad por la estabilidad en el Ayuntamiento que me llevó a firmar el pacto con Vox, me obliga a tomar esta decisión».

La alcaldesa se vio salpicada por la crisis de Vox en un momento que se podía decir dulce para su gobierno, con unos presupuestos nuevos y un renovado Plan General aprobado provisionalmente. Ahí empezó una deriva de acusaciones y decisiones que fueron tensando hasta extremos insostenibles la convivencia en el seno de su ejecutivo. Un gobierno salpicado por continuos terremotos políticos conforme las malas relaciones entre fieles y desafectos a Vox se acentuaban y, cada una de las partes, intentaba hacer valer ante la alcaldesa sus respectivas exigencias.

Pese a todo, la alcaldesa quiso sacar pecho de lo logrado gracias a su pacto con los de Abascal, el cual alcanzó tras intentar sin éxito gobernar en minoría durante los primeros meses de legislatura. Arroyo reivindicó persiguió dotar al municipio de presupuestos todos los años. «Un gobierno firme con un acuerdo programático y sacamos adelante grandes retos como el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y fue una buena decisión, porque durante tres años lo hemos conseguido».

No obstante, valoró que «los problemas internos en Vox abrieron una brecha que la oposición trata de aprovechar para colar en el Gobierno los intereses y las políticas de Sánchez». Arroyo expresó su deseo de que, durante el Pleno del martes, se evite a Cartagena «daños irreparables» y que la ciudad, aseguró, pueda caer en «la parálisis, el desgobierno y la corrupción».

La decisión de los dos ediles no adscritos llegó por su parte después de que ambos incluso se fotografiaran en la que iba a era la primera reunión del gobierno del alcaldable Giménez Gallo, la semana pasada. Hasta Salinas se hizo un vídeo pidiendo la confianza del empresariado en el futurible ejecutivo. Mientras, Sánchez del Álamo rehuía de hacer cualquier tipo de manifestación. Ella rubricó la moción de censura tres días después de que asegurara que permanecería en el gobierno de Arroyo porque decía que contaba con la confianza de la alcaldesa.

Esta vez, ambos ediles explicaron en un comunicado conjunto que hacía tiempo que ya no se sentían representados por Vox, especialmente desde que López Pretel –número 3 de la lista– asumía la portavocía del partido. «Llevábamos denunciando desde hace mucho tiempo debido a su mala gestión política y a las innumerables quejas vecinales que se habían producido durante estos años».

Explicaron que firmaron la moción de censura «cuando comprobamos que no existía voluntad alguna de apartar a estas personas de las responsabilidades de gobierno», refiriéndose particularmente una vez más a Gonzalo López Pretel. Para ellos, poner a Arroyo contra las cuerdas era la única vía «para desbloquear la situación política y proteger los intereses de Cartagena».

«Además, en un momento especialmente delicado para España, marcado por la incertidumbre política, la preocupación social y el clima de desasosiego que viven muchos ciudadanos, comprendemos también la preocupación existente en Cartagena ante la posibilidad de abrir una etapa de inestabilidad institucional o facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno municipal», añadieron ambos ediles.

MC no está dispuesto a retractarse. A preguntas de este diario, la formación cartagenerista negó que vaya a retirar la moción de censura. Portavoces del partido recalcaron que la iniciativa sigue en pie. Jesús Giménez Gallo no ofreció una valoración de lo sucedido y decidió mantener su agenda de reuniones, aunque se mostró dispuesto a ofrecer su postura y su visión este jueves, antes del Pleno ordinario. Entre la militancia de MC, como recogió este diario, había temores –más que fundados– de que los dos antiguos ediles de Vox cambiaran de opinión y echaran al traste toda la operación.

Los otros partidos impulsores expresaron su indignación por decisión de Salinas y Sánchez del Álamo. El portavoz socialista, Manuel Torres, tildó la maniobra de la alcaldesa de «pantomima política diseñada por Noelia Arroyo para salvarse y mantenerse en el poder a cualquier precio» y exigió conocer «cuánto va a pagar a los dos concejales que habían firmado hasta en tres ocasiones el apoyo a la moción de censura para que se echen atrás».

Para los socialistas se trata de una «operación de corrupción política» y vaticinan que la primera edil seguirá «arrastrando al Ayuntamiento al caos y a la parálisis». Todo ello, afirmó Torres, «comprando el apoyo de dos concejales a los que ella misma había defenestrado en varias ocasiones, quitándoles responsabilidades y ninguneándolos»

Torres recordó que esta es ya la sexta crisis de Gobierno e insistió en que la situación retrata a un «Ejecutivo agotado, roto y completamente desquiciado». «A Arroyo lo único que se le da bien es poner y quitar concejales a su antojo, pero de negociación y diálogo no entiende absolutamente nada». Asimismo, comparó lo acontecido con la moción congtra López Miras en 2021. «Cartagena no puede seguir soportando un Gobierno de mercenarios en el que lo único que importa son los intereses de su alcaldesa y la sumisión a López Miras».

Desde Sí Cartagena, lamentaron «que, para algunos, la palabra dada y la lealtad carezcan de valor, así como las actitudes que evidencian una preocupante falta de altura política por parte de algunos representantes de la corporación».

No obstante, expresaron que respetan las reglas democráticas y consideraron «positivo que este movimiento político haya servido para apartar a los ultras del gobierno municipal».